Editorial

La historia sesgada

El Presidente Vázquez cumplió con su promesa y formó el Grupo de trabajo por Verdad y Justicia. Hay una vieja interpretación que dice que no hay mejor forma de quitar protagonismo a un tema que formando una comisión para tratarlo.

En este asunto de la investigación sobre la violación a los derechos humanos en el pasado reciente, hay quienes creen que Vázquez formó este grupo de trabajo como manera de ceder terreno, en un campo simbólico, al ala más izquierdista del Frente Amplio. En tiempos en los que el vazquismo parece querer privatizar la obra de infraestructura pública, avanzar en vínculos comerciales que dejen de lado al Mercosur, y dar señales de austeridad en los gastos del Estado —comprometiendo los aumentos de salarios reales—, es razonable "dar algo" a la barra de izquierda. Hace algunas semanas cedió con el Fondes, para dejar conforme al Pit-Cnt y a algunos sectores frenteamplistas. Hoy, apuntala una bandera histórica de toda la izquierda con un gesto que deja conforme a muchos en la coalición.

En definitiva, dicen quienes así explican la iniciativa del Presidente, es claro que desde hace muchos años distintos actores políticos y sociales han procurado buscar información. Luego de tanto tiempo se hace cada vez más difícil hacerse de ella, porque los principales responsables de aquellos años han ido muriendo, y porque los que quedan y saben algo, evidentemente, se han llamado a inquebrantable silencio. Una comisión de trabajo, ampliamente integrada, no parece que pueda cambiar sustancialmente esta realidad. Pero tiene la ventaja de contemplar una inapelable liturgia de izquierda.

Otra forma de ver la iniciativa del Presidente hace hincapié en el objetivo de este grupo de trabajo. Se trata de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado desde el 13 de junio de 1968, que fue cuando el Presidente Pacheco instaló por primera vez medidas prontas de seguridad. De esta forma, a la vez que defiende una bandera de respeto por los derechos humanos, Vázquez reafirma, sigilosamente, una manera de ver la historia reciente que es completamente sesgada y enteramente favorable al Frente Amplio.

El objetivo aquí es el de asociar el tiempo democrático que va entre 1968 y 1973 con lo ocurrido a partir del 27 de junio de 1973, que es la fecha del golpe de Estado. La tesis, cada vez más extendida, es que no hay un cambio en la naturaleza de los regímenes cuando se compara la democracia bajo las presidencias de Pacheco y Bordaberry hasta 1973, con la dictadura cívico militar entre 1973 y 1985. Poco a poco se va cambiando la historia, y se va legitimando la idea de que la dictadura, en realidad, comenzó en 1968, con las medidas autoritarias de la presidencia de Pacheco. Para terminar de apuntalar esta visión de la historia reciente, el grupo de trabajo en cuestión deberá investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado, y no dirá una palabra sobre las que perpetraron los grupos guerrilleros que asolaron el país en esos años.

La verdad histórica es que las guerrillas terroristas de izquierda, con el MLN- Tupamaros como principal protagonista, atacaron la democracia, violaron los derechos humanos, y cometieron atentados, secuestros y asesinatos, mucho antes de la llegada de Pacheco al poder. En 1964 y 1965 por ejemplo, atentaron contra los domicilios de varios Consejeros de Gobierno y del Presidente de la Cámara de Diputados. Y luego de 1968, multiplicaron atentados contra fuerzas policiales y contra civiles, porque con su revolución armada querían destruir la "democracia burguesa", como la llamaban en aquel entonces.

¿O acaso los Tupamaros no violaron los derechos humanos en la "cárcel del pueblo"? ¿O acaso no asesinaron a sangre fría a Pascasio Báez? ¿O acaso no mataron por la espalda a varios oficiales de policía? Lo cierto es que algunos de los crímenes de esos años quedaron enteramente impunes y hubo integrantes del MLN- Tupamaros que nunca fueron presos por ellos.

Si el país quiere mirar con entereza, respeto y ecuanimidad la historia de esos años 1968- 1973, no debe solamente escudriñar los excesos del Estado, sino que también debe investigar y dar exhaustiva información acerca de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por los grupos guerrilleros de izquierda. Pero, se sabe, nada de esto ocurrirá.

La iniciativa de Vázquez contribuye a que se escriba así una historia sesgada y funcional a los intereses políticos y electorales del Frente Amplio.

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