editorial

La culpa es del Gran Bonete

La gran habilidad de los gobiernos del Frente Amplio consiste en imponer la idea que las deficiencias de su gestión, que cada día que pasa son más palpables y graves, son solo errores.

Pobre del que ose pensar en deshonestidad, coimas, amiguismo, clientelismo o cosa parecida. ¡De eso nada! Algo que solo puede pasar bajo gobiernos de otros partidos. En el caso del FA, son solamente equivocaciones. Y por supuesto, nadie es responsable de ellas ni del dinero que le cuestan y le han costado al país.

Es decir, a todos los uruguayos que regularmente aportan con el impuesto a los ingresos, (porque renta no es), a la compraventa con el IVA más alto del mundo, el Imesi, el patrimonio etc, etc. amén de los municipales. Como por ejemplo en Montevideo, donde aparte de la Contribución Inmobiliaria, los Tributos Domiciliarios que antes eran menores, ahora suben y suben, sin que nadie sepa porqué le cobran dos veces por el mismo bien, aparte del saneamiento y de paso, el Impuesto de Primaria, además de tener que aportar también para el Impuesto al Patrimonio. Aquel que Astori había dicho iba a eliminar progresivamente tras la reforma tributaria.

A pesar de los resultados calamitosos de las empresas del Estado, inclusive los ascienden en cargos públicos y en rango político. O los mantienen en la misma cartera en la cual han demostrado su ineptitud o en el puesto en el cual han brillado por su inoperancia. Por citar algunos nombres; Martínez y Sendic en Ancap, Bonomi en Interior, Netto en el Codicen y la lista continúa. Y aún se ampliaría, si otras comisiones investigadoras parlamentarias empezaran a meter la nariz en otros Entes Autónomos o en las numerosas subsidiarias o firmas paralelas nacidas a su sombra. Pero difícilmente vote el oficialismo otra investigadora, después de las cosas que se han ido destapando. Por ejemplo, la última nota sobre Ancap es que el Gerente de Auditoría reconoció en el Parlamento que hace 10 años que no se hace una auditoría global de las contrataciones de publicidad. Coincide esto con el escandaloso caso de la Agencia La Diez, elegida a pesar de los severos cuestionamientos del Tribunal de Cuentas. La única excepción; un convenio con Cutcsa y algunos eventos. A la vez reconoció que en 2014 se constató un crecimiento importante de las contratas de consultoras, por lo que sugirieron (¿amablemente?) racionalizarlas, ya que su seguimiento resultaba dificultoso.

Como si esto fuera poco, no hubo frecuencia de auditorías, nada menos que en las compras de crudo, la importación más onerosa de la empresa. El Sr. Gerente dijo no recordar si se hicieron antes del 2012. "Tendría que analizarlo", agregó. Y la otra perla del collar, es que las compras de petróleo, Ancap las hace utilizando un fax. Como hubo quejas de los suministradores, pues este medio no les generaba garantías, aclaró que pasó a guardar el aparato bajo llave. Tampoco auditaron, como lo resaltara el senador nacionalista Cardoso, el proceso por el cual Ancap perdió 36 millones de dólares extrajudicialmente, frente a una empresa que lo demandó por la construcción de la desulfurizadora.

Qué decir de la aventura de la regasificadora. Porque el tamaño del barco que pensaban traer, el de mayor capacidad del mundo, tenía más de fantástico que de realismo. Tanto como el proyecto con una inversión total de 1500 millones de dólares. La gran ironía, cuando todo lo demás se ha detenido hace ya ocho meses, es que la única empresa que cumplió con lo pactado, fue la que construyó la embarcación encargada por GNLZ, para este propósito por 15 años. Con posibilidad de generar de 10 millones de BTU, cuando Uruguay necesita 3 o 4 millones en el peor de las calamidades climáticas. Un absurdo, porque el supuesto gran cliente, Argentina, cuenta con grandes reservas gasíferas propias. Si bien el Presidente ahora quiere meter el freno de mano, la Ministra Cosse en la interpelación impulsada por el diputado Pablo Abdala, intentó hacer ver que todo estaba muy bien. Que se habían cobrado los US$ 100 millones de garantía y se había firmado un acuerdo de rescisión. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico no da ninguna tranquilidad.

El dinero no cubre el gasto de obras conexas como el gasoducto, el dragado del canal que quedó inconcluso y no es fácil que se pueda terminar porque encontraron una roca de 1KM de largo y 0,60 de ancho. No lo detectaron los estudios previos de los que debía encargarse la creada Gas Sayago, con un elevado costo burocrático -US$ 4 millones anuales, 2 solo para sueldos- de la gerente en adelante. Seguramente vendrán denuncias penales de los proveedores a los que se les deben entre 15 y 20 millones de dólares.

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