Los hechos se suceden y cada día que pasa viene a confirmar que el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela es una atroz dictadura que ya ni se preocupa por disimularlo.

Desconociendo la más elemental separación de poderes y los derechos humanos arrecian las medidas autoritarias al galope de la debacle de un régimen que hundió la economía y dividió a la sociedad de la tierra de Bolívar. En esta etapa, que indudablemente es su triste epílogo, es cuando se ve el peor rostro del despotismo que, insólitamente, muchos se niegan a condenar por simpatías políticas, lo que resulta, desde la perspectiva democrática uruguaya, simplemente deleznable.

El caso de Venezuela plantea el viejo asunto de la legitimidad de origen versus la legitimidad de ejercicio. Vale decir, en su momento Hugo Chávez y más recientemente Nicolás Maduro, ganaron las elecciones en un sistema en que los votos se contaban generalmente bien. Existían por cierto presiones de todo tipo, amedrentamiento a la población, limitaciones a la libertad de prensa y hasta presos políticos, pero los votos se contaban y por lo tanto la comunidad internacional reconocía a los gobiernos chavistas.

Demos por buena esa legitimidad de origen a pesar de los problemas reseñados, luego ni los gobiernos de Chávez ni menos aun el de Maduro tienen la más elemental legitimidad de ejercicio. Un gobierno —ningún gobierno— puede hacer lo que se le cante, esa es la garantía fundamental para que los ciudadanos de un país sean libres. El no respetar la separación de poderes hace que penda de un hilo la libertad de las personas al enfrentarse, por ejemplo, a cualquier proceso judicial, y evidencia no falta. Un gobierno que cierra los medios de comunicación que no le gustan lo que opinan cercena derechos fundamentales, y ejemplos al respecto sobran. Encarcelar políticos opositores por participar en manifestaciones contra el gobierno ya bastaría por sí mismo para catalogar como autoritario al gobierno de Venezuela. A esta altura del partido solo un negador patológico de la realidad puede dejar de admitir que el pueblo venezolano sufre una ignominiosa dictadura.

Despuntó una luz de esperanza con el triunfo democrático de la oposición en las últimas elecciones legislativas, pero luego una justicia corrompida, como ha quedado largamente demostrado, y un Poder Ejecutivo que desconoce al Parlamento han hecho que la situación volviera a complicarse. Las noticias de los últimos días son particularmente tenebrosas, como la pretensión de obligar a trabajar a los empresarios so pena de expropiarlos, echándoles la culpa del desabastecimiento y de la inflación que solo es culpa del fracaso de la economía dirigida, como ha quedado demostrado a lo ancho del mundo y a lo largo de la historia.

Este mismo lunes Maduro aprobó un decreto de neto corte dictatorial, por el que queda facultado para tomar las medidas "de orden social, ambiental, económico, político y jurídico que estime convenientes". Por si falta algo, en buen romance está desconociendo al Parlamento y proclamándose dictador, para que quede bien claro. No falta en los justificativos de esta aberrante resolución las acusaciones a la oposición de vínculos con grupos delictivos que son, naturalmente para cerrar con todos los estereotipos, financiados desde el exterior por agentes del mal que quieren desestabilizar la ejemplar democracia caribeña.

Ya hace un buen tiempo que cualquier persona honesta reconoce que Venezuela vive bajo una dictadura, pero ahora es la propia dictadura la que le da rango institucional a su crapulencia. Los organismos regionales, incluida la ubicua OEA, la inefable Unasur y el cantinflesco Mercosur no pueden seguir mirando para otro lado, es tiempo de condenar al gobierno de Venezuela, exigir la liberación de los presos políticos y la plena vigencia de los derechos humanos.

Le llevará un buen tiempo a Venezuela recuperarse de esta pesadilla, pero para comenzar a despertar necesita de toda la ayuda internacional que sea posible, en respaldo de los mártires que han arriesgado y arriesgan hasta su propia vida por la libertad. Y es el propio gobierno uruguayo —el presidente Vázquez y el canciller Nin Novoa— quien sin más demora debería estar a la altura de la altivez internacional que supo tener Uruguay condenando la situación y exigiendo responsabilidades en donde corresponde, comenzando por la cláusula democrática del Mercosur. Porque a la libertad se la defiende siempre o se es cómplice de la impostura cínica de que ha hecho gala el populismo latinoamericano que felizmente se bate en retirada.

EDITORIAL