Una pregunta repetida en los últimos tiempos es cómo reaccionarán los gobiernos de izquierda de la región cuando termine la bonanza de la última década.

Habituados como están a distribuir recursos abundantes hay dudas concentradas sobre su real capacidad de apretarse el cinturón y sentar las bases para producir más y mejor en un futuro de mayores complicaciones. También existen interrogantes sobre su habilidad para enfrentar las demandas crecientes de los sectores que emergieron de la pobreza y que resultaron favorecidos en la época de vacas gordas. Sectores que, puede predecirse, ante las amenazas de crisis se movilizarán para mantener su status.

La necesidad de reflexionar en torno a estos aspectos se desprende de los pronósticos que organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial formulan para los próximos años. Ambos coinciden en afirmar que el crecimiento en el área su- damericana perderá la aceleración de la última década y que el 5% de aumento promedio del PBI que solía registrarse quedará reducido aproximadamente a la mitad.

Las razones de esa merma son bien conocidas. En primer lugar, el final del boom de las exportaciones de materias primas, derivado fundamentalmente de la reducción de la demanda de China, que fue el principal comprador de la mayoría de los países de la región en su período de espectacular expansión económica. En segundo lugar, la recuperación de la economía de Estados Unidos hace más probable una normalización de las tasas de política monetaria, lo que equivale a un encarecimiento del crédito y a una suba en el monto de los intereses de la deuda. Y en tercer lugar, la gradual mejora de la situación en los países centrales que podrían atraer un flujo mayor de inversiones en perjuicio de la fuerte corriente de capitales que benefició a los países sudamericanos.

Para afrontar esa onda negativa los técnicos de organismos internacionales aconsejan encarar reformas de fondo en los próximos años. Elevar el nivel de la educación es una de las prioridades señaladas en todas las agendas dado que la insuficiente formación de recursos humanos impedirá desarrollar nuevos emprendimientos y aprovechar las últimas tecnologías. Otra necesidad imperiosa es reducir los déficits de infraestructura que condicionan las posibilidades de desarrollo del país y lo condenan al inmovilismo. También se señalan otros desafíos como acrecentar la productividad y lograr mayores tasas de ahorro así como modernizar el aparato del Estado, conseguir que sus servicios sean más eficientes y procurar que sus gastos sean más fructíferos.

Como puede apreciarse este análisis de la situación regional se ajusta bastante bien al estado de cosas hoy existente en Uruguay. Con un gobierno de izquierda elegido para conducir el país en el próximo quinquenio las interrogantes señaladas al comienzo se oyen cada vez con mayor frecuencia. Quienes han gobernado en tiempos de abundancia ¿podrán hacerlo con solvencia en momentos de mayor escasez? ¿Sabrán resistir y enfrentar las protestas y la consecuente impopularidad ante las medidas de austeridad que deberán aplicar? ¿Tendrán la capacidad de decisión como para realizar las reformas estructurales que se aconsejan? Son preguntas que ya se anticipan, sobre todo en un país en donde el poder sindical ha sido fortalecido por sucesivos gobiernos de izquierda que han predicado mucho sobre los derechos de los trabajadores y poco sobre sus obligaciones. Gobiernos que si bien han combatido la desigualdad con relativo éxito proporcionando ayudas a través del Mides a decenas de miles de familias, pueden quedar paralizados ante la disyuntiva de cortar esos subsidios o seguir ahondando un déficit fiscal que difícilmente baje del 3%, que junto con la banda presidencial recibirá Tabaré Vázquez como herencia el próximo 1º de marzo.

De este modo, una izquierda acostumbrada a gobernar con cierta holgura económica, a acceder gustosa a los pedidos de la gente, a adelantarse incluso a sus deseos y a practicar políticas asistencialistas puede toparse con el temido momento de tener que decir que no, o sea con el deber de anteponer la estabilidad económica a la fácil popularidad que otorga el manejo generoso de los dineros públicos. Es un dilema que el próximo gobierno deberá superar si quiere llevar a buen término su mandato. La forma en que se resolverá esa instancia crucial es lo que permitirá saber si en estos gobiernos de izquierda arropa- dos por la bonanza hay estadistas capaces de capear las crisis en base a responsabilidad.

EDITORIAL