Al Frente Amplio le preocupan la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales. Tanto le preocupan que periódicamente trata de legislar sobre el tema de una forma que le resulte ventajosa. Eso pasó, por ejemplo, con la ley de medios —votada solo por el oficialismo— que contenía un artículo por el cual se otorgaba publicidad gratuita a los partidos en proporción a los votos obtenidos en la última elección.

El artículo fue recurrido ante la Suprema Corte que semanas atrás lo declaró inconstitucional por violar el principio de igualdad y atentar contra la libertad de expresión.

Ahora la coalición de gobierno vuelve a las andadas con un proyecto para eliminar o limitar las contribuciones del sector privado a las campañas electorales. En esa línea propondría que el Estado se hiciera cargo de todos o de la mayor parte de los gastos. De prosperar esta iniciativa el erario público debería dar más recursos a los partidos. Cabe recordar que en los últimos comicios el Estado aportó con tales fines la nada desdeñable suma de 23,5 millones de dólares. El aporte se hace por cada voto emitido en las primarias y en las municipales así como en las dos vueltas de las elecciones nacionales. En este último caso la suma entregada fue de 87 unidades indexadas lo que a valores de hoy equivale a unos 280 pesos por voto.

Aunque ese apoyo económico es relevante, la experiencia muestra que los partidos demandan más dinero dado el encarecimiento que han experimentado las campañas electorales que en nuestro país, dicho sea de paso, son demasiado largas. Ese dinero, aparte del que entrega el Estado, lo reciben de empresas o de ciudadanos de acuerdo a normas establecidas en la ley 18.485 de 2009 que entre otras cosas limitan el monto de cada contribución y obliga a registrar nombres y datos de los donantes. Pueden existir incluso, colaboraciones anónimas de pequeña magnitud que no pueden superar el 15% del total de ingresos por concepto de donaciones. Pasadas las elecciones la ley obliga a los partidos a presentar cuentas con una relación detallada de ingresos y egresos.

Una de las razones esgrimidas desde las colectividades políticas para reclamar más fondos es la fuerte inversión en propaganda que suelen hacer en los medios de comunicación, en especial en la televisión. Diversas propuestas formuladas en el pasado para obtener espacios gratuitos en televisión no prosperaron. Conviene señalar que hay cierta exageración sobre la influencia de los medios en el resultado de las campañas, como quedó de manifiesto no hace mucho en una mesa redonda realizada en el Parlamento con participación de dirigentes políticos y expertos en el tema. Allí se sostuvo que "las campañas se definen en los medios de comunicación", una afirmación que dista mucho de estar probada en las investigaciones académicas sobre este punto.

La opinión mayoritaria es que los medios de comunicación influyen, pero son un factor más entre los muchos que pesan sobre el ánimo del ciudadano a la hora de emitir el sufragio. De todos modos la factura publicitaria sigue creciendo de una elección a otra, lo que obliga a los dirigentes partidarios a extremar esfuerzos para recaudar más.

El problema de fondo al que debieran atender el Frente Amplio y todos los interesados en perfeccionar el sistema actual es que no se pueden realizar controles adecuados que permitan verificar si las normas se cumplen. Al respecto el presidente de la Corte Electoral, José Arocena, señalaba días atrás que la institución carece de personal y recursos para comprobar si la información financiera que suministran los partidos es exacta.

"El eslabón débil está en que la Corte no tiene posibilidad de hacer auditorías", dijo. En suma, o se le confieren esas atribuciones a la Corte Electoral con los correspondientes recursos o se confían los controles a otro organismo, como podría ser el Tribunal de Cuentas.

La falta de una supervisión precisa de las rendiciones de cuentas partidarias sitúa al Uruguay en mala posición en el ranking internacional de transparencia en la financiación de los partidos políticos. En un estudio de la organización Global Integrity presentado en 2015 nuestro país figuró antepenúltimo en el ranking latinoamericano superando solo a Paraguay y Venezuela. El argumento para darnos tan mala ubicación es que nuestro sistema carece de controles efectivos. Este es el asunto que tanto el partido de gobierno como los partidos de oposición deberían encarar de una vez por todas para mejorar la limpidez de nuestros procesos electorales.

EDITORIAL