La reciente debacle de Ancap, los malos resultados de otros entes estatales y el desarrollo de un deficitario conjunto de empresas subsidiarias conocidas como el "estadito paralelo" han generado tanta inquietud a nivel político que existen varios proyectos de ley para ponerle a coto a la mala administración y a la consiguiente sangría de recursos públicos.

No es para menos habida cuenta de la millonaria asistencia que se le debió prestar al ente petrolero y de los datos poco alentadores procedentes de otras empresas estatales.

La propuesta más llamativa para remediar esa situación proviene del propio Frente Amplio impulsada desde el gobierno por el astorismo y que propone legislar para establecer mayores controles en el manejo de los entes y sus colaterales.

El grupo político dirigido por el ministro de Economía pretende, entre otras cosas, limitar la publicidad de los entes para evitar abusos como los perpetrados en la pasada administración principalmente en Ancap con gastos anuales superiores a los 10 millones de dólares e incluso con Antel cuya abundante cuenta publicitaria nunca terminó de conocerse en detalle debido a la negativa del ente a suministrar información al respecto.

En esa tentativa de reforma también se reclama que los jerarcas de los entes públicos así como los de sus colaterales tengan en el futuro responsabilidad civil por las decisiones que adoptan en el ejercicio de sus cargos, lo cual supone una reforma del Código Penal. Otra iniciativa plausible que tiende a evitar el uso político de los cargos de dirección en los entes estatales —algo que se volvió frecuente en los últimos años— es impedir que quienes los ocupen puedan ser candidatos a cargos electivos en la elección siguiente por lo que deberán esperar para postularse a que se cumpla un quinquenio de gobierno. De ese modo se busca que pierdan el interés por adoptar resoluciones que, positivas o no para el ente, terminen sirviendo a sus intereses político-electorales.

Estas inquietudes se comparten en la oposición que también elabora proyectos como es el caso del Partido Nacional que ante todo procura someter a la decisión del Poder Ejecutivo la creación de sociedades colaterales por parte de los entes autónomos. Como se sabe, esa red de colaterales que se rigen por el derecho privado y están fuera de control de organismos tales como el Tribunal de Cuentas es motivo de preocupación por el escaso conocimiento existente sobre sus actividades y por la falta de eficiencia que denotan.

Se sabe que en 2015 esas colaterales que son alrededor de 30- perdieron en conjunto una suma superior a los 50 millones de dólares después de dedicarse a actividades tan dispares como prospección minera, producción de azúcar y alcoholes, fabricación de bebidas, servicios de conectividad, asesoramiento informático, administración de parques eólicos, manejo de un gasoducto y el abastecimiento de agua potable en algunas zonas del país entre otras muchas tareas. Un aspecto en el que se centra el proyecto del Partido Nacional es en la necesidad de que este elenco de empresas públicas o semi-públicas sea manejado por personal especializado y de probadas condiciones. Una de las ideas es que todas ellas cuenten con un gerente general que sea el principal responsable de las funciones ejecutivas. Igualmente se quiere que cada área cuente con expertos en la materia para evitar que pasen desastres como los de Ancap en donde, por citar un ejemplo, no había un gerente financiero para una empresa gigantesca que afrontaba de continuo problemas de índole financiera que, dicho sea de paso, finalmente terminaron mal resueltos. La falta de dirigentes preparados para ejercer sus respectivas funciones queda patente en ciertas estimaciones académicas de las cuales surge que apenas el 20% de los directores de Ancap, Ute y Antel tienen formación en dirección de empresas. Ese estado de cosas es resultado de la predilección de los partidos por nombrar a directores políticos que llegan a los directorios de los entes públicos carentes de preparación y conocimientos en cada área específica. Cualquier reforma que se apruebe en el futuro debería atender a esta carencia, aunque tampoco sea eso una total garantía, ya que en el Codicen de la Anep es preciso haber actuado como mínimo diez años en la docencia como experiencia previa.

Lo que está claro es que los entes autónomos y sus colaterales no pueden seguir así. Es hora de reformar sus estatutos jurídicos y de discutir profundamente el rol de nuestro inmenso Estado que ha ido acaparando actividades que más corresponden al sector privado.

EDITORIAL