EDITORIAL

Una hipocresía nada menor

En política, la hipocresía lejos de ser algo absolutamente negativo, puede llegar a resultar útil y productiva. De Maquiavelo a hoy, sobran los ejemplos.

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Pero incluso en esa actividad hay límites que no deberían sobrepasarse, como lo viene haciendo sistemáticamente el oficialismo en el caso de los menores delincuentes, o "en conflicto con la ley", según manda decir el nuevo canon políticamente correcto.

Veamos un caso concreto. Esta semana visitó el país el director de la Organización Mundial contra la Tortura, Eric Sottas, quien recorrió varios "hogares" del INAU. Si bien Sottas no hizo comentarios inmediatos, la reacción de algunos de sus acompañantes locales no parece dejar dudas sobre el panorama observado. "Hay claras situaciones de tratos degradantes y torturas psicológicas y físicas", "denuncias de colgadas, encadenamientos y palizas reiteradas", dijo Juan Fumeiro, coordinador del Comité de los Derechos del Niño. Por su parte Luis Pedernera, otro de los acompañantes de Sottas, denunció que en los centros de reclusión femenina cerca del 80% de las internas estaban fuertemente medicadas, y que incluso una adolescente "debía ser ayudada para mantenerse en pie mientras participaba de la visita".

Los expertos matizaron sus comentarios señalando que en el último año se habían visto algunas mejoras, pero nada que cambiara radicalmente lo que es el habitual panorama dantesco de estos centros. Con un agregado, la denuncia de que un grupo de funcionarios, vinculados al sindicato del INAU, encabezado por gremialista de COFE, Joselo López, mantiene una especie de clima de terror, donde se ampara a los encargados que apelan a la violencia y al abuso, y donde se intimida a quien pretende denunciar. Algo semejante se había denunciado hace unos meses en el programa de TV Santo y Seña, donde se afirmaba que gente vinculada al gremio había "desactivado" usando métodos intimidatorios una denuncia de violación por parte de un interno. Entrevistado en ese programa, López, con un tono casi corleonesco, había señalado "acá no pasa nada". Y no pasó nada, nomás.

La cuestión es que este panorama trágico, plagado de abusos, drogas y condiciones miserables de vida, que surge cada vez que alguien hunde la nariz en los centros del INAU, contrasta con la actitud suficiente, dogmática, y purista, que adopta el instituto hacia afuera. No deja de resultar llamativo ver a jerarcas del INAU salir a la palestra y dar conferencias condenando a periodistas y medios que hacen su trabajo, por poner una foto a media columna de un menor delincuente, mientras bajo su tutela esos mismos menores son violados, drogados y torturados. Una escala de valores bastante invertida y difícil de entender.

Algo que queda claro cuando al mismo tiempo que estos expertos denunciaban cosas atroces, el vicepresidente del INAU Jorge Ferrando promovía un "flashmob" contra el maltrato adolescente. El mismo funcionario que semanas atrás lanzó duras críticas contra el Poder Judicial y a los medios de prensa por "estigmatizar" a las familias pobres, pretendiendo convertir el debate sobre los menores infractores en un episodio de una "guerra de clases". Hay gente que parece que vive en otro planeta.

Para ser justos, esa hipocresía no queda limitada a las autoridades del INAU. La misma es compartida por buena parte del partido de gobierno, que desde que se lanzó la campaña para la baja de la edad de imputabilidad, ha convertido el tema minoridad en un campo de batalla político rastrero y bastante despreciable. Con dirigentes políticos que acusan a cualquiera que apoye la medida de odiar a los niños, y de ensañarse con los pobres. Un discurso absurdo y que busca ocultar que esa campaña ha sido provocada por la impotencia de la sociedad ante la falta de respuesta frente al aumento de la delincuencia provocada por algunos menores de edad.

Desde esta página se ha sido crítico al proyecto de baja de la edad de imputabilidad. Pero más crítico hay que ser con los burócratas y dirigentes políticos que, por un lado no dan soluciones reales al problema, y toleran impasibles semejantes violaciones a los derechos humanos en ámbitos bajo su estricto control. Y que por otro pretenden erigirse en paladines de la moral y censurar a quienes dejan en evidencia su hipocresía y su doble discurso.

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