El Pit-Cnt (¡cuándo no!) ha comenzado a alertar sobre los efectos que respecto de Antel tienen las sentencias del Poder Judicial que declararon inconstitucionales varias disposiciones de la llamada ley de Medios.

La razón invocada por su secretario general es que corresponde a esa central sindical defender "a nuestra Antel", como si sus monopolios (que como veremos son unos cuantos) representaran el modelo de patrimonio estatal querido por el "pueblo uruguayo".

Estamos asistiendo a un desmantelamiento progresivo del principio de separación de Poderes, piedra angular del sistema republicano que el Frente Amplio se ha fijado como objetivo. No obstante, al Poder Judicial le corresponde controlar que las leyes aprobadas por el Parlamento se ajusten a las disposiciones constitucionales en el juego de pesos y contrapesos, que recoge nuestra Carta.

El gobierno anterior con sus mayorías legislativas aprobó esta ley plagada de inconstitucionalidades, a pesar de los cuestionamientos que legisladores y expertos en Derecho Público plantearon con precisión y contundencia en las comisiones de ambas Cámaras. Por tanto, los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia no son de extrañar, porque lo que se declara inconstitucional no responde a ninguna definición ideológica sino a la necesidad de preservar el respeto a la Constitución y a las competencias de los distintos Poderes del Estado.

Lo que realmente sucede es que sindicatos, ministros y legisladores del FA, impulsados por el anárquico criterio del entonces presidente Mujica, se sumaron al concepto depredador de que la voluntad política no puede ser limitada por lo jurídico (léase la Constitución y las obligaciones internacionales aceptadas).

En ese contexto, la visión del anterior Poder Ejecutivo, acompañada por la presidenta de Antel (actual ministra de Industria), incorporó normas directas e indirectas destinadas a extender el monopolio de Antel, a limitar y violar el derecho a la libertad de comunicación del pensamiento, claramente consagrado en el art. 29 de la Constitución y reconocido y tutelado doblemente en el art. 72 como un derecho inherente del hombre.

Es así que la ingeniería legal de la ley se inspiró en una ideología política incompatible con la normativa constitucional que protege los derechos fundamentales. La confusa redacción, con toda intencionalidad, se orientó a crear más monopolios para Antel, obviando, entre otras cosas, las mayorías especiales exigidas por la Constitución.

La telefonía fija ya es monopólica y se proyecta sobre las redes de banda ancha fijas. Pero además, la ley agregó otros dos monopolios: uno, en la provisión del triple-cuádruple play, y otro, para la provisión de contenidos de alta y estable definición que excluye a Antel de todo régimen de principios, reglas, limitaciones y prohibiciones fijados a las señales y contenidos establecidos en el Uruguay.

Sin embargo, esto no fue suficiente para los designios del gobierno, lo que determinó la creación en forma expresa de otro monopolio a favor de los servicios descentralizados del Sistema Público de Radio y Televisión Nacional y Antel, respecto del transporte y transmisión de datos de radiodifusión. Pero por las dudas, por si algo faltara, el Poder Ejecutivo al redactar todo ese andamiaje fascista, creó a través del art. 56 un monopolio adicional en beneficio de Antel, al disponer que fuera la única red que no requiere de licencia para prestar servicios de contenido.

El lector podrá pensar, como se decía antiguamente, que "este jeringozo" es muy difícil de entender. Y fue eso lo que el gobierno de Mujica y compañía persiguieron: mayorías disciplinadas que votaron normas inconstitucionales que el oficialismo parlamentario no quiso discutir y se mezclaron en el articulado para dificultar su cuestionamiento.

En consecuencia, a través de artículos oscuros de indefinida amplitud y de gran ambigüedad se buscó blindar a Antel con más monopolios violatorios de normas del Pacto de Costa Rica, del Pacto Internacional de Derechos Cívicos y Políticos, y que contradicen diversas declaraciones de derechos y principios, tanto de Naciones Unidas como de OEA.

Así se construyó "nuestra Antel" o la del Pit-Cnt. Y también así se va a derrumbar este mamarracho jurídico que la Suprema Corte de Justicia —haciendo honor a su independencia— comenzó a cuestionar en cuanto a su constitucionalidad.

Y lo hace en defensa del Estado de Derecho, el bien supremo que toda democracia debe cautelar para que la libertad no desaparezca al impulso de un totalitarismo político y sindical que pretende eliminar toda competencia.

EDITORIAL