En los últimos tres gobiernos, como consecuencia directa de las mayorías parlamentarias legítimamente obtenidas por el oficialismo, nos hemos acostumbrado a que los ministros de Estado y otros jerarcas públicos sean inamovibles.

No importa su capacidad (o incapacidad), su conducta, sus declaraciones o lo que venga al caso, no hay forma de exigir responsabilidades frente a un partido de gobierno para el que la defensa del compañero ministro es más importante que el bienestar general o la dignidad republicana.

En un gobierno en que las mayorías parlamentarias requirieran el acuerdo de más de un partido, sería difícil que siguieran en el cargo ministros cuyo desempeño es calamitoso, como en el caso de Bonomi, o que han tenido conductas o declaraciones indecorosas, como en el caso de María Julia Muñoz u otros de carácter francamente misterioso, como la permanencia de Fernández Huidobro al frente del Ministerio de Defensa.

A esta defensa político-corporativa que blinda a los ministros de sus errores y horrores se le suma que se ha perdido en nuestro país la sana costumbre de renunciar al cargo de quien descubre que es incapaz de solucionar los problemas para los que fue designado o quien comete un acto incompatible con su permanencia en esa posición. Ya nadie renuncia a ningún sillón en la actividad estatal, solo se van despedidos o defenestrados, como en algún caso reciente de pública notoriedad.

Esta nueva tradición, ajena a las mejores costumbres del Uruguay y de la política de los países con democracias maduras del mundo, tiene innegablemente consecuencias negativas para la gestión del sector público. En efecto, vemos cómo pasan los años y los problemas no mejoran, más aun tienden a empeorar, con los mismos responsables al frente de las carteras ministeriales. Un caso elocuente es el del ministro del Interior Eduardo Bonomi cuya permanencia en el cargo no se explica, naturalmente, por su buen desempeño.

No solo la situación de inseguridad cada vez es peor en el país, y cada vez se cometen más delitos y de forma más violenta, sino que el ministro también incurre en otro error lamentable, el de justificarse, poner excusas y exhibir chivos expiatorios pero nunca resultados positivos. Así por ejemplo nos hemos acostumbrado a que se nos explique que la cifra de asesinatos en realidad no es tan alta porque unos cuantos se deben a "ajustes de cuenta", o la insólita salida del subsecretario del Interior Jorge Vázquez, quien hace un tiempo afirmó que "si no están vinculados a la delincuencia, narcotráfico y carecen de problemas familiares importantes, tengan la seguridad de que nadie los va a matar", lo que, desafortunadamente, todos sabemos que no es cierto. Esta semana el ministro Bonomi sumó otra perla al largo collar de declaraciones absurdas cuando intentó justificar el robo en la casa de la senadora Verónica Alonso. El ministro, sin sonrojarse, afirmó que a la senadora la robaron porque se fue de viaje y dejó una ventana abierta. Sea o no sea una legisladora la víctima de un robo, lo que menos espera y necesita en un momento tan amargo como aquel en el que encuentra su casa desvalijada y el robo de un auto, es soportar la desvergüenza de una autoridad del gobierno culpando a la víctima. Cuesta entender cómo le da la cara a Bonomi para ponerse del lado de los delincuentes y justificarlos frente a una situación desgraciada que le ocurre a un uruguayo, que sufre como consecuencia de su proverbial incapacidad para solucionar el angustiante tema de la inseguridad. Por si fuera poco, lo que afirmó el ministro es falso, porque como se constató, los delincuentes violaron un portón, rejas, alarma, etc. para concretar su fechoría. Es que estamos metidos en una situación en la cual la noción asimilada es que lo normal es vivir en medio de robos, rapiñas, etc. A nadie se le ocurre ni pensar siquiera, que en otros lugares la gente viva tranquila y segura.

En un país con contralores parlamentarios y de opinión pública, Bonomi no podría seguir en su cargo. Descartada toda posibilidad de que la vergüenza que pasa y hace pasar a su gobierno le motive a dar un paso al costado, en el Uruguay se va asentando la penosa regla de que las autoridades del gobierno son más difíciles de remover que los funcionarios públicos indolentes. El funcionamiento natural de cualquier organización profesional, que llevaría a descartar a quien no cumple su tarea y todavía se vanagloria de eso y elude sus responsabilidades, aquí no se da. En nuestro país y por decisión soberana del pueblo en las urnas, hay un partido con patente de corso para gobernar sin ser responsable ni responder por sus acciones.

EDITORIAL