En casi todo el mundo, los sectores llamados "de izquierda" están muy identificados con las causas ambientales. En lo que es un excelente argumento que suma a la visión de que esa división política no se aplica bien a nuestra realidad, en América Latina (y en Uruguay), no pasa lo mismo.

Casi todos los gobiernos "progresistas" de nuestra región han tenido una relación tirante con la protección del medio ambiente. Su visión "neodesarrollista", que en muchos casos asocia progreso a metros cúbicos de hormigón o a obras faraónicas de ingeniería que den trabajo a los sectores obreros, ha generado no pocos cortocircuitos con quienes defienden el cuidado de la ecología. Se podrían citar decenas de ejemplos en este sentido. Como la polémica por la construcción por parte del gobierno del PT de la megarrepresa hidroeléctrica de Belo Monte en Pará, Brasil, que anegará un enorme sector selvático de incalculable valor en biodiversidad. O la desafectación por parte del presidente Rafael Correa de un sector del Parque Nacional de Yasuní, declarado reserva mundial de la biósfera por la Unesco, para extraer petróleo. A esto se podría sumar la conflictiva posición de Argentina en el tema de minería a cielo abierto, o contaminación de ríos, así como los dislates ambientales cometidos en Venezuela en aras de la llamada "revolución bolivariana".

Y Uruguay no ha sido la excepción. Particularmente durante el gobierno de José Mujica, el manejo de los temas ambientales fue poco serio. Basta recordar las operaciones que se hicieron en contra de la Dirección de Medio Ambiente (Dinama) por su demora en tramitar las habilitaciones para el proyecto minero Aratirí, que incluyeron que el propio Mujica hablara de ponerla bajo la órbita de Presidencia como forma de quitarle autonomía. Algunas frases del expresidente y varios de sus ministros y dirigentes más cercanos, tildando a los ecologistas de vagos e improductivos, pasarán a la peor historia del país. Y contrastan de manera chocante con el perfil que se ha construido Mujica a nivel global co-mo paladín de las causas "verdes".

También vale mencionar la construcción del puente sobre la laguna Garzón, en contra de las recomendaciones de todos los expertos en desarrollo costero, que tras décadas de polémica se autorizó por parte de dos intendencias y un gobierno nacional del Frente Amplio. Paradójicamente con la financiación de un magnate inmobiliario argentino que había adquirido buena parte de las tierras de la zona. Como anécdota quedará el hecho de que pese a las promesas de cuidado ambiental, apenas a las pocas horas de iniciadas las obras, una caterpillar de la empresa que las concretaba fue arrastrada por la corriente, lanzando cientos de litros de combustible a las prístinas aguas de la laguna.

En pocas palabras, la Dinama en el período pasado funcionó relativamente bien, pero era evidente que para el expresidente Mujica el tema ambiental era más una molestia que una prioridad.

Esta nueva administración del Frente Amplio viene dando señales ambiguas en cuanto a cómo será su manejo del tema. La última ley presupuestal parece haber otorgado un fuerte refuerzo en recursos a la Dinama, que le habilitará desarrollar una tarea más eficiente y abarcativa. Pero por otro, hay divisiones en las tareas y en los enfoques que generan cierta alarma.

Por ejemplo, se ha creado bajo la órbita de Presidencia una Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, la cual está bajo el comando del exdirector de Energía, Ramón Méndez, figura de perfil muy alto, como quedó en claro durante su reciente participación en la cumbre de cambio climático de París, donde gozó de un inusual espacio en los medios. Lo que sorprende es que esa Secretaría, por lo que se ve, tiene muchos puntos en común y tareas similares a las de la Dinama, que al parecer seguirá dentro del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Algo que lleva a preguntarse quién se va a encargar de qué. Y si será necesario en tiempos de ajuste, replicar organismos en vez de concentrar competencias. Pero además, los primeros incidentes ambientales ocurridos en este gobierno han tenido una respuesta oficial muy tibia. Por ejemplo el caso del escandaloso derrame de combustible en Paysandú, o los crónicos problemas en la cuenca del Santa Lucía, donde quien ha tenido la voz cantante ha sido más el ministerio de Defensa, que las reparticiones ambientales.

Es de esperar que solo hayan sido episodios infelices producto de un gobierno que recién comienza. Y que en este período los temas ambientales tengan el respeto y el manejo profesional que se merecen.

EDITORIAL