EDITORIAL

La exportación de energía

La primera exportación de energía de un privado a Argentina invita al optimismo, pero también alerta sobre la cantidad de injusticias que la hiperregulación actual provoca a empresarios y ciudadanos en general.

Se trata de un hito histórico. Por primera vez esta semana, una empresa privada que tiene inversiones en parques eólicos en Uruguay, logró exportar energía a Argentina. El hecho tiene connotaciones trascendentes para el futuro del país, pero también alerta sobre algunos problemas estructurales que el Uruguay no está encarando con seriedad.

La operación concretada por la empresa Ventus, supone la venta inicial de 3.630 megavatios-hora en la primera semana de funcionamiento del acuerdo con Cammesa, entidad que administra el mercado eléctrico mayorista de Argentina. Se trata de un negocio redondo para la empresa uruguaya que aquí solo puede vender su energía en el mercado "spot" a UTE, en un momento en que por las abundantes lluvias y la cantidad de oferta "cautiva" que tiene el ente público con otros complejos eólicos, el precio local está seriamente deprimido.

Es bueno recordar que la gran mayoría de los parques eólicos uruguayos se han erigido en acuerdo con UTE que se comprometió a comprar todo lo producido a un precio fijo, más allá de la necesidad puntual del mercado uruguayo, como forma de estimular estas inversiones en energías renovables. En años con muchas lluvias como este, eso hace que haya exceso energético, por lo cual en el mercado hiperregulado actual, quien no tiene un acuerdo de esos con UTE, prácticamente no tiene mercado para la energía que produce.

Es por ello que esta operación es trascendente. Porque habilita por primera vez a un inversor privado que apostó a las renovables en Uruguay, a "escapar" del monopolio de UTE y rentabilizar su inversión satisfaciendo necesidades de mercados vecinos. Pero esto que debería ser normal, positivo, y una muestra del funcionamiento sano del Mercosur, muestra también aristas complicadas.

Por ejemplo, el hecho de que la operación con Argentina haya llevado más de un año y medio de negociación. Parece mentira que en países unidos por el Mercosur, donde algunos tienen urgentes necesidades de un producto y otros tienen excedentes que se están desperdiciando por no poder acumularlos, lleve tanto tiempo encontrar una salida que beneficia tan claramente a todos.

Asimismo, es triste destacar que otras ventas de energía hechas por la propia UTE a Brasil, y que suman nada menos que 45 millones de dólares, no han sido pagados por el socio norteño debido a "problemas burocráticos".

Ahora bien, estas noticias sirven para poner sobre la mesa un gran tema que se suele dejar de lado cuando el gobierno se "bate el parche" con los avances en energías renovables. Y es que pese a las masivas inversiones y a los excelentes resultados supuestamente obtenidos por el país y por UTE, que en el último ejercicio tuvo más de 300 millones de dólares de ganancias, eso no se traslada a los consumidores, o sea a los usuarios que pagan los costos energéticos más caros del continente.

Hace algunas semanas, El País publicaba una interesante nota acerca de la situación del mercado eléctrico y el problema de las tarifas, que informaba de aspectos muy sugestivos. Por ejemplo, que el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, había sostenido ante el Parlamento que las ganancias del ente eran necesarias para amortizar las inversiones en infraestructura que necesitaba el país. Sin embargo, varios expertos consultados para ese informe, rechazaban la explicación de Casaravilla, señalando que esa inversión había sido amortizada hace años, y que la razón de fondo de no bajar las tarifas era porque el gobierno central necesitaba esos recursos para bajar el abultado déficit fiscal.

Aquí es donde volvemos a ver como el Uruguay sigue pegándose tiros en el pie a la hora de avanzar en un desarrollo económico sostenible. Resulta que el Estado extrae mediante la tarifa de UTE enormes recursos a los ciudadanos y a las empresas (que no se suelen contar cuando se habla de la presión fiscal), cuyo fin es financiar el gasto exorbitado de la Administración central. Con esto se mina la capacidad de competencia de las empresas locales y se castiga al sufrido trabajador que paga su cuenta de luz. ¿Cuántas empresas podrían haberse instalado en Uruguay si la ecuación energética les hubiera salido más en cuenta? ¿Cuántas empresas no hubieran cerrado sus puertas si la energía no fuera una carga tan onerosa? ¿Cuántos tambos, curtiembres, textiles? Un país de la escala de Uruguay se beneficiaría mucho más de liberar el mercado energético al empuje y creatividad de los privados dejando que esos márgenes que hoy van a Rentas Generales para pagar gastos frívolos de nuestro estamento burocrático, quedaran en el bolsillo de nuestros ciudadanos.

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