Cuando el Pit-Cnt defiende la ocupación de los lugares de trabajo como una medida moderna y progresista, oculta que una medida así no se permite en ningún país moderno y progresista del mundo.

El presidente Vázquez hizo una aparición triunfal en la sede de la OIT en Ginebra, donde reivindicó que nuestro país sería una especie de paraíso global de las relaciones laborales, y defendió las negociaciones salariales y el derecho de huelga. Su discurso fue parecido a decir que es preferible ser rico y sano que pobre y enfermo. Y como tal, recibió el caluroso apoyo de los estamentos burocráticos internacionales que confluyen en esa ciudad tan asociada a ningún tipo de conflicto ideológico. El problema vino después.

Es que la delegación del Pit-Cnt uruguayo volvió a la carga con una serie de conceptos anacrónicos y trillados, como defender la ocupación de los lugares de trabajo como parte integral del derecho de huelga, a la vez que se explayó sobre cuestiones políticas internas ajenas, haciendo críticas severas a la situación de Argentina o Brasil. Se ve que Venezuela es un paraíso de las relaciones laborales, de estabilidad democrática y de convivencia, porque de eso no se dijo nada. Van más de 50 muertos en un mes, por si hace falta recordarlo.

Pero volvamos al tema central, y es el de la ocupación de los lugares de trabajo.

Lo primero que cabe señalar es que se trata de una medida que no se permite en ningún país mínimamente civilizado del mundo, y que la OIT en varias oportunidades ha señalado su falta de legitimada. ¿Por qué? Por varias razones.

Empecemos por la más obvia: es una medida de raíz innegablemente violenta, lo cual va radicalmente en contra de toda forma de diálogo social. El derecho de huelga se basa en una capacidad de no hacer, o sea, como ciudadano que tengo un contrato laboral, el mismo implica que se me pague un salario por hacer determinada actividad. Pero si yo no quiero hacerla, nadie me puede obligar a ir contra mi voluntad. Punto.

¿Qué sucede con la ocupación? Que es todo lo contrario a lo anterior, o sea es una imposición que se ejerce sobre otras personas, a las que se les impide ejercer una serie de derechos constitucionales. Se les impide a los patrones ejercer su derecho de propiedad, al negarles el acceso y el uso de un bien legítimamente adquirido por ellos. Se les coarta a patrones y a trabajadores que no comparten la medida o que no están agremiados, la libertad de circulación, al negarles el acceso al lugar de trabajo. Y por último, se les limita a esos otros trabajadores nada menos que el derecho a trabajar.

Ahora bien, ¿cómo se limitan esos derechos constitucionales? ¿Cómo se evita que el propietario de una empresa o los trabajadores no huelguistas hagan valer estos derechos constitucionales? Lisa y llanamente, con la violencia, o la amenaza de ella. Hemos tenido varios casos en Uruguay de gente que ha sido agredida por patotas gremiales por resistir a este tipo de ocupaciones, y si no hemos tenido más casos, ha sido porque la complicidad de las autoridades ante estas medidas hace que la mayoría de la gente agache la cabeza y se deje pisotear antes de enfrentarse a un perjuicio mayor.

Todo esto está en las antípodas de unas relaciones laborales sanas, modernas y "progresistas". Es volver a la ley del más fuerte, es ignorar los derechos básicos de algunos ciudadanos, y es fomentar el germen de la violencia social.

Una medida así no se acepta en ningún país del mundo que tenga tasas dignas de desarrollo humano. Y si algo ha aprendido la civilización global en el último medio siglo es que los discursos que agreden al derecho de propiedad son un factor negativo para el desarrollo de las relaciones laborales, y nefastos justamente para los sectores más humildes de la sociedad.

En el único caso que una ocupación puede tener justificación es cuando corre peligro el cobro de créditos laborales por la pérdida o desaparición de las instalaciones que operan como garantía de esos cobros, ante una crisis terminal de una empresa. Todo lo demás es inaceptable, violento y anticonstitucional.

Que el Pit-Cnt defienda esta postura es comprensible, cuando se ve que buena parte de sus dirigentes son a la vez jerarcas de uno de los partidos comunistas más retrógrados, anacrónicos, y hasta hipócritas del mundo. Son los mismos que van a China y vuelven embelesados por el progreso de un país que comenzó a avanzar cuando se liberó del yugo de buena parte de los conceptos ideológicos que aquí todavía se defienden como sagrados. Lo grave es que un presidente democrático como Vázquez se sume a esta postura.

Aunque después de escucharlo decir que Venezuela es una democracia, en momentos en que pasa lo que todos vemos que pasa cada día en un país arrasado por la corrupción y la violencia, se puede entender este tipo de postura.

EDITORIAL