En el recetario de los gobiernos del Frente Amplio la típica forma de encarar el problema de la educación es organizando un gran debate educativo que concluya con un congreso nacional con la supuesta representación de las partes interesadas.

Así se hizo en los gobiernos de Tabaré Vázquez y José Mujica sin consecuencias positivas, pues ambos procesos sirvieron para reforzar el dominio de los sindicatos docentes y excluir a los discrepantes. Pese a ello ahora se anuncia un tercer intento de similares características que debería iniciarse a mediados del presente mes.

Más allá de la precipitación que denota esta sorpresiva convocatoria, los antecedentes que registra en la materia la coalición de izquierda no anticipan nada bueno. El primer congreso se instaló en 2006 tras una extensa maratón de asambleas realizadas en todo el país con la participación de cientos de delegados. De allí surgieron los fundamentos de la ley de educación aprobada dos años después que, entre otras cosas, aumentó el poder de las corporaciones con sus previsibles efectos negativos.

El segundo congreso realizado en 2013 con menor participación y limitadas ambiciones, produjo muy poco digno de destaque. Tan poco que, tras su triple promesa reformista pronunciada ante el Parlamento el día de su asunción, José Mujica admitió con un dejo de amargura que las autoridades de la educación y los gremios "no me la llevan".

Estos antecedentes conducen al escepticismo en un país en donde el presidente de la República —que cuenta con mayoría parlamentaria— confiesa que carece de fuerza para imprimirle el rumbo a la educación. El sorpresivo anuncio de la realización de un nuevo congreso, formulado por la ministra de Educación en medio de los incidentes por la desocupación del local del Codicen de la Anep, suena a maniobra diversiva y luce como una suerte de hueso lanzado a los sindicatos para mantenerlos entretenidos mientras se discute el Presupuesto.

Al elenco gobernante le consta que una convocatoria de esa naturaleza tiene escasas perspectivas de introducir cambios en la estructura existente. Los dos congresos anteriores demostraron que la voz cantante la llevan los grupos organizados, es decir los sindicatos docentes renuentes por principio a cualquier iniciativa que no provenga de su seno. Ni las agrupaciones de padres y alumnos, ni los partidos de oposición, ni expertos independientes, pudieron influir en las deliberaciones y resoluciones impulsadas por las corporaciones según su criterio. Nada indica que esta vez las cosas vayan a cambiar.

Al contrario, el mal comienzo del gobierno con graves errores —como su declaración de esencialidad desacatada y el nulo liderazgo de las autoridades de la Anep— permiten prever que el debate no saldrá del habitual monólogo propenso a centrar los problemas en la falta de recursos. Por si fuera poco se hará bajo los auspicios de una ministra que, en una actitud lindante con el cinismo, niega que la educación esté en crisis.

Ese es un panorama que da pena porque augura una tercera oportunidad perdida para una coalición de izquierda que llegó al gobierno con atractivas promesas de reformar la educación. Empero, una década después lo que aparece es un empeoramiento de la situación como se comprueba en evaluaciones tanto internas como externas.

Incluso desde el Frente Amplio emergen voces que admiten que en este terreno —al igual que en el rubro seguridad pública— se continúa fracasando.

En 2006, cuando se intentaron los primeros cambios y se conformó una comisión organizadora del debate educativo que vendría después (y que culminaría en una caótica asamblea en el Palacio Peñarol) uno de los convocados en primera instancia, el historiador José Rilla, decidió apartarse del proceso.

En su carta de renuncia vaticinó el desatinado desenlace de aquella convocatoria y explicó cómo en su opinión debieron organizarse las cosas. "Un congreso exitoso sería aquel que mostrara diversidad, calidad de argumentos, manejo de antecedentes, debate de problemas, reconocimiento de puntos de partida", expresó. Y agregó: "La situación de la educación uruguaya es trágica y no creo que resolverla como una cuestión de poder (¿quién manda?) sea un buen camino".

Casi diez años después la cuestión del poder es uno de los puntos neurálgicos. Mientras el interés de las politizadas corporaciones docentes siga centrado en sostener y agrandar su poder en el sistema educativo será difícil cambiar algo. Solo un gobierno resuelto y con objetivos claros podría hacerlo, pero este no parece ser el caso.

Editorial