Lo que proponemos es la política social probablemente más importante: el intento de impulsar el comienzo de los jóvenes y así, tal vez, mejorar su voluntad de echar raíces en una tierra que no los rechace.

Esta es una sociedad que con la estructura tributaria que ha venido construyendo en los últimos años va a sufrir y padecer, aunque no solo en lo económico. Desde este último punto de vista, el nivel de presión fiscal alcanzado por el continuo aumento de impuestos va volviendo crecientemente insoportable cualquier intento de iniciativa individual respecto del logro legítimo de éxitos materiales. Ya de por sí esta sociedad valora poco el éxito económico debido a la condición emprendedora de la gente. Pero esta consideración se va haciendo peor en tanto en diez años se ha incrementado el empleo público —el famoso espacio fiscal— en 60 mil funcionarios pasando de 230 a 300 mil, una vergüenza bajo cualquier consideración. Pero el tema es más grave que lo estrictamente económico. En efecto, dado el desastre de la calidad del gasto público, algunos ideólogos de este renovado estatismo proponen eliminar todo intento de exigencia de resultados eficientes en la administración de ese gasto público. Así pues, no han dudado en calificar el concepto mismo de eficiencia como neoliberal. De esta forma, se libran de explicar cómo es posible que para el nivel actual de gasto y presión fiscal tengamos una educación pública atrasada, una infraestructura inaceptable y una seguridad como la que conocemos. Esta es una de las renovaciones ideológicas que se conocieron en el congreso del Frente Amplio.

Pero hay también otros problemas. La estructura tributaria actual contribuye de manera muy eficaz al concepto de zanja en la sociedad. Tanto se ha hablado de la redistribución del ingreso a través de los impuestos, que parece haberse instalado en la sociedad, al menos en algunos de sus representantes, una causalidad inaceptable: que lo que no tienen aquellos a los que les falta, es cuestión de manotear a los que en cambio, algo poseen. Así pues, se quiere hacer creer que sacarle a algunos para darle a otros es hacer justicia y claramente no es así. Extraer más y más recursos para generar empleo público o para salarizar la pobreza, no es construir capital social ni hacer justicia. Además, la redistribución del ingreso a escala nacional no es una función esencial del gobierno, no está para eso. A él sí le corresponde la generación de bienes públicos, hoy tan deteriorados, como la educación, la infraestructura y la seguridad. Y con eficiencia, por supuesto.

Este deterioro de la calidad institucional tiene otras facetas. Una de ellas es precisamente esta búsqueda de inversiones que hace el gobierno, pero ofreciendo no solo el estímulo de nuestras características generales, sino haciendo hincapié en lo peculiar que se puede lograr en materia impositiva, acordando estatutos especiales en regímenes tributarios de los que no dispone ningún uruguayo de a pie, quien debe enfrentar no solo la presión tributaria sino las regulaciones que aplastan a las industrias y a los pequeños negocios.

Para empezar a arreglar este desbarajuste no solo económico sino institucional, empecemos por proponer una condición tributaria nueva para los jóvenes. Quien trata con ellos conoce bien su desazón cuando al comenzar a trabajar comprueban lo que es el IRPF, el Fonasa, el IRAE, el IRPF a los retiros personales, y a lo mejor, los aportes no solo a la seguridad social sino también a la Caja Profesional. Estos jóvenes, si no hacemos nada, se van a ir. Más aún si mejora su preparación. La propuesta concreta es que hasta los 30 años nadie pague nada, absolutamente nada: ni un solo impuesto directo, a ver si de esta forma alentamos el espíritu de iniciativa que se precisa para contrarrestar el querer ser empleado público por descarte. Ahora que se sabe quien integra cada empresa, la propuesta es que en las que predominen jóvenes tampoco se pague nada: ni IRAE, ni IRPF a los retiros, ni Patrimonio, ni en su caso IRPF ni aportes. Si no hacemos algo audaz, que seguramente tendría menos costo fiscal que muchas de las aventuras emprendidas en estos años con los recursos de todos, si no se hace algo muy pronto, la sangría de jóvenes se acentuará porque precisamente hay otros países, algunos lejanos, otros más cercanos, en los que la solidaridad es libre, no obligada por los gobiernos y los impuestos, o son mucho menores, o si son equivalentes al menos permiten acceder a servicios de alta calidad. Hay que dejarse de hablar por un tiempo de redistribución del ingreso a la uruguaya, sacándole a los riquitos del país para darle a más empleados públicos. Lo que proponemos es la política social probablemente más importante, el intento de impulsar el comienzo de los jóvenes y así, tal vez, mejorar su voluntad de echar raíces en una tierra que no los rechace.

EDITORIAL