Con el voto del diputado Fernando Amado, el FA logró la aprobación de una norma inconstitucional que lesiona la separación de poderes, afecta la estabilidad de las reglas de juego y es tremendamente dañina del Estado de Derecho.

La aprobación de la rendición de cuentas en la Cámara de Diputados implicó un triunfo político para el gobierno dado que logró imponer el proyecto que quería. Ante el desafío de no contar por primera vez desde que gobierna el Frente Amplio con mayoría parlamentaria propia, debió buscar el voto que le faltaba entre los diputados de la oposición y lo logró.

En algunos temas consiguió el apoyo del diputado independiente Gonzalo Mujica, en otros como los aumentos impositivos logró el apoyo del diputado de Unidad Popular Eduardo Rubio y para el tristemente célebre artículo 15 consiguió el voto del diputado colorado Fernando Amado.

Esta situación demostró que el gobierno tuvo la capacidad de conseguir la aprobación de su proyecto negociando de a uno con distintos políticos de otros partidos y al mismo tiempo puso en evidencia que los actuales partidos e integrantes de la oposición tienen problemas de coordinación.

Se puede ver que los apoyos desde fuera del partido de gobierno a la rendición de cuentas obedecen a distintas estrategias. Por un lado, Gonzalo Mujica ha declarado públicamente que va a trabajar por el triunfo de la oposición en la próxima elección y evitar el daño que le haría al país un nuevo triunfo oficialista, de lo que se deduce que su apoyo se verificó en temas concretos que compartía. Sin dudas que el aporte del diputado Mujica, en los temas programáticos que se propone trabajar y su mensaje desde una trayectoria con perfil propio dentro del arco opositor va a ser un aporte importante en 2019.

El diputado Rubio fue fiel a las premisas de su partido, por lo que no se le puede reprochar su voto coherente con sus ideas. Su voto fue decisivo para la aprobación de los aumentos tributarios, lo que es razonable dadas sus posturas a favor de incrementar el gasto público y la carga tributaria sobre la población, postura tradicional de la izquierda.

Finalmente, Fernando Amado votó el artículo 15 de la rendición, que es indudablemente la innovación más peligrosa que se incluyó en el proyecto. Básicamente introdujo una cortapisa política dentro de temas estrictamente judiciales en lo referente a las deudas que deba pagar el Estado, lo que además de groseramente inconstitucional lesiona severamente las instituciones económicas del país, la estabilidad de las reglas de juego y el Estado de Derecho, ni más ni menos.

La reacción reseñada por la prensa de las empresas dedicadas a la calificación del riesgo país, de lo que depende el mantenimiento del grado inversor, fue elocuente. No tendrá una consecuencia relámpago, pero el influir dentro del clima de negocios y la estabilidad de las instituciones necesarias para el desarrollo de la inversión tendrá consecuencias negativas en el mediano plazo.

La explicación de Fernando Amado evidentemente no puede convencer a nadie. Lo que presuntamente consiguió ya estaba acordado en la rendición de cuentas en la negociación parlamentaria por lo que simplemente se debió a una estrategia política, en el peor sentido del término. Es cierto que con estas movidas logra destacarse, pero al precio de hacerle un gran daño al país y a su propio partido, que lo reprimió severamente en su última convención como corresponde a la tradición republicana y democrática del Partido Colorado.

Una constatación política, aunque no una novedad, es que Amado no va a jugar a favor de la oposición en la próxima elección sino a favor del gobierno. Los movimientos tendientes hacia ello se confirmarán más temprano que tarde, pero es una variable que tendrá que tener en cuenta el resto de la oposición ya que de hecho el gobierno cuenta con 50 diputados en la cámara siempre que lo necesite. Quizá su influencia se limita a los próximos 2 años si no logra renovar su banca, posibilidad que aumenta a medida que se transformó de soldado de Bordaberry en un actor político frentista dentro de un partido con un núcleo de ideas y valores bien diferenciado del actual oficialismo.

Lo cierto es que el trámite parlamentario de la rendición de cuentas sigue y dado que el oficialismo cuenta con mayoría propia no parece razonable esperar modificaciones al proyecto. Quedarán las consecuencias institucionales de haber degradado una vez más la República, mancillado la Constitución y puesto intereses mezquinos antes que el bien general del país en el largo plazo. Un daño relevante que sigue comprometiendo la suerte del Uruguay, deslizándose una vez más en el tobogán de la irresponsabilidad, la demagogia y el oportunismo.

EDITORIAL