Lentamente nuestro país cobra conciencia del crecimiento de la modalidad criminal conocida como la trata de personas. En ese proceso de acercamiento a la cruda realidad de este ilícito van influyendo las advertencias que se reciben desde el exterior.

Primero fueron las oficinas especializadas de Naciones Unidas y algunas ONG las que avisaron que nuestro país es "origen, tránsito y destino de la trata de personas". A ellos se agregó hace poco el Departamento de Estado de Estados Unidos que informó que el gobierno uruguayo "no cumple totalmente con las normas para combatir" estas violaciones de los derechos humanos pese a que "está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo".

En ese informe se sugiere intensificar los esfuerzos para investigar y enjuiciar todas las formas de trata de personas y aplicar condenas rigurosas. La misma recomendación la hizo semanas atrás una abogada uruguaya radicada en Estados Unidos y experta en la materia quien dictó entre nosotros una serie de seminarios a policías y fiscales. Según ella, una mayor coordinación entre estos funcionarios aumentaría la eficacia en la represión. Al mismo tiempo dijo que se necesita la cooperación de la sociedad y sobre todo que se exalte públicamente la gravedad de estos delitos para que las eventuales víctimas puedan informarse y lograr asistencia para librarse de sus captores.

Una reciente investigación publicada en las páginas de este diario estimó en 21 millones de personas las que son objeto de trata actualmente en el mundo, de acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo. Tal parece que la crisis económica de 2008, que golpeó a los Estados Unidos y a Europa, influyó para alterar los habituales circuitos delictivos y convertir a nuestro país en área de tránsito y destino. Un caso que alcanzó especial realce fue el de las dominicanas ingresadas a territorio oriental para ejercer la prostitución tanto aquí como en Argentina adonde eran llevadas de manera ilegal. La intervención policial detuvo este flujo merced a una serie de eficaces golpes asestados a las redes mafiosas en Montevideo y en ciudades del Interior.

Varios miembros de esas redes fueron detenidos y sometidos a juicio en base a la ley 18.250 de 2008 que sancionó estos delitos. Aunque está referida a la migración esa ley sirvió para facilitar la labor de la justicia al reprimir el tránsito ilegítimo de personas. Un tránsito que se realiza bajo dos formas delictivas previstas. La primera penaliza a los que participan —con su intervención en el ingreso o egreso ilegal del país— de seres humanos "con la finalidad de obtener un provecho". La otra figura tipificada es la trata que persigue a quienes actúan en "el reclutamiento, transporte, transferencia, acogida o el recibo de personas para el trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares, la servidumbre y la explotación sexual" entre otras prácticas inhumanas.

Sin embargo, expertos locales e internacionales consideran que esa ley es insuficiente para combatir la trata de personas. Por esa razón, a mediados de este año, la cancillería firmó un acuerdo con la Oficina Internacional para las Migraciones (OIM) para trabajar en la elaboración de una ley integral en la materia.

Algunos de los aspectos a regular se vinculan a los instrumentos de prevención del delito, la detección de los responsables y la protección y asistencia a las víctimas y sus familias, tareas estas que requerirán la acción conjunta de diversas instituciones e incluso del sector privado.

Con un nuevo marco legal será posible desalentar aun más a las bandas criminales dedicadas al tráfico y la trata así como a rescatar a sus víctimas y prestarles ayuda. Una ayuda que hoy la proporciona el ministerio de Desarrollo Social que en 2014 atendió a 113 posibles víctimas de explotación sexual, entre otros casos. Otra de las inquietudes a plasmarse, aunque con la exigencia de los consiguientes acuerdos internacionales, es la coordinación entre los países del Mercosur para trabajar de manera conjunta.

Los expertos consideran que quienes se dedican al comercio de personas se conectan también a otras ramas del crimen organizado como el tráfico de drogas y armas, lo que revela la peligrosidad de este tipo de delincuentes y la necesidad de colocarlos cuanto antes entre rejas.

En suma, aunque nuestro país sigue haciendo avances en el tema, resta mucho por hacer en el combate contra deleznables formas de esclavitud —como la explotación sexual o laboral— que aun persisten en pleno siglo 21.

EDITORIAL