editorial

Dueños y señores de Ancap

Los senadores Marcos Otheguy y Leonardo de León, miembros de la lista 711 liderada por Raúl Sendic, esgrimen un idéntico argumento ante las críticas a la gestión realizada en Ancap en los últimos años. "Buscan desprestigiar a Ancap para privatizarla", repiten.

Empero, las actas de la comisión parlamentaria que investiga el caso indican que los senadores de la oposición, lejos de insinuar la privatización, expresan su inquietud por la solidez y supervivencia del ente petrolero.

En cambio, en boca de ambos senadores oficialistas la palabra privatización se torna contraproducente. Porque si por privatización se entiende la tendencia a manejar un ente estatal de manera inconsulta y como si fuera cosa propia, ahí está la gestión de los últimos directorios de Ancap que, según el ex ministro de Economía, Fernando Lorenzo, se desarrolló de manera errática, retaceando información al gobierno y con estrategias equivocadas, pese a las advertencias en contrario.

La bancarrota de Ancap, sus malos negocios y la arbitrariedad de sus resoluciones son evidentes por más que el secretariado del Frente Amplio se sume a ambos senadores en la defensa de los desaciertos de Ancap. En tal sentido, la opinión de Lorenzo como antes la de Danilo Astori —aclarándole a Sendic que Ancap actúa como mero agente de retención de fondos ajenos— son lapidarias por proceder de quienes hablan con conocimiento de causa (y con cierta cola de paja por su condición de co-responsables de los resultados de la anterior administración).

Cuando el secretariado del Frente Amplio dice que con la investigadora se quiere desprestigiar a las empresas públicas para alentar su privatización, lo que intenta es politizar el tema y desviar la atención sobre los desatinos de Ancap. Es un llamado a filas a sus seguidores para que hagan la vista gorda con las denuncias en torno al ente petrolero. En esa línea, José Mujica, aprovechando una escala en Montevideo de su gira mundial, retomó su programa de radio para acusar a la oposición de "sembrar la sospecha" y "desatar el descrédito" en torno a Sendic. Aunque es indudable que en cuanto a sembrar descrédito y sospechas Mujica puede dictar cátedra, su irrupción en el tema huele a confesión de culpa por tolerar el despilfarro en los entes durante su mandato.

Es que el desbarajuste fue grande por donde se lo mire. Baste citar la improvisación con que se llevaron adelante dos emprendimientos. Uno fue la construcción de la planta desulfurizadora que debió costar 200 millones de dólares y se fue al doble. El otro, la nueva planta de Alur que al principio demandaba una inversión de 50 millones de dólares según dijo Sendic en 2012, que dos años después él mismo recalculó en unos 80 millones, y que terminó costando casi 150 millones de dólares. ¡Eso sí desprestigia a las empresas públicas!

En el caso de Ancap no sólo se la desacreditó con inversiones equivocadas sino con medidas tales como el inadecuado endeudamiento con los bancos, fruto de "una visión corta en el manejo de los riesgos", al decir de Lorenzo. Entre otros desvíos ahí está el aumento, difícil de justificar, de la "masa salarial" del ente, producto del incremento desmesurado de su plantilla de trabajadores y de compensaciones económicas acordadas alegremente por el directorio.

Además de las críticas de Lorenzo —a quien desde el Frente Amplio no se atreven a atribuirle intenciones privatizadoras, al menos por ahora— hay capítulos tan oscuros en la saga de Ancap que desde ya puede anticiparse su pasaje a la justicia.

Dineros para una radio inexistente, una fiestita inaugural con costos colosales y alguna factura fantasma ponen a la agencia La Diez en la mira. Al respecto, impacta la forma en que de León, ex director de Alur, explica su relación con el dueño de la agencia publicitaria favorecida con la cuenta de Ancap, la más abultada del país. Según dice es un amigo personal, compañero en un equipo de fútbol, que empezó publicitando la deficitaria Alur para dedicarse luego a Ancap tras una licitación protestada por los otros competidores y observada por el Tribunal de Cuentas.

Es que así de entre casa, se hicieron las cosas en Ancap. Como si sus conductores fueran dueños y señores de un ente estatal en vez de escrupulosos administradores de recursos públicos. Como si se hubieran empeñado en debilitar al ente y malquistarlo con los ciudadanos que pagan la nafta más cara de la región a pesar de la rebaja de un peso —¡uno solo!— que Ancap les concedió hace poco. Si de desprestigio se habla, ellos y no otros, son los culpables.

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