EDITORIAL

¿El futuro no importa?

La ideologización de la integración ha paralizado al gobierno que ni siquiera ha podido laudar una agenda homogénea que permita dar seguimiento a una visión de mediano y largo plazo. Perdemos competitividad y navegamos en soledad.

La inserción externa es instrumento y condición de la estrategia de desarrollo nacional. Es instrumento porque debe ser funcional a un proyecto de desarrollo, y condición, porque las opciones están acotadas por la dotación de factores, la dimensión del mercado doméstico, el entorno regional y las características del mercado global.

Las intensidades y velocidades de los vínculos políticos y económicos con países o agrupaciones de países pueden ser diferentes, aunque solo excepcionalmente podrían ser contradictorias. El diseño estratégico en materia de política exterior debe basarse en un balance entre la promoción y defensa de los intereses nacionales y los principios y valores prevalecientes en la sociedad, de tal forma, que no todo lo que puede ser útil a esos intereses es aceptable para la sociedad, y no todo lo deseable en función de principios y valores es compatible con los intereses nacionales. Es a partir de estos últimos que deben surgir los objetivos estratégicos y las prioridades, combinando, como aspectos rectores, el principismo y el realismo.

En ese escenario incierto, la estrategia de inserción externa del Uruguay debe basarse en la definición de su rol geopolítico y geoeconómico, como "bisagra" natural entre Argentina y Brasil como polo de integración y conectividad del Cono Sur; y la búsqueda de compensaciones a la asimetría de las relaciones internacionales, en todos sus niveles.

En el marco del Mercosur o fuera de él, el Uruguay debe profundizar su relación con las economías de vecindad a través de estrategias y proyectos empresariales, incluyendo organismos públicos, nacionales o locales, respaldados por los gobiernos. Y eso se debe a que las economías de vecindad permiten incrementar el comercio, la prestación de servicios transfronterizos, los encadenamientos productivos y comerciales, a partir de las ventajas que ofrece la proximidad de centros de producción y consumo y la neutralización del "efecto frontera" por la combinación de la libre circulación de bienes y personas y la facilitación aduanera.

Por otro lado, fuera del Mercosur, Uruguay tiene acuerdos de libre comercio —en distintas etapas de avance de los programas de liberación— con los demás países de Aladi, excepto Cuba, con el que está vigente un acuerdo de intercambio de preferencias. México, por ejemplo, ya es un socio relevante para Uruguay en comercio de bienes, servicios e inversiones, así como Chile, con el que está pendiente la aprobación parlamentaria del Tratado. La promoción de las relaciones económicas con estos países permitirá ampliar y diversificar los vínculos regionales, aprovechar una red de preferencias que en varios casos puede profundizar y diversificar la concentración de vínculos en el Mercosur.

Sin perjuicio de la participación en las negociaciones conjuntas que lleve adelante el Mercosur como las que se desarrollan con la Unión Europea, el Uruguay debe preparar y proyectar negociaciones con terceros países, buscando soluciones a la potencialidad del comercio que surge en sectores o productos relativamente específicos. No se puede postergar la conclusión de que en el Mercosur no hay lógica para una exigencia de disciplina en esta área debido a la inconsistencia de la llamada unión aduanera, a los incumplimientos en el acceso a los mercados así como a las perforaciones acordadas al AEC.

Por otra parte, la única restricción que podría anteponer el Mercosur es al otorgamiento de preferencias arancelarias por parte del Uruguay, que afecten al arancel externo común. Tiene que quedar claro que nuestro país no tiene impedimentos jurídicos para negociar en otras materias como servicios, inversiones, doble tributación, financiamiento, tecnología, propiedad intelectual y cooperación económica en general.

Lamentablemente, esto no se viene haciendo porque la ideologización de la integración ha paralizado al gobierno que ni siquiera ha podido laudar una agenda homogénea que permita dar seguimiento a una visión de mediano y largo plazo. Tan es así que hasta la imposición de la tasa consular con fines de recaudación nos expone a represalias y a la idea de que nuestro país ya no se destaca por su capacidad de propuesta ni por la defensa de la seguridad jurídica.

En estas condiciones navegamos en soledad, perdiendo competitividad y dependiendo de aspectos puntuales positivos o negativos que se plantean fuera de nuestra voluntad y participación.

El tema es de una enorme seriedad, pero como los "tiroteos" internos a que se enfrenta el gobierno son prioritarios, el precio que el Uruguay pagará por su inacción es en lo único que no se piensa.

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