EDITORIAL

Competitividad por ley

No se ha visto hasta ahora ningún resultado, lo cual no es de extrañar, porque tal como se titula este artículo, la competitividad no se arregla con legislación voluntarista. El costo país que debe llevar al hombro la producción uruguaya es muy alto.

Si hay algo en lo que Uruguay sobresale, es en su infinita imaginación para crear Organismos, Sistemas, Gabinetes, Comisiones, Secretarías, Programas, el Plan tal o cual, etc. Y de todos ellos surgen nuevos gastos burocráticos de índole diversa. Papelería, timbres, computadoras, monitores, celulares, asesores y asesoras, secretarios y secretarias, directores y directoras, (no faltaba más), automóviles, oficinas, choferes (choferas no se han visto tantas), equipamiento lumínico, etc.

Algo no muy distinto a lo que sucede con las leyes, ya que para cada problema, se vota una ley y a otra cosa. A pesar de que a menudo se pierdan meses en discusiones inconducentes, como si bastara con la sanción de una ley o inclusive la mera elaboración de un proyecto, para que se entienda que la cuestión queda resuelta. Que la ley se pueda aplicar y sirva para el propósito primigenio o que la reglamentación no quede atascada en un cajón, es otra historia.

Pero también es grande la capacidad de credulidad que hay entre los orientales y de ello dan fe los titulares y las notas audiovisuales, de prensa, que cada anuncio de estos merece y la buena voluntad con que los presumibles destinatarios las acogen.

Así sucedió, por ejemplo, con la ley sancionada a fines del año pasado que dio origen a un flamante Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad. El nuevo Sistema apunta a la mejora de "la competitividad sistémica" —nada menos— a "impulsar un proceso de transformación productiva" y otras aspiraciones igualmente ambiciosas. Para ello se armó un Gabinete de numerosa integración. Ministro de Relaciones Exteriores, de Economía, de Educación, de Industria, de Trabajo, de Ganadería, de Turismo, de Vivienda y por supuesto, el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

No se ha visto hasta ahora ningún resultado, lo cual no es de extrañar, porque tal como se titula este artículo, la competitividad no se arregla con legislación voluntarista. Detrás del parate de nuestra pequeña industria local, por más esfuerzos y dedicación que le pongan los empresarios, el costo país que debe llevar al hombro la producción uruguaya es muy alto y por lo tanto la vuelve muy cara. Cara para competir en los mercados mundiales y cara aún para sobrevivir en el mercado interno que evidentemente no alcanza para que el país se pueda poner de pie. Así seguimos arrastrándonos en la mediocridad mientras los dirigentes gremiales continúan exigiendo subas de salarios, de horas extras, premios por cumplir con el trabajo (presentismo) etc. al tiempo que declaran su indeclinable lucha a favor de los trabajadores (ellos dejan de hacerlo en cuanto se convierten en dirigentes, a diferencia de otros países). Y esa ceguera provocada en el afán por escalar en su ascenso gremial, parece que no les permite ver que con tanta exigencia e intransigencia, va en aumento la desaparición de los puestos de trabajo, porque las cuentas no cierran. Y no se puede trabajar a pérdida, excepto en el Estado. Donde no hay patrones que se fundan, ni funcionarios que arriesguen su patrimonio o paguen acreedores.

Como si no fuera un hecho de la realidad que la construcción tuviese entre 70.000 y 80.000 contribuyentes y hoy solo tenga 45.000. Esto no solo se debe a que se haya dificultado la entrada de capitales para invertir en ladrillos, sino porque es tan cara la mano de obra, las cargas sociales, los días de paro, que se ha vuelto un negocio muy poco practicable. Pero la falta de competitividad y la baja productividad están afectadas además por otros costos, que provienen más directamente del Estado. Más allá de que este tenga también mucha incidencia en el alza de los costos laborales, siendo parte activa de las negociaciones que de tripartitas terminan siendo solo bipartitas. Son tan onerosas las tarifas, que la Cámara de Industrias pide modestamente, entre otras medidas, para no morir en el intento, que la UTE no les cobre el monto fijo mientras la planta esté cerrada por licencia de sus operarios.

Al mismo tiempo, para exportar hay que vérselas con una moneda sobrevalorada y producir con los combustibles más caros de la región, aun cuando el ministro Astori cándidamente afirme que aquí no hay tributos encubiertos. Aparte, este verano la carga tributaria volvió a subir. Se entiende que en la DGI se refrieguen las manos por el aumento de la recaudación, supuestamente por mayor actividad, pero lo cierto es que en enero los impuestos a la renta tuvieron una suba real del 15,8% y la presión tributaria sobre el trabajo asciende al 30,5%. Si acaso, Álvaro García (OPP), ya habló de otra reforma tributaria pensando en otro gobierno del F.A.

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