Uno de los peores legados de esta década frenteamplista en el poder es la manipulación de la historia reciente en favor de intereses partidistas de izquierda.

Y una de sus peores manifestaciones es la actuación de la comisión especial creada por la ley N° 18.596, que tiene por cometido generar mecanismos de reparación "para quienes se vieron violentados en sus derechos por el accionar ilegítimo del Estado" entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985.

Distintos actores sociales y políticos han procurado extender el período dictatorial para fijar su inicio en 1968. El objetivo político de todo esto es evidente: dejar planteado que la acción guerrillera tupamara de esos años fue una respuesta al autoritarismo del presidente Pacheco Areco, y asimilar por tanto la dictadura militar con los gobiernos constitucionales previos. Y el argumento es tan burdo como mentiroso: se trata de definir el accionar del Estado como "ilegítimo", para abarcar por tanto una dimensión más amplia que la legal.

Es aquí donde queda contundentemente claro que se trata de una operación política para utilizar la historia con fines de memoria parcial y partidista. Porque, guste o disguste, si hay algo indudable es que el gobierno de Pacheco entre junio de 1968 y febrero de 1972, y el gobierno de Bordaberry entre marzo de 1972 y junio de 1973, así como el accionar del Estado en todos esos años, fueron legítimos. Se podrá discutir, con razón, acerca de la pertinencia, legalidad, oportunidad, inteligencia y utilidad de muchas de sus medidas. Pero no es honesto cuestionar sus legitimidades, ya que el Estado actuó en ese tiempo bajo dos gobiernos electos por el pueblo.

Tanto se miente en la historia reciente que afirmar lo siguiente parece delirante, aunque sea la pura verdad: los militares no tuvieron ningún protagonismo político hasta la fuga de la cárcel de Punta Carretas en septiembre de 1971 y Pacheco recibió un apoyo popular muy importante, muy superior al de todo el Frente Amplio, en las elecciones de noviembre de ese año. Y tanto él como luego Bordaberry enfrentaron movimientos terroristas que estuvieron dispuestos a todo, en una espiral de violencia, atentados y asesinatos que pusieron en peligro la integridad del Estado y del país. Más claro: jamás hubiera existido golpe de Estado, ni dictadura, ni terrorismo de Estado, ni violaciones a los derechos humanos, sin el ataque de la guerrilla a la democracia, que no se inició en 1968 sino que arrancó en 1962.

Esta comisión se dedica a poner placas por distintos puntos del país para marcar la memoria colectiva donde ocurrieron tragedias y asesinatos infames de parte de la dictadura, como el de Roslik en Fray Bentos por ejemplo. Pero no pone una sola placa en los lugares en donde efectivamente hubo terrorismo y asesinatos de parte de la guerrilla, como cuando los Tupamaros mataron en 1972, por ejemplo, a Pascasio Báez, a Armando Acosta y Lara o a los cuatro soldados que custodiaban la casa del jefe del Ejército.

¿Por qué nada señalan en esos distintos puntos del país? Porque su tarea no es respetar la historia, sino crear un discurso parcial que pretende ser la verdad sobre lo que ocurrió en esos años. El objetivo es mentir sobre los hechos, porque no se reconoce toda la verdad, y legitimar solamente una edulcorada memoria pro-izquierdista.

La comisión fija tres tipos de reparaciones: las de salud, las simbólicas —con un certificado por el cual el Estado reconoce a la persona como víctima del accionar ilegítimo en ese período— y las económicas. De nuevo su objetivo aquí es sesgar la historia.

Porque si se quisiera respetar lo realmente ocurrido, ¿no debiera de fijarse una reparación simbólica también para las víctimas del terrorismo tupamaro? Para la reparación en salud, ¿acaso no tienen derecho a recibir prestaciones médicas que incluyen asistencia psicológica y psiquiátrica aquellos familiares de las víctimas del terrorismo tupamaro? En lo económico, ¿acaso la comisión fijó alguna reparación para familiares de las personas que sufrieron "lesiones gravísimas a raíz del accionar ilegítimo del Estado" como fija la ley, cuando el Ejército actuó coordinadamente con la guerrilla tupamara? No lo hizo, a pesar de que los casos son ampliamente conocidos, sobre todo luego de la investigación de Haberkorn que mostró cómo militares y tupamaros torturaron juntos en 1972.

La actuación de la comisión especial creada por la ley 18.596 está al servicio de una historia parcial y partidista. No es lo que el país precisa.

EDITORIAL