Editorial

Las cifras oficiales y la pobreza

La diputada Piñeyrúa abrió una justificada sospecha sobre los datos oficiales que definen cuántos son los uruguayos que viven por debajo de la línea de pobreza. Es un planteo tan importante como grave. Importante, porque refiere a un instrumento clave de evaluación de políticas públicas. Grave, porque pone en tela de juicio la credibilidad del Instituto Nacional de Estadística (INE).

lun may 12 2014

El tema de fondo es metodológico. El INE define la población pobre del país a partir del ingreso de las personas. Así, alguien es pobre si recibe por mes, a valores de marzo de 2014, menos de $ 9.648 en Montevideo, $ 6.455 en el interior urbano, y $ 4.341 en el interior rural. El problema es que para alcanzar esas cifras se computan distintos tipos de ingresos: salarios, asignaciones familiares, jubilaciones, etc. A partir de enero de 2008 pasó a computarse, también, la cuota mensual promedio del Fonasa.

La crítica de Piñeyrúa es elemental: ¿por qué incluir esa cuota del Fonasa, si la población más pobre sigue asistiéndose mayoritariamente en salud pública? Incluir el Fonasa en los ingresos de las personas sin tener en cuenta si ellas utilizan ese rubro efectivamente, implica aumentar estadísticamente sus ingresos. Pero es un aumento artificial. No quiere decir, en la realidad concreta, que ellas reciban todos los meses ese dinero- cuota del Fonasa.

El asunto tiene consecuencias políticas. Porque uno de los puntos altos que reivindica el Frente Amplio en el poder es la baja sustancial de la pobreza medida por el INE. En particular, para la población residente en localidades de 5.000 o más habitantes, según los resultados oficiales, se pasó de 36,6% de pobres en 2005 a 12% en 2013. Sin embargo, si se deja de lado el aumento artificial de ingresos que es producto del juego metodológico de incluir la cuota del Fonasa, el porcentaje de pobres superaría hoy el 17% del total de la población del país.

Así, el cálculo arroja que hay cerca de 200.000 uruguayos que deberían de agregarse a los que oficialmente viven en situación de pobreza según el INE. Con este cálculo más realista, la gestión del Frente Amplio, en el poder, presenta resultados no tan buenos como los que señalan las estadísticas para los años noventa. En efecto, en 1990, según el INE, los pobres en el país eran un 29,7% del total de la población. Para 1999 habían bajado al 15,3% del total -y en estos cálculos no hay trampa metodológica del INE.

Pero estos resultados no son aislados. Existe otro método que mide la situación de pobreza y es el que surge de los resultados del censo, conocido como el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Los cálculos que se hicieron con los datos del censo 2011 arrojaron que casi 1.068.000 personas, un 33,8% del total, vivían con al menos una NBI en ese año.

Los cálculos realizados a partir del censo de 1996 mostraron cifras similares: el 38,7% de la población vivía en aquel año con al menos una NBI. Por su parte, según el método de ingreso del INE, los pobres representaban el 17,2% del total en 1996, que es una cifra idéntica a la que según Piñeyrúa debiera de reflejar el índice de pobreza hoy, si no se hiciera la trampa metodológica de incluir la cuota Fonasa en los ingresos de los hogares.

Es evidente, que no es lo mismo vivir en un país en el que reside un 17% de pobres, a vivir en uno con un 11,5% de pobreza como quiere hacernos creer la cifra oficial de 2013 del INE. Sobre todo cuando esos resultados se dan luego de una década de crecimiento económico excepcional.

Así las cosas, el problema que deja planteado Piñeyrúa es doble. Por un lado, atañe a la credibilidad de las cifras oficiales y a la tarea del INE, ya muy golpeadas por los errores en la realización del censo de 2011. Por otro lado, refiere a la necesidad de sincerar los resultados de gestión de los gobiernos frenteamplistas en relación a la pobreza.

En este sentido, el atronador silencio con el que la inmensa mayoría de los académicos vinculados a las ciencias sociales ha disimulado las consecuencias del cambio metodológico que denuncia Piñeyrúa es muy preocupante. En vez de ser garantía de seriedad analítica, se han transformado en estos años en brazos burocráticos de la hegemonía cultural gobernante. Legitiman así un relato partidario-frenteamplista que tergiversa la realidad social del país.

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