EDITORIAL

"Estadito paralelo" sin control

Una asignatura pendiente del gobierno es regular la situación de decenas de empresas que componen lo que se ha dado en llamar "el Estadito paralelo". Aunque manejan ingentes recursos públicos se rigen por el derecho privado en una situación de tal complejidad que se desconoce exactamente cuántas son, cuáles son sus resultados y si su administración se desarrolla de manera correcta.

A pesar de los anuncios oficiales sobre nuevos marcos regulatorios para este entramado de sociedades comerciales, su situación sigue en una nebulosa de la cual sería preciso salir cuanto antes.

La investigación de los negocios de Ancap sirvió para actualizar la necesidad de hincarle el diente a este tema pues permitió asomarse a la realidad de una veintena de empresas satélite cuyas actividades son tan variadas que en el Parlamento todavía se recuerda a un director del ente petrolero que declaró que ni siquiera sabía a qué se dedicaban todas ellas. La gravedad del problema resalta en este caso dado que algunas de estas entidades arrojaron pérdidas millonarias sin que sobre ellas y sus responsables se puedan aplicar las normas aplicables a las instituciones públicas puesto que se rigen por el derecho privado.

Lo curioso del caso es que los gobernantes del Frente Amplio, en teoría tan estatistas y reacios a las privatizaciones, parecen sentirse cómodos en este esquema que les permite actuar por fuera del Estado, designando empleados de forma directa, mejor pagos que los de la administración pública y sin las prohibiciones e incompatibilidades de los funcionarios públicos. Para ese entramado de sociedades no hay Tribunal de Cuentas ni Auditoría Interna de la Nación que valga, por más que actúen en sectores vitales por delegación de entes como la citada Ancap así como Antel y Ute, entre otros.

En virtud del silencio que suele rodear su actuación, no es habitual que se filtren noticias sobre la marcha de algunas de esas empresas que conforman el "Estadito paralelo". No obstante, a veces salen a luz datos inquietantes como acaba de ocurrir en Afe cuando un director, representante de la oposición, reclamó que se estudiara el cese de los gerentes de la sociedad encargada de operar los servicios de carga por ferrocarril. Se trata de una sociedad regida por el derecho privado llamada Servicios Logísticos Ferroviarios (Slf) que en sus primeros diez meses de gestión no ha hecho más que perder clientes y asistir a la caída del tonelaje de las cargas transportadas a niveles paupérrimos, nunca vistos en la historia de Afe. El director denunciante habló de la urgencia por evaluar la actuación de los responsables del desastre puesto que las pérdidas quedan a cargo del ente, que a la vez reclama fondos del erario público para solventar sus necesidades.

Es que así son las cosas. El desmadre en esa franja gris de la actividad estatal lo pagan todos los ciudadanos como pudo comprobarse tras la investigación en Ancap, en donde las pérdidas en emprendimientos como el de los cementos o en la explotación de la caña de azúcar terminan generando un déficit que hoy se enjuga a través del precio exorbitante de los combustibles. Ejemplos similares podrían darse de lo que sucede en otras áreas en donde el fracaso de estas instituciones regidas por el derecho privado lo terminan costeando los ciudadanos de a pie.

Tiempo atrás, un documento de las cámaras empresariales plasmó su malestar por ese enjambre de entidades que no son estrictamente ni públicas ni privadas, al tiempo que pidió normas para encuadrar sus acciones. El documento incluía una lista detallada de empresas —40 personas públicas no estatales y más de 60 sociedades anónimas— algunas de las cuales, como la Corporación Vial del Uruguay S.A., recaudan bastante más que otras ventanillas del Estado, sin que existan mecanismos de supervisión acordes a la magnitud de la gestión. En suma, un escenario propicio para la corrupción. El problema se agrava si se considera que hay una "tercera generación" de sociedades anónimas que son propiedad de compañías creadas con anterioridad, en donde la información sobre sus andanzas se diluye aun más.

Por esa razón, legisladores de la oposición presentaron proyectos para dotar de mayor "transparencia" a un mecanismo que —alegando la necesidad de actuar con mayor ejecutividad— funciona por fuera de los controles habituales del quehacer estatal. Sin embargo, el gobierno sigue ignorando esas propuestas y permitiendo que el "Estadito paralelo" continúe creciendo sin una normativa precisa que permita controlar la legalidad y la conveniencia de sus actos.

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