Frente a esta situación, la responsabilidad es ahora de los partidos de oposición en el Parlamento: ¿van a seguir legitimando estos curros o van a denunciar que en verdad son vergonzosos acomodos compañeros?

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) presenta su informe de actividades a la Asamblea General a inicios de cada invierno. Este año, además de recibir ese balance de 2016, el Parlamento deberá analizar la renovación de su consejo directivo por cinco años más.

Las prioridades en 2015 fueron dos: avanzar en el ingreso de funcionarios para formar una burocracia de 28 personas e iniciar las obras en la sede de la institución. En 2016, fueron incorporar funcionarios, acompañar la remodelación de su sede, consolidar procesos internos de trabajo y difundir tareas: más o menos lo mismo que en 2015, pero expresado en lengua progresista para que parezca más serio y trabajador.

La INDDHH dice cumplir una función como mecanismo nacional de prevención de la tortura. Narra en su balance de 2016 informes y recomendaciones que realizó luego de visitas a centros de reclusión. En realidad, apenas se analiza un poco ese balance, la actividad parece redundante: es una tarea muy similar a la del comisionado parlamentario para el sistema penitenciario. Por otro lado, para intentar mostrar su utilidad institucional, la INDDHH señala que hay un aumento sostenido de los casos atendidos: 568 en 2015 y 584 en 2016. Pero en realidad no es así: en 2015, más de la mitad de esos casos no tuvieron andamiento; y en 2016, cerca del 40% de las denuncias que recibió fueron redundantes, puesto que en verdad el Estado ya se estaba ocupando de ellas por vía administrativa o por vía jurisdiccional.

Uno de los integrantes del consejo directivo actual declaró que el objetivo de la INDDHH es transformarse en un "poder moral" de la República. En este sentido, por ejemplo, el balance de 2016 dedica un capítulo entero a la "promoción y educación en derechos humanos". Allí, nadie encontrará nunca ninguna referencia histórica a la violación de los derechos humanos, por ejemplo, por parte de la guerrilla izquierdista de los años 60 y 70. Y no es que la INDDHH no se ocupe de la historia reciente: su balance de 2016 incluye un apartado entero dedicado a "actividades de promoción y educación para la memoria", en el que destaca un anteproyecto de ley que "promueva una institucionalidad para desarrollar políticas públicas sobre verdad, memoria y justicia". La idea, dice, es "aportar en el desarrollo de una democracia fuerte".

¿Cuánto cuesta mantener esta parafernalia institucional de la INDDHH? En 2016, aproximadamente 2,5 millones de dólares. En 2015, se presentó un informe que mostraba cuánto ganaban los miembros del consejo directivo: unos 6.100 dólares por mes cada uno. Para disimular esos salarios altísimos, este año la INDDHH presentó las remuneraciones de los directivos junto con las de otros 28 cargos presupuestados, sin discriminar. En su página web, el disimulo pasa por presentar los salarios de los consejeros con fecha vieja: enero de 2013.

Sin embargo, es posible calcular que a julio de 2017 cada salario nominal de cada consejero director es de unos $140.000 mensuales, sin contar aguinaldo, cargas y beneficios sociales. Se trata así de una preciosa renta estatal propia de una acomodada elite económica, ya que forma parte del pequeño grupo del 1,5% de los salarios más altos del país. Y es un monto que explica, también, por qué se presentaron 16 precandidatos a integrar un consejo de cinco miembros para el próximo quinquenio.

En todo el Derecho Internacional comparado, la INDDHH es la única institución de este tipo que es colegiada. La pregunta que cualquier buen administrador debe hacerse es elemental: ¿es necesaria esta estructura con estos costos para hacer estas tareas? ¿No sería mejor que hubiera un simple defensor en derechos humanos (DDHH) de forma de dar una señal de austeridad y bajar así el costo del Estado?

Pero además, ¿no existe ya un secretario de DDHH en Presidencia de la República que cobra unos $ 95.000 al mes sin contar beneficios sociales, y con funcionarios a su cargo que cumplen tareas similares a las de la INDDHH? La realidad es que cuando se ventilan las verdaderas tareas sobre DDHH de tantos funcionarios públicos acomodados con excelentes salarios, cualquiera se da cuenta de que ellas son simplemente discretos curros que benefician a amigos del gobierno.

Frente a esta situación, la responsabilidad es ahora de los partidos de oposición en el Parlamento: ¿van a seguir legitimando estos curros o van a denunciar que en verdad son vergonzosos acomodos compañeros? Es una buena oportunidad para mostrar si son oposición en serio o no.

EDITORIAL