EDITORIAL

Institución cara y poco útil

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) es poco conocida por el gran público. Pero todos los años presenta un informe acerca de sus actividades a la Asamblea General. Para 2015, fueron 241 páginas.

Es dirigida por un órgano colegiado de cinco miembros, el consejo directivo, cuyos miembros son propuestos por organizaciones sociales y electos por la Asamblea General del Poder Legislativo. El informe señala, con cierto orgullo, que es la única institución de este tipo de naturaleza colegiada que se conoce en todo el derecho comparado. Es decir que el informe nos señala al pasar que todos los demás países del mundo han preferido que haya una sola persona para estas tareas y no cinco gastando el dinero de los contribuyentes.

Según el informe, los logros de la Inddhh en 2015 son esencialmente dos: avanzar en el ingreso de funcionarios para formar una burocracia de 28 personas, y haber iniciado las obras en la sede de la institución. Es cierto que agregó unas tareas vinculadas a un mecanismo nacional de prevención de la tortura. Sin embargo, notoriamente, no parece haber sido muy eficiente en el caso de los menores adolescentes infractores presos en dependencias estatales, ya que no logró prevenir las torturas que allí ocurrieron en 2015.

Pero además el consejo directivo se encarga de recibir y resolver sobre las denuncias por eventuales violaciones a la derechos que son presentadas a la Institución. En 2015, fueron 152 denuncias y 416 asesoramientos o consultas. Es cierto que fueron más que las que recibieron en 2014, pero muchas de ellas llegaron allí porque no hubo durante varios meses comisionado parlamentario para el sistema penitenciario.

De esas denuncias la mayoría no tuvieron andamiento en. El 25% de ellas no fue finalmente admitido luego de su estudio; el 5% se archivó porque ya estaban en curso de investigación en organismos competentes; en el 12% del total, el denunciante abandonó el trámite y resultaron entonces archivadas; y en el 13% de los casos no surgieron elementos de convicción suficientes que constataran la vulneración denunciada.

El consejo directivo hace otras cosas que la Inddhh cree que son lo suficientemente importantes como para ser reseñadas en su informe anual. Una de ellas es publicar comunicados a la población. En el día mundial del agua, por ejemplo, declaró que la reforma constitucional realizada "puso a Uruguay en la vanguardia en relación al reconocimiento del acceso al agua potable como derecho humano", y que "las decisiones que se adopten en los próximos meses tendrán una incidencia determinante para asegurar en el futuro cercano el cumplimiento de este precepto constitucional".

También, la Institución coauspició junto con la Dirección de Asuntos Consulares y Vinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores un seminario sobre "Prácticas de voto en el exterior". Es un tema que, se recordará, fue puesto a la consideración de la ciudadanía en 2009. El pueblo rechazó contundentemente la posibilidad de que los uruguayos en el exterior voten. Pero la Inddhh cree que hay que poner el tema sobre la mesa nuevamente y que semejante asunto forma parte de sus cometidos.

¿Cuánto cuesta mantener por año la Inddhh?

En sueldos, aguinaldo, y cargas legales de los cinco miembros del consejo directivo, en 2015 se gastaron $11.456.138. Eso representa unos 74.000 dólares por consejero por año, o sea más de 6.100 dólares por mes para cada uno.

La pregunta que cualquier buen administrador debe hacerse es elemental: ¿es necesaria esta estructura con estos costos para obtener estos resultados? Cuando de las 152 denuncias que recibieron en 2015 el 55% no tuvo andamiento y muchas de ellas referían además a temas propios del comisionado parlamentario en temas carcelarios, ¿se justifica ser la excepción mundial colegiada en materia de derechos humanos pagando así suculentos salarios públicos a cinco personas?

El año próximo termina el período de este consejo. Teniendo en cuenta la situación económica y presupuestal del país y los resultados de este quinquenio de la Inddhh, se impone que el Parlamento disponga a partir de 2017 una cura de austeridad para esta institución. No porque no sea relevante prestar atención a los derechos humanos, sino porque es claro que su tarea puede ser cumplida por una sola persona con un pequeño equipo asesor, como ocurre con el comisionado parlamentario que se ocupa del sistema penitenciario. Ya basta de despilfarrar dineros públicos.

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