En una demostración de que siempre es posible aunar esfuerzos a favor de buenas causas, el gobierno y la oposición concuerdan actualmente en mejorar la legislación nacional para combatir la trata de personas. Desde hace meses una comisión del Senado trabaja sobre el tema en tanto el Poder Ejecutivo tiene elaborado un proyecto de ley al respecto.

Esta actividad se justifica ampliamente dado que en el plano internacional Uruguay sigue siendo considerado un país que "no cumple los preceptos" adecuados para prevenir y reprimir lo que suele calificarse como una forma moderna de esclavitud.

Por de pronto hay varios ministerios involucrados en el asunto: el de Interior, de manera predominante, al que se agregan los de Desarrollo Social, Trabajo, Salud y Relaciones Exteriores. Conjuntamente también actúan otros organismos como el Inau y las fiscalías así como una serie de organizaciones privadas interesadas en cooperar. Actuando de forma coordinada todos coinciden en la necesidad de modernizar la legislación vigente con especial atención a la situación de las víctimas de la trata. Se habla incluso de la creación de una nueva entidad pública con delegados de las instituciones citadas lo que parece un exceso habida cuenta del enjambre de organismos que pueblan el Estado uruguayo y a la luz de la decisión del gobierno de reducir el gasto público.

Este despliegue demuestra la inquietud existente en nuestro país en torno al problema como lo subraya un informe del Departamento de Estado en donde se incluye a Uruguay en una suerte de "lista negra", pero se advierte al mismo tiempo que hace "esfuerzos significativos" para mejorar.

En ese informe se reitera que el nuestro es "un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual y de trabajo forzoso". Entre las víctimas coloca a mujeres y niños uruguayos, y de otros países de América Latina.

También denuncia que trabajadores extranjeros procedentes de Bolivia, Paraguay, Brasil, República Dominicana y Argentina son sometidos en Uruguay a trabajar en malas condiciones en "la construcción, servicio doméstico, tiendas al por mayor, industrias textiles, agricultura y procesamiento de la madera".

Ante esta realidad el ministerio del Interior prepara un decreto por el cual se crearán unidades especializadas en cada departamento del país al tiempo que establecerá nuevas pautas de articulación y colaboración con otros organismos incluidos los de carácter municipal.

El ministerio ya cuenta con unos 600 policías capacitados en prevenir y reprimir la trata de personas pese a lo cual persisten las denuncias sobre situaciones de abuso y violación de los derechos humanos. De todos modos en el ministerio entienden que es indispensable la aprobación de una nueva ley que encuadre con mayor eficacia sus acciones y tipifique nuevas formas delictivas, agrave las sanciones y establezca mecanismos para mejorar la atención a las víctimas.

En efecto, la cruda realidad ha ido superando las previsiones de la ley 18.250 del año 2008 que además de ocuparse de la trata, penalizó a quienes participen en el tráfico, es decir el tránsito ilegítimo de personas por territorio uruguayo.

Se puso énfasis en perseguir a cuantos intervienen en el proceso de ingreso o egreso ilegal del país de seres humanos. También se tipificó como delito la acción de todos los que de una forma u otra cooperan en el proceso de "reclutamiento, transporte, transferencia, acogida o recibo de personas para el trabajo, servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares, la servidumbre y la explotación sexual".

Aunque esas normas significaron entonces un avance hoy necesitan ser complementadas y adecuadas a las nuevas prácticas de las bandas delictivas que lucran con estos crímenes aberrantes. Una de las acciones más reprimidas en los últimos tiempos fue la de interceptar el transporte de ciudadanos extranjeros que hacían escala en nuestro país previo a su ingreso clandestino a uno de los países vecinos. En otros casos la policía desbarató redes locales dedicadas a la prostitución, algunas de ellas radicadas en el interior del país.

Ante este panorama reconforta observar el avance de la labor parlamentaria conjunta del gobierno y la oposición para ajustar el marco legal, mejorar la coordinación entre los organismos interesados y apoyar iniciativas que contribuyan a sacar a Uruguay de la infamante "lista negra" de los países incumplidores en la lucha contra delitos tan deleznables como la explotación sexual o laboral.

EDITORIAL