La divulgación del convenio salarial de los funcionarios de ALUR (que se actualizaba cada dos meses y comprendía el 100% del IPC), indignó a tirios, troyanos y sobre todo a los uruguayos, que se encuentran penando con sus ingresos porque los gobiernos frentistas se gastaron todo el lucro de la época de bonanza y mucho más. También al presidente Vázquez, que parece no tenía la menor idea de ese acuerdo firmado el 10 de agosto, retroactivo al 1° de mayo.

ALUR (Alcoholes del Uruguay) es una de las 14 filiales de Ancap (dueña de un 91% de sus acciones; el resto es de la venezolana Pdvsa), tiene 520 empleados y unos 1.200 trabajadores zafrales. A consecuencia del convenio fue cesado su gerente general, Milton González, que percibía un sueldo de $ 438.000 mensuales, bastante por arriba de los $ 318.693 del Presidente de la República. Surgida como un homenaje ideológico a los cañeros de Bella Unión, todo lo de ALUR ha estado permanentemente en el ojo de la tormenta por la forma en que se han dilapidado los dineros en un emprendimiento comercial caprichoso y deficitario.

Tanto ALUR como sus autoridades fueron figuritas repetidas en la Comisión Investigadora del Senado. Uno de los temas fue la denuncia de los representantes de la empresa "Serrana Bioenergy" en torno a la construcción de la planta de bioetanol en Paysandú.

ALUR le pidió a una empresa con la que mantenía relaciones comerciales (la española Abengoa) que preparara un proyecto y estimara el costo de la obra. Así lo hizo Abengoa (la estimación fue de unos US$ 88 millones) y luego Ancap-Alur hizo un llamado a precios por expresa invitación a ocho empresas, entre las que estaba Abengoa. A la hora de la adjudicación hubo muchas idas y vueltas, demasiadas, pero finalmente se declaró ganadora a Abengoa (la misma que había hecho la estimación inicial de la obra a pedido de ALUR), pese a que había empatado en el puntaje con una empresa de origen indio (Praj), con el extraño argumento de "temas de diferencia cultural y lejanía", pero que sin embargo había sido invitada a participar.

El costo de la obra estaba previsto en US$ 82 millones (un poquito menos de la estimación inicial de Abengoa), pero trepó a US$ 147 millones porque le fueron agregados unos "periféricos" (no licitados) que se supone no estaban inicialmente previstos en el llamado a precios y resultaron bastante caros.

Allí apareció la empresa Serrana Bioenergy que había sido dejada de lado en el llamado, pese a sus reiterados contactos con las autoridades. Su principal, el empresario uruguayo radicado en Brasil, Gabriel Pérez Morgan —con el argumento de una copiosa documentación—, sostuvo que el precio internacional del mercado era la mitad (unos 40 millones de dólares) de lo que había pagado Ancap-Alur, lo mismo que había dicho un par de años antes en la Comisión de Industria del Senado y por lo cual el entonces presidente de Ancap Raúl Sendic y ALUR, indignados por la acusación, presentaron sendas denuncias penales por difamación. Ambas causas, tras diligenciarse las pruebas, fueron archivadas.

Pero hay otro tema con ALUR sobre el cual el senador Pedro Bordaberry ha insistido hasta el cansancio a través de pedidos de informes e interpelaciones: la construcción de la planta se hizo tras ser aprobada la ley de biocombustibles y sabiendo que sin importar el precio que se fijara, Ancap, en régimen de monopolio, le iba a comprar toda su producción y podría lucir en sus balances —no en los de Ancap— unos ingresos formidables. Porque además del precio de producción de ALUR, sin importar la cotización internacional y el hecho de que en la región el biocombustible es extremadamente barato, se le aseguraba una ganancia del 5%. Ese subsidio significa que "cuanto más gasta ALUR más dinero recibe". Como igual daba pérdidas, ese subsidio "fue renegociado hacia atrás", y el 5% se aumentó a 35% para el primer año, 15% el segundo y 10% el tercero, de acuerdo a las necesidades. Eso lo aporta Ancap a través del precio que cobra por la venta de combustible, y el que lo paga… ¡Acertó! Y además salieron a festejar el superávit. Se estima en más de 100 millones de dólares el costo (por ahora) de esta aventura.

Son dos ejemplos, pero hay muchos más. Porque no es solo el tema del convenio salarial de ALUR, sino toda la gestión de esta empresa que por ser una subsidiaria y manejarse por el derecho privado, está fuera del contralor de los organismos especializados, sobre todo del Tribunal de Cuentas. Pero la verdad continuará apareciendo por más que se empeñen en ocultarla.

EDITORIAL