EDITORIAL

Hecho consumado

La discusión sobre el contrato con UPM debió haber tenido lugar hace meses. No se hizo y la decisión final de la inversión podrá concretarse, o no, según el exclusivo criterio de la empresa. Eso fue lo que acordó el gobierno uruguayo.

El debate que, finalmente, parece haberse instalado sobre el titulado "Contrato ROU – UPM", suscrito el 7 de este mes, puede contribuir a aclarar las preocupaciones que ya se habían manejado durante las negociaciones y las que se han sumado desde su publicación.

Hoy se reúne el Senado de la República, en régimen de Comisión General, con el propósito de recibir a los Ministros de Economía y Finanzas; Industria, Energía y Minería; Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; Transporte y Obras Públicas; y Trabajo y Seguridad Social. A los efectos, dice la citación de la Secretaría de la Cámara, de "informar acerca del proyecto y las negociaciones relacionadas con la instalación de la nueva planta de la Empresa Finlandesa UPM en nuestro país".

Esa asistencia al Parlamento tiene lugar después de haberse firmado el contrato.

Es llorar sobre la leche derramada.

El acuerdo ya ha sido suscrito y se encuentra en vigor. La posibilidad de introducir enmiendas parece ser muy remota. En cualquier caso, las mismas deberían realizarse con el acuerdo de ambas Partes y supondrían revisar su cuidadosa arquitectura.

La estrategia del gobierno para negociar el contrato puede haberse debido a que anticipó que algunas de sus estipulaciones habrían de encontrar tal oposición que harían imposible concretarlo. Aunque, es bueno aclararlo, el principal escollo que habría enfrentado el gobierno no se habría encontrado en los demás partidos políticos, sino en los grupos dentro de la coalición que persisten en sus ensoñaciones sesentistas. También puede haber influido la necesidad de presentar a la opinión pública aunque sea un proyecto de envergadura cuando se aproxima la campaña electoral, para compensar por su deslucida gestión.

No nos encontramos ante el acuerdo de inversión definitivo.

Aunque su preámbulo expresa que es un acuerdo de inversión, en el texto queda en evidencia su verdadera naturaleza. Se especifica que el contrato "contempla todos los aspectos relevantes para dar certeza y previsibilidad así como para definir los esfuerzos de ambas Partes, en el desarrollo de los prerrequisitos del proyecto de inversión". Se señala que, con este contrato, "UPM busca definir acciones de desarrollo de infraestructura y otros prerrequisitos en Uruguay que son requeridos para apoyar una posible inversión de una planta de celulosa". Las Partes acordaron que "El progreso satisfactorio en relación con estos prerrequisitos, entre otros, es una precondición necesaria" para que UPM tome su decisión final de inversión. También, se convino en que el Anexo 2, "establece una lista no taxativa de las condiciones necesarias para que UPM adopte una decisión final de inversión".

Por si pudiera haber quedado alguna duda, las Partes "reconocen y acuerdan que la Decisión Final de Inversión de UPM sobre si procede o no con el Proyecto de Planta de Celulosa quedará sujeta a la sola discreción de UPM, aun cuando cada una de las Condiciones Necesarias hayan sido satisfechas".

La especial ecuación de las obligaciones recíprocas de las Partes, subraya la importancia de considerar, para utilizar los términos en el contrato, "los esfuerzos" que se ha comprometido a realizar nuestro país.

Los "esfuerzos" a que se obligó el Uruguay incluyen el fortalecimiento de Dinama; obligaciones referentes a la ingeniería, financiamiento, construcción, organización y operación de un ferrocarril; la concreción de una terminal especializada en el Puerto de Montevideo conectada al ferrocarril; una diversidad de cuestiones laborales, incluyendo la formulación de protocolos, acuerdos colectivos y mecanismos de prevención de conflictos; y un conjunto de aspectos asociados a la enseñanza, capacitación y asesoramiento laboral profesional.

Lo que tenemos es el principio de un proceso de gestación de una posible inversión. Este contrato sobre prerrequisitos crea obligaciones considerables para nuestro país, que se extenderán en el futuro. Sin embargo, la decisión final de inversión podrá concretarse, o no, de acuerdo a lo que finalmente decida UPM, según su exclusivo criterio. Existe una considerable asimetría entre los esfuerzos de las Partes.

Lo que debió haber hecho el Poder Ejecutivo es impulsar que el proyecto hubiese sido objeto de un amplio debate en el Parlamento y en la sociedad civil, antes de la firma del acuerdo.

No ha sucedido así.

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