Varias son las interpretaciones sobre lo que se entiende por democracia. Muchos la asimilan a un proceso legitimado por la celebración de elecciones y al funcionamiento de instituciones democráticas.

Otros la definen a partir de la "substancia", relacionada esta, más a su contenido concreto que a las formas que la regulan y otros solo por la forma: si hay elección, hay democracia. De ahí surge la curiosa definición de las democracias no liberales que practican ritos formales pero ejercen el poder mutilando cuerpos y almas, suprimiendo las libertades políticas y económicas.

Por eso es bueno volver a los griegos. Este pueblo, más allá de sus ideas originarias, incorporó como concepto central la "isonomía", es decir, el principio de igualdad ante la ley de todas las personas. Esto se traduce en el derecho de cada uno de elegir sus gobernantes en un marco pluralista que contempla las diferentes visiones en cuanto a la orientación de los gobiernos.

Es por eso que para nosotros el pluralismo y la pureza del sufragio son las columnas de una verdadera democracia; de tal modo, que todo lo que impida o limite estos derechos desvirtúa el sistema y compromete el ejercicio de la libertad.

Por eso la Constitución y las leyes son liberadoras, en la medida que ponen en un plano de igualdad a todas las personas, relegando lo político a lo jurídico como forma de comprometerse con la Institucionalidad. No hay democracia sin instituciones fuertes. Estas hacen a la fortaleza del sistema republicano basado en la división de poderes, y en especial, en la independencia del Poder Judicial.

Pero estos aspectos institucionales no alcanzan. La democracia liberal descansa en la existencia de partidos políticos que con sus autoridades y programas de gobierno dan sentido a la convivencia pacífica entre mayorías y minorías.

Sin embargo, en la mayoría de los países de América Latina los partidos políticos se vienen debilitando peligrosamente. Coaliciones circunstanciales, el surgimiento de movimientos cuyo único objetivo es evitar que otro candidato o candidata sea electo y los respaldos accidentales restan importancia a las propuestas de gobierno sobre las que decide el ciudadano a través del ejercicio del voto universal y secreto.

En estos días, la campaña electoral peruana quedó reducida a insultos y graves acusaciones entre los candidatos. No existieron debates sobre el contenido de propuestas de fondo. Pero los problemas no quedan solo es eso, ya que, lo más preocupante que se extiende a todas nuestras democracias plurales reside en el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales con aportes privados o del sector público. Lo que sucede en Perú y en otros países como Uruguay se traduce en falta de transparencia en el monto y origen de la financiación privada de los partidos.

La ausencia de normas y la transgresión de las existentes sin sanciones efectivas facilitan el origen de fondos desconocidos y sospechosos, que en tiempos de crimen organizado como el narcotráfico o actividades ilegales, comprometen la debida transparencia. Peor aún, son la antesala de compromisos que derivan en casos de corrupción generalizada.

En la mayoría de los países de la región se crean entramados que afectan seriamente las gestiones de gobierno transmitiendo a la opinión pública un mensaje negativo sobre el funcionamiento del sistema. La corrupción ha comenzado a ser la norma y la transparencia y la honestidad las excepciones; el ser honesto ya no es una cualidad natural de los servidores públicos sino una virtud cada día más escasa.

Lamentablemente, el sistema uruguayo no es ajeno. La diferencia entre primarias y elecciones nacionales consagra una desigualdad inaceptable. En las primeras el financiamiento no está regulado y el voto no es obligatorio; mientras que en las segundas, una vez definidos los candidatos por cada partido, el voto es obligatorio y cuenta, además del aporte privado, con financiación del Estado de acuerdo a reglas establecidas.

La conclusión es muy simple: las formalidades de la democracia se cumplen pero la substancia es portadora del germen de la desigualdad y es la antesala de la corrupción. Cuanto más ausente esté la ley con mayor fuerza van a actuar los que condicionan tácita o expresamente la conducta de los futuros gobernantes a través de aportes reñidos con el mínimo de transparencia.

Si no se encara este tema con seriedad y objetividad el descreimiento y el juicio de "que todos son iguales" se instalará en nuestra sociedad en forma definitiva. Que sirva de advertencia para legislar lo antes posible.

EDITORIAL