Es frecuente que se repita que hay que descentralizar la gestión de gobierno, entendiendo por ello pasar más y más funciones a las intendencias. Sin embargo, así entendida la descentralización, no solo no tiene nada que ver con crecer en materia de devolver decisiones a la gente, de empoderar a la ciudadanía como se dice ahora, sino que puede suponer además un desastre económico. Veamos.

El País ha difundido las cifras que reflejan la mala gestión de casi todas las intendencias más allá de cualquier orientación partidaria: déficits abultados y crecientes, endeudamiento, burocracia en aumento, clientelismo, apropiación de retenciones de salarios, no pago a la UTE por años, ineficacia en el cobro de tributos, etc. Lo que corresponde señalar pues, es que la descentralización hacia las intendencias no está demostrando en absoluto que suponga una mejor gestión de los recursos públicos. Salvo alguna excepción honrosa, más bien parece todo lo contrario.

Por otra parte, así como el reflejo socialista de nuestra sociedad supone cada vez más acciones a desarrollar por parte del Estado sustituyendo a los particulares, la descentralización municipal en los hechos supone casi lo mismo: una administración local que sustituye la centralización montevideana por la correspondiente pero departamental.

En efecto, el cambio nunca ha representado que el gobierno deje de hacer cosas cuya responsabilidad se pasa a los vecinos. Nada de eso. Por el contrario muchos intendentes se sienten gobernantes de una circunscripción territorial más chica pero también ultracentralizada. De ahí que cada comuna tenga su propia política de salud, de vivienda, su política de desarrollo agrícola, y hasta de relaciones internacionales...

Así las cosas, la descentralización no supone más que cambiar el lugar desde donde se lo sigue haciendo todo. Y el resultado, además de económicamente bastante dudoso, es con frecuencia un caos sin coordinación, con 19 centralizaciones, y nulo crecimiento de calidad institucional.

La descentralización que vale la pena supone otra cosa. Implica devolver acciones que el estado ejerce en nombre de la sociedad, a los propios ciudadanos. Y este es un desafío que debería enfrentar tanto la administración nacional como la municipal. Los gobiernos socialistas creen que su cometido está en hacer cada vez más cosas desplazando a la gente de sus funciones. Creen por ejemplo, que tienen el papel de educar, de proporcionar atención de la salud, de hacer caminos o viviendas. Los intendentes piensan en general lo mismo: juzgan una buena o mala gestión en función de cuántas obras han hecho: escuelas, comedores, policlínicas, etc. Descentralizar supondría por el contrario, asumir el desafío no de hacer sino de estimular a los particulares a hacer, por sí o a través de sus organizaciones.

Y esto es lo difícil de encontrar: intendentes que se resuelvan a hacer menos, a cobrar menos, a pedir menos recursos, pero para lograr mucho más, estimulando el esfuerzo de los particulares. Que haya en efecto más escuelas, pero promovidas o administradas por padres, más policlínicas barriales, pero gestionadas por vecinos organizados en sus mutualistas, o más comedores populares, pero gestionados por tantas instituciones de bien público, confesionales o no.

Estamos demasiado acostumbrados a pedir a la administración —nacional o departamental— que haga, y no a que ayude a que los ciudadanos lo hagan. Y eso es un atraso. El principio de subsidiariedad, que no otra cosa es la descentralización, implica que el estado debe ejecutar una labor cuando advierte que los particulares no la realizan adecuadamente, por imposibilidad o por cualquier otra razón. Al mismo tiempo, este principio pide al estado que se abstenga de intervenir allí donde los grupos o asociaciones más pequeñas pueden bastarse por sí mismas en sus respectivos ámbitos. E implica asimismo la responsabilidad de promover y ayudar a esas instituciones intermedias —la primera de todas la familia— para que puedan crecientemente resolver sus asuntos, dejando lo que no se puede al estado, primero en su circunscripción local, luego regional, finalmente nacional.

Descentralizar no es pues, pasar la gestión de un organismo nacional a mil miniorganismos municipales; y menos hoy en el siglo de la comunicación. Descentralizar de verdad, como objetivo político tanto de gobernantes nacionales como departamentales, supondría devolver a los vecinos, a sus organizaciones, la capacidad y decisión de hacer en lo suyo, en lo que es de su propiedad o de su responsabilidad.

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