Editorial

Derechos humanos en Venezuela

El Informe 2015/2016 de Amnesty International describe el panorama, no siempre alentador, de los derechos humanos en nuestra región. En la sección sobre Venezuela, Amnesty dice que "Continuaban las agresiones y la intimidación contra defensores y defensoras de los derechos humanos y contra periodistas.

Las personas que se oponían políticamente al gobierno afrontaron juicios sin garantías y encarcelamientos.

Hubo nuevas denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y de las fuerzas de seguridad; tal práctica se saldó con decenas de muertes, algunas de ellas en circunstancias que apuntaban a que podía tratarse de homicidios ilegítimos. La mayoría de los responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas de 2014 no comparecieron ante la justicia, y preocupaba la falta de independencia del poder judicial. Se deportó, desalojó forzosamente y maltrató a personas refugiadas y solicitantes de asilo colombianos".

En lo que se refiere al caso del líder político opositor Cristóbal López, el informe señala que "En septiembre, Leopoldo López, preso de conciencia y lí- der del partido de oposición Voluntad Popular, fue declarado culpable de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio intencional durante las protestas de 2014. Fue condenado a 13 años y 9 meses de prisión. No existían pruebas fehacientes que respaldaran las acusaciones y las declaraciones públicas realizadas por las autoridades antes de su condena; el presidente pidió su encarcelamiento, y socavó así gravemente el derecho del acusado a un juicio con las debidas garantías".

Es importante que Amnesty haya reconocido que López es un preso de conciencia, una persona que, "sin haber utilizado la violencia ni haber propugnado su uso, es encarcelada o sometida a otras restricciones de su libertad a causa de sus creencias, su origen étnico, sexo, color o idioma".

Estas conclusiones recuerdan otros informes similares. Así, Human Rights Watch, concluyó que bajo el liderazgo del presidente Maduro, "la acumulación del poder en la rama ejecutiva del gobierno y la erosión de las garantías de los derechos humanos le han permitido al gobierno intimidar, censurar, y perseguir a sus críticos, conduciendo a niveles cada vez más altos de autocensura".

La respuesta del gobierno del presidente Maduro ha sido atrincherarse detrás de una interpretación incorrecta del principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados.

Hace tiempo que el respeto por los derechos humanos dejó de ser un asunto de exclusiva competencia de cada Estado para ser una preocupación global y, en el caso de nuestros países, regional.

Existe una estructura de tratados globales y regionales en los cuales los paí-ses parte asumen obligaciones recíprocas para el respeto de los derechos humanos.

Los primeros incluyen a la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966.

En nuestra región tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José); la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos que Venezuela denunció el Pacto de San José. Un hecho revelador que no ha sido registrado debidamente por los cultores del realismo mágico bolivariano en nuestros países.

Finalmente, pero no menos importante por ello, se encuentran los acuerdos concluidos dentro del marco del Mercosur que incluyen el Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Mercosur; el Comunicado Conjunto de la reunión en Asunción (diciembre 2015); y la Declaración Especial sobre el Protocolo de Asunción aprobada en la misma Cumbre.

En la Declaración los países dejaron constancia de que la "plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales" son pilares indispensables del desarrollo y del proceso integrador del Mercosur. Los Estados tienen el deber de cumplir con las normas internacionales sobre los derechos humanos en su territorio y el deber de velar porque los demás Estados lo hagan en el de ellos. El voto de los venezolanos en las recientes elecciones muestra el hartazgo de la gente con el régimen.

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