Hay una plaga peor que la del dengue, el zika o el chikungunya. Es la epidemia de politiquería "bien pensante" que afecta al debate en Uruguay. Y que desde las tribunas políticas, los foros o las redes sociales, pretende imponer verdades que no son, generar enemigos donde no existen, o darse un baño de beatitud que ni el Papa Francisco.

La semana pasada El País publicó un par de notas interesantes. La primera, un informe sobre la situación de trancazo que existe en la negociación salarial en el sector de los trabajadores domésticos. Esto se da pese a que el gobierno, cuando se lanzó esta instancia tuvo la chance de digitar quiénes serían todos los actores. Explicamos: no hubo nadie que se abrogara la representación de la patronal (tema harto complejo), por lo cual se estableció una Liga de Amas de Casa, de dudosa representatividad. La sindical, ya se sabe como las gastan los "socios" del Pit-Cnt, y el gobierno es el gobierno.

Pues bien, ese triplete en forma muy armónica estableció normas específicas, fijó pautas de aumento y lanzó medidas de fiscalización y contralor sin mayores oposiciones. ¿Quién no iba a querer mejorar la situación de una de las ramas más sumergidas de la actividad laboral?

La nota de El País era reveladora porque mostraba que quien tranca la negociación es el propio gobierno, ya que en los últimos años esa actividad ha perdido unos 7.300 puestos de trabajo, la segunda que más ha padecido en el país. Desde el gobierno se teme ahora que la fijación de aumentos demasiado significativos genere todavía más pérdida de puestos de trabajo, cosa que no parece afectar ni a los representantes de la "patronal" ni a la de los trabajadores sindicalizados. Se sabe, los desempleados, no tienen gremio.

El domingo siguiente a la publicación de esa información, un pequeño suelto aparecido en esta página comentaba el hecho, y afirmaba que el dato era previsible. ¿Por qué? Porque el mercado tiene leyes que son tan implacables como las de la física: uno podrá querer que un empleado gane lo máximo posible, pero si los empleadores no están en condiciones de pagarlo, lo que va a pasar es que va aumentar el desempleo.

Esa piecita, de apenas unos 600 caracteres, desató una tormenta en las redes sociales, donde una legión de opinólogos y dirigentes oficialistas de segundo y tercer orden, salieron furibundos a decir que la misma era una muestra de egoísmo, falta de sensibilidad social, de espíritu oligárquico, y algún calificativo de "facho" voló por ahí, con la facilidad habitual. Vale la pena repetir, la pieza solo afirmaba lo obvio: si usted fuerza la mano de un lado en una negociación laboral, la consecuencia lamentable es que alguna gente va a optar por terminarla. Sobre todo en un contexto de caída de la actividad económica. Nadie dijo que estaba mal la regulación, ni la fijación de montos, ni exigir cumplir con la ley. El tema tiene, además, un agravante. Durante el gobierno pasado, desde el Ministerio de Trabajo se habló mucho del tema de las inspecciones y de la verificación del cumplimiento de las mismas. Varios jerarcas apelaron a la retórica de la lucha de clases, mencionaron explícitamente que iba a haber inspecciones sorpresa en hogares, y hasta el entonces director de Trabajo informó de un protocolo especial, que incluiría que inspectores observaran las casas de familia, vieran el movimiento de entrada y salida de gente, para así confirmar los datos obtenidos en las consultas.

En momentos en que hay una psicosis importante con el tema seguridad, es de imaginar que tal comentario no debe haber estimulado a mucha gente, sobre todo a personas mayores, a la contratación del servicio.

Ahora bien, la legión bien pensante no se preocupa por las 7300 personas que quedaron sin trabajo, ni en las que pueden quedar a futuro. La gran indignación es contra un artículo que dice lo obvio. Es parte de esa estrategia que tiene mucho operador oficialista de querer desviar la atención de los efectos negativos de sus decisiones, buscando encontrar enemigos y ogros en una sociedad que no los tiene. Uruguay tuvo una de las regulaciones laborales más benignas para el trabajador en el mundo, mucho antes de que llegara el Frente Amplio al poder. No hay nadie con un mínimo de representatividad que defienda la explotación en este país, ni el incumplimiento de las leyes. Los ogros derechosos están solo en su cabeza.

Pero cuando la realidad deja en evidencia que algunas medidas que se toman, a la larga perjudican en vez de beneficiar a los más débiles, sería de orden asumirlo, en vez de culpar a otros. No parece que sea pedir demasiado.

Editorial