La inversión en infraestructura registra un índice debajo de la media de los últimos 30 años de tal magnitud, que “salvadoras” inversiones que se esperan condicionan su radicación a una red de transporte carretero y ferroviario que se debió concretar mucho antes.

El Uruguay muestra indices en su economía más que preocupantes. Un déficit fiscal del 4% en aumento, una deuda externa que alcanza cifras históricas, una presión tributaria que compromete seriamente la competitividad del sector productivo y una tasa de desocupación que ha superado el 8%.

Todo esto se refleja en el cierre de empresas y en el retiro de capitales, sobre todo en el interior del país, afectando la base de nuestra producción basada en la cadena agroindustrial.

El Frente Amplio ha logrado que empresas de la industria pesquera, molinera, del sector lácteo y del automotor, no tengan posibilidades de ser reactivadas ni siquiera por el inexplicable Fondes, que surgió como instrumento de capitalización de empresas administradas por un sistema de autogestión que solo obtuvo resultados desastrosos.

Un ejemplo: Juan Lacaze, una ciudad que fue bastión político del partido de gobierno asiste a una realidad que compromete la suerte de cientos de familias que esperaban que los gobiernos progresistas no le extendieran su partida de defunción. La que se ha dado aunque con ciertas beneficios especiales, injustos respecto de los trabajadores del resto del país. Actualmente el seguro de paro se extiende a unas 35.000 personas que no solo no encuentran una salida laboral,

Los problemas que nuestra economía enfrenta tienen su causa principal en la política económica que se ha seguido en los últimos años. Un gasto público impresentable se asocia a un clientelismo político que se despreocupa de exigir contrapartidas de los beneficiarios y que se financia con más impuestos, la suba de tarifas públicas y la del combustible divorciada de la caída el precio del petróleo. A eso se agrega un dólar planchado, incapaz de compensar al sector exportador por los costos de producción que absorbe debidos a mayores exigencias del Estado para obtener recursos y una permanente conflictividad laboral.

El sector lanero es otro buen ejemplo. Su proceso industrial sufre un impacto importante en su cadena de valor al volver a exportar lana sucia y lavada, a pesar de inversiones millonarias en peinadurías, en particular, las realizadas por las cooperativas agropecuarias en el interior del país. Es cierto que el mercado internacional nos condiciona, pero también que la perdida de competitividad y rentabilidad del sector productivo es consecuencia de un Estado insaciable y de un sector público con gestiones desastrosas, en particular, de las empresas públicas y de sus decenas de sociedades colaterales sin control alguno.

Y si algo faltaba, la inversión en infraestructura registra un índice debajo de la media de los últimos treinta años de tal magnitud, que "salvadoras" inversiones que se esperan condicionan su radicación a la existencia de una red de transporte carretero y ferroviario que se debió concretar cuando se dispuso de los recursos necesarios.

En este sentido, debe insistirse en que la oposición acompañó en el Parlamento la aprobación de un marco regulatorio habilitando la participación pública y privada para realizar esas inversiones y que a este modelo se jugó todo el plan de obras del Frente Amplio. El resultado fue que los interesados no se presentaron, porque los índices que la economía muestra no son suficiente incentivo para compensar los riesgos que deberían asumir. Por eso, el gobierno no tiene otra vía que endeudarse para amortiguar el alarmante déficit fiscal al tiempo que no pone límite a los reclamos sindicales que comprometen la competitividad de las empresas y su voluntad de permanecer en el país, sobre todo cuando economías vulnerables como la nuestra son tomadoras de precios y de decisiones que se definen desde el exterior.

A todo esto, la sociedad sabe que no se ha concretado una sola de las reformas estructurales anunciadas: la del Estado, definida "como la madre de todas las reformas", exhibe como resultado 60.000 funcionarios públicos más en planilla; y la de la Educación, que fuera el tema central del discurso del Sr. Mujica, nos ha llevado a dejar de ser un reconocido país educado, a ser básicamente analfabeto con los efectos que esto tiene sobre la demanda en el mercado laboral. Los tiempos que vivimos no auguran un futuro estable. Las cifras hablan por sí solas. Los discursos ya no alcanzan ni siquiera para recuperar la confianza de los que pensaron que con los gobiernos progresistas tendrían una mejor calidad de vida. Las mayorías parlamentarias de las que dispuso el Frente Amplio durante sus gobiernos, ni siquiera fueron aprovechadas para ajustar la economía a un cambiante escenario global tanto en el comercio de bienes como en el de servicios. Lamentable.

EDITORIAL