Con veinte años cumplidos y más de 1.300.000 afiliados las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) soportan nuevamente la embestida de sectores sindicales y políticos de izquierda que rechazan el sistema vigente a pesar de los éxitos conseguidos.

Éxitos del sistema previsional mixto instaurado por la ley 16.713 que hoy sustenta la seguridad social y la mantiene alejada de la crisis que la amenazaba dos décadas atrás.

Es cierto que la ley no es perfecta y que generó algunas situaciones injustas como las que aquejan a los "cincuentones", unas 30.000 personas en total, a quienes la afiliación a las administradoras les significó una futura pérdida en el monto de sus jubilaciones. Aunque es comprensible su movilización ante el Parlamento buscando una reparación que compense los perjuicios carece de sentido reclamar la caída de todo el sistema por la situación de ese grupo particular. Máxime cuando este sistema mixto —el mecanismo tradicional del Banco de Previsión Social por un lado y las AFAP por otro— demostró su solidez a pesar de los negativos vaticinios que acompañaron su creación.

Malos augurios que provinieron ante todo del Pit-Cnt, obsesionado con combatir cuanto provenga del sector privado. Una central sindical que en el último paro general incluyó en su plataforma reivindicativa el "No a las AFAP", infaltable objetivo de sus dardos en los clásicos discursos del 1º de mayo. A la oposición se diversos diputados comunistas y del MPP contrarios al "régimen de capitalización privada" porque, según ellos, es preciso desterrar por completo "el lucro" de la seguridad social.

Con ese argumento el gremio de trabajadores de la seguridad social se propone juntar firmas para convocar a un referéndum contra las normas vigentes que permiten el funcionamiento de las administradoras. Se habla incluso de reformar la Constitución para incluir en ella un artículo que las liquide para siempre. Todo muy confuso y sin otra justificación que la de alzarse contra un sistema que evitó el derrumbe de la seguridad social uruguaya evidenciado en el déficit creciente del BPS que, de manera constante, debía reclamar la asistencia del gobierno para pagar las jubilaciones.

Hoy, junto al sistema de reparto fundado en la idea de la solidaridad intergeneracional representado por el BPS se consolida el sistema de ahorro individual que canalizan las AFAP, una de las cuales —la más fuerte— es estatal en tanto las otras son privadas. Todo ello con estrictos controles y regulaciones oficiales que constituyen una garantía para los ahorristas. La mejor prueba de que la fórmula funciona es la rentabilidad generada con esos fondos por encima de la evolución de los salarios y de la inflación lo que garantiza el poder adquisitivo de las jubilaciones a pagarse por las AFAP. Otra prueba contundente de la estabilidad del sistema se obtuvo años atrás cuando se ofreció a los interesados en desafiliarse de las AFAP una "ventana legal"para que desertaran y traspasaran sus fondos al BPS. En ese momento no se registró el abandono masivo que algunos previeron sino que, por el contrario, se acrecentó la afiliación a las cuatro administradoras existentes.

Contra viento y marea las administradoras siguen adelante y el modelo funciona al punto que hasta recibe elogios de alguno de sus oponentes más notorios, como lo era el ex presidente del BPS y hoy ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, quien hace algunos meses declaró que "Uruguay tiene dentro de Latinoamérica el mejor o uno de los mejores sistemas". Más allá de las calificaciones que puedan hacerse está aceptado que se trata de una creación original seguida con atención en un mundo en donde el envejecimiento de la población coloca en permanente riesgo de crisis a la seguridad social.

Otras acusaciones que sindicalistas y diputados de izquierda levantan contra las AFAP aluden a la forma en que manejan sus fondos. Empero, con cerca del 60% colocado en valores estatales y un 40% en el sector productivo y certificados de depósito, sus inversiones lucen seguras y funcionales para la economía del país. Paradójicamente, algunos de los que objetan ese manejo proponen usar los recursos acumulados para reforzar las finanzas del gobierno invirtiéndolos, por ejemplo, en obras públicas. Los que apoyan esas iniciativas olvidan que a través de ellas se descalabraron en el pasado las finanzas del BPS. Y algo peor aun, se confiscaron ahorros ajenos burlando las expectativas de los jubilados, los genuinos propietarios de esos fondos a los que corresponde proteger.

EDITORIAL