EDITORIAL

El "estadito paralelo" bajo la lupa

Con los votos de diputados opositores se creó una comisión para legislar e investigar a fondo a decenas de empresas estatales, muchas de ellas sociedades anónimas regidas por el derecho privado y liberadas de los controles oficiales.

Pese a que se proclamaban estatistas y reacios a las privatizaciones, los gobernantes del Frente Amplio se aficionaron a crear y administrar decenas de empresas estatales regidas por el derecho privado. Así engordó a niveles impensados el llamado "estadito paralelo", una tierra de nadie en donde sociedades comerciales, en general anónimas, actúan sin ataduras ni controles oficiales. Se calcula que esas sociedades manejan activos de más de mil millones de dólares y dan pérdidas anuales superiores a los 60 millones de dólares, una suma que de una u otra forma paga el ciudadano común.

La investigación de los negocios de Ancap acentuó la atención sobre estas empresas dirigidas comúnmente por personas no siempre capacitadas y designadas a dedo. En torno a ese ente giraban unas veinte empresas satélite dedicadas a actividades variadas sin mayor relación con las funciones básicas del organismo. Al igual que en Ancap, muchas de estas entidades híbridas fueron engendradas por decisión de las autoridades de los entes sin que el Tribunal de Cuentas o la Auditoría Interna de la Nación tengan potestades para analizar su desempeño y mucho menos para imprimir correctivos.

Su impactante crecimiento en la última década generó preocupación en los gobiernos del Frente Amplio que en varias ocasiones anunciaron medidas para regular estos focos de actividad surgidos en las márgenes del Estado uruguayo. Fueron meramente palabras como las de Tabaré Vázquez, en su primer mandato, cuando prometió ordenar el Estado "con la madre de todas las reformas", o como las de José Mujica que calificó de "enfermedad" a curar esa floración de sociedades anónimas. Hablaron del asunto, pero poco y nada hicieron.

Ahora, con los votos de todos los diputados opositores, la Cámara de Representantes aprobó la formación de una "Comisión especial para legislar, informar y asesorar en la gestión del patrimonio público bajo figuras asociativas de derecho privadas". El objeto de los propulsores de esa comisión es no solo legislar en la materia sino también investigar a fondo sus actividades. Una vez más el caso Ancap, cuya gestión y sus entretelones fueron develados por una comisión parlamentaria, sirvió de guía para afirmar la necesidad de indagar la labor de esas sociedades. Los diputados suelen recordar a un director del ente petrolero que dijo que ignoraba a qué se dedicaban algunas de ellas así como a otro, responsable de ALUR, que no supo explicar de qué manera se contrató al 20% de sus trabajadores.

Diputados oficialistas reaccionaron mal ante la formación de esta nueva comisión. Unos dijeron que era innecesaria en tanto otros denunciaron que conformar la comisión era un paso más en el intento de "enlodar" las acciones del gobierno frentista. Es la misma actitud expuesta por la izquierda cuando sostiene que todo es parte de un plan pensado —y hasta concebido en el exterior del país— para "desprestigiar a gobiernos progresistas de América Latina".

Quienes así opinan es probable que ni ellos mismos crean en la existencia de un complot o algo por el estilo. Al igual que los parlamentarios de la oposición, conocen bien las serias denuncias lanzadas contra estas sociedades anónimas manejadas por funcionarios bien pagos, pero de idoneidad no probada. Empresas que manejan millones de dólares como, por ejemplo, la Corporación Vial del Uruguay S.A. que recauda más que algunas de las grandes ventanillas del Estado sin que exista una supervisión acorde a la magnitud de su gestión.

Si bien no se habla todavía de corrupción hay pocas dudas de que el escenario en que actúa esta constelación de empresas es propicio al abuso y a las irregularidades. Con razón, hace años que las cámaras empresariales insisten en reclamar que se ponga orden en esta franja nebulosa y deficitaria de la administración. Al respecto propusieron que esas empresas sean creadas por el Poder Ejecutivo con aprobación del Legislativo y con todos los controles estatales. No puede ser que los entes autónomos resuelvan por su cuenta y riesgo cuándo y cómo van a engendrar nuevas entidades colaterales, algunas de ellas tan ignotas y desatinadas como la fundada por Ancap para dedicarse al —por supuesto, deficitario— rubro perfumería.

Así, lo que debió ser un instrumento para modernizar la acción de ciertas empresas estatales terminó generando una zona de sombra sobre la cual circulan las sospechas de burocratización, ineficiencia y clientelismo. Por ello se justifica largamente la creación de esa comisión legislativa que investigará y legislará en torno al "estadito paralelo".

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