En las últimas semanas la opinión pública ha sido testigo de dolorosos casos donde sectores sindicales no han titubeado en poner sus intereses inmediatos por encima del bienestar general de la sociedad.

Estamos a días del 1 de mayo, y volverán a escucharse aguerridos discursos sobre la importancia de tener un movimiento sindical fuerte y unido. Todo lo cual es verdad, siempre y cuando ese movimiento sindical trabaje para el progreso de la sociedad, de todos los uruguayos. No como arma arrojadiza de determinados sectores ideologizados que en las urnas suelen tener mínimo respaldo, o como amparo de conductas reñidas con el interés de la mayoría de la población.

Lamentablemente, en los últimos días se ha visto mucho de esto último.

Un ejemplo es lo ocurrido con la reforma del sector cementero de la empresa Ancap. Todo el Uruguay sabe del desmanejo y las pérdidas millonarias que ha padecido la principal empresa del país en los últimos años. Al punto que el gobierno debió capitalizarla en varios cientos de millones de dólares para que no quedara en situación de quiebra. Dinero que luego fue extraído a la población mediante unas tarifas de combustible que no bajaron siguiendo el ritmo de la caída del precio del petróleo (golpeando duramente la competitividad del país), y con un severo ajuste fiscal que impactó especialmente a la clase media.

Pues bien, una parte no menor de las pérdidas de la empresa se justifica por el rojo sistemático de la división cemento de Ancap, que solo el año pasado perdió US$ 27 millones. Y con elementos tan irritantes como la noticia de que la misma contaría con 40 personas para hacer tareas de jardinería. Ante ese panorama, la nueva presidente del organismo, Martha Jara, planteó una profunda reestructura de la división, algo que parece lógico y razonable.

Ante esto se generó una reacción furibunda del gremio de la empresa, que amenazó con paralizar tareas fundamentales de Ancap como la distribución de combustible o el mantenimiento de la refinería. Esta amenaza llevó a que los ministros de Trabajo e Industria decidieran paralizar la reestructura, medida que después apoyó explícitamente el presidente Vázquez. Todo a notorio contrapelo del interés general del país, y poniendo más arriba el beneficio de un grupo de privilegiados que operan allí con un régimen notoriamente más benigno que el de cualquier trabajador privado, que el de toda la sociedad.

Otro ejemplo cuestionable ha sido lo ocurrido con el sindicato bancario, AEBU, en su conflicto con la cooperativa ACAC. Resulta que en medio de ese severo conflicto, las autoridades del gremio bancario no tuvieron mejor idea que obtener una base de datos de todos los socios de la cooperativa, y enviarles masivos mensajes de texto a sus celulares para alertarlos sobre la situación patrimonial de la empresa, y sugerirles que acudieran en masa a comprobar el nivel de capitalización de la misma.

Todos sabemos lo que significa para una empresa financiera cualquier señal que ponga en tela de juicio su situación patrimonial. Todos hemos visto la consecuencia de hechos parecidos. Pero hay algo igual de grave en esa actitud del gremio, y es que usar una base de datos privada con fines distintos para los cuales las personas los aportaron, es no solo poco ético, sino ilegal. Por ello existe ya una denuncia penal, y otra ante la entidad que regula el manejo de la información personal.

Como si todo esto no fuera suficientemente alarmante, hay otro dato que preocupa. Resulta que nada menos que la esposa del presidente del sindicato bancario, trabaja en esa cooperativa y ha sido sancionada por sospechas de que habría sido ella quien sustrajo esa base de datos privada, para ser usada por AEBU en esa campaña a todas luces ilegal. Consultado por El País al respecto, el presidente del gremio, Elbio Monegal, lejos de mostrarse preocupado por la situación, lanzó palabras soberbias y amenazantes. Sostuvo que: "Yo como presidente del sindicato no mido las consecuencias que voy a tener en la medida en que estoy defendiendo a los trabajadores. Mi relación con mi señora no tiene nada que ver. No creo que vaya haber ninguna crítica bienintencionada de aquellos que defendemos a los trabajadores de parte de aquellos que atacan a los trabajadores; pueden criticar todo lo que se les dé la gana, me importa tres cornos".

De sus palabras surge que la defensa de los adherentes a su gremio justificaría vulnerar derechos de otros trabajadores, violar la ley, y perjudicar al conjunto de la sociedad. No parece una actitud que contribuya al bienestar general, ni a mejorar la imagen de un movimiento sindical radicalizado, prepotente y cada vez más alejado del sentir verdaderamente popular. Temas sin dudas para meditar el próximo lunes.

EDITORIAL