La Rendición de Cuentas a estudio del Parlamento confirma que agrandar la burocracia estatal ha sido una tarea sistemática de los gobiernos del Frente Amplio que crearon más de 60.000 nuevos cargos en los últimos 12 años.

La Rendición de Cuentas a estudio del Parlamento confirma que Uruguay tiene uno de los problemas característicos de todo país subdesarrollado consistente en que la mayor parte del dinero público se destina a pagar sueldos, lo que deja un pequeño remanente para realizar inversiones. De esa manera, apenas quedan fondos para ejecutar obras, en particular las de infraestructura que tanto necesita nuestro país.

La propia Rendición de Cuentas a estudio de los legisladores es un retrato de esa situación cuando indica que los "vínculos laborales con el Estado" treparon a 306.269 en 2016. Esta cifra es una de las grandes vergüenzas del Frente Amplio en el gobierno puesto que en 2004, poco antes de que Tabaré Vázquez asumiera su primer gobierno, la legión de burócratas alcanzaba a 241.725. Así, en 12 años al comando del Estado, la coalición de izquierda pobló las planillas oficinas públicas con más de 60.000 nuevos cargos.

Si hay una constante en la actuación del Frente Amplio en el gobierno es este aumento permanente de la nómina de empleados atribuible en buena medida a la práctica del más crudo clientelismo. El oficialismo suele imputar ese incremento colosal de la burocracia al refuerzo de sectores básicos como la educación y la seguridad así como a la creación de organismos como el ministerio de Desarrollo Social (Mides), pero son explicaciones que no justifican el exceso. Un exceso que nos ubica terceros en el ranking, detrás de Venezuela y Argentina, entre los países con más burocracia de América Latina.

Los 306.269 cargos públicos reconocidos hoy por el gobierno equivalen a más del 17% del total de trabajadores, una proporción contrastante con la que de los países desarrollados que prestan servicios públicos eficientes con una burocracia bastante más reducida. Esa misma cifra, según cálculos de Búsqueda, significa que el desembolso que hace el Estado equivale al 8.1% del PIB, lo que es mucho decir. Por tanto, como no podía ser de otra manera la mayor porción de los fondos que se adicionan en la presente Rendición de Cuentas son para el rubro salarios, en particular los del sector docente.

Durante décadas, cuando era oposición la izquierda denunciaba el clientelismo de los partidos tradicionales y alegaba que un burócrata más era un probable voto para los blancos y colorados el día de las elecciones. Empero, el pasado reciente dice otra cosa: que entre 1990 (comienzo del gobierno de Luis Alberto Lacalle) y comienzos de 2005 (fin del gobierno de Jorge Batlle) el total de funcionarios se redujo en unos 30.000. En suma, si la teoría del clientelismo fuera cierta es el Frente Amplio y no los partidos tradicionales quien más ventajas electorales pretendió obtener ensanchando la planilla estatal.

El engorde de esa planilla fue un ejercicio sistemático en las administraciones de Tabaré Vázquez y José Mujica quienes cargaron el presupuesto de una manera irresponsable. En el caso de Vázquez, hay que recordar cuando propuso reformar el Estado para racionalizarlo sin agrandar las planillas de funcionarios en aquello que denominó, con grandilocuencia, "la madre de todas las reformas". En un movimiento llamativo designó a un conocido legislador como director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con el cometido de concretar esa reforma. No hubo resultados.

En la campaña electoral de 2009, Mujica prometió enmendar esa falla de "la madre de todas las reformas" y sentenció lo siguiente: "Si llego a ser gobierno este problema me puede llevar a la tumba, te lo garantizo... lo voy a encarar". Si bien la frase era dramática los hechos no la acompañaron pues el publicitado estatuto del funcionario público promovido por su administración apenas rozó la superficie del problema. Ni siquiera consiguió darle a los administradores el poder de destituir a funcionarios incumplidores por causas justificadas. Ni siquiera.

A la vista de las impactantes cifras de la burocracia cabría preguntarse si al menos ese aluvión produjo resultados tangibles porque si así fuera al menos quedaría el consuelo de saber que ese enorme lastre impuesto a la economía uruguaya no ha sido en vano. La respuesta es conocida —y sufrida— por todos. El Estado uruguayo sigue sin cumplir bien sus funciones básicas en tanto las tarifas públicas no paran de subir al igual que el afán recaudador del gobierno. Un gobierno que —Vázquez mediante— prometió no aumentar la carga impositiva cosa que sigue haciendo en todas las instancias disponibles incluida la presente Rendición de Cuentas. Esos son los pesados costos del clientelismo.

EDITORIAL