EDITORIAL

Cataluña y el Derecho Internacional

En este caso, es indiscutible que la situación de la Comunidad autónoma de Cataluña formada por cuatro Provincias como lo recoge la Constitución española de 1976 se rige por el parágrafo 6 de la Resolución 1514 de las Naciones Unidas.

La situación vivida en Cataluña se ha tratado de analizar haciendo prevalecer el criterio político como ya es costumbre en nuestro gobierno, tanto en lo que refiere al derecho nacional como al internacional. En el Uruguay el Frente Amplio no solo es un cúmulo de retazos sectoriales sino de visiones ideológicas que hacen del derecho apenas una formalidad a utilizar según las circunstancias y de acuerdo a su conveniencia. La Constitución y la ley se interpretan y se desconocen con total discrecionalidad, mientras que el Presidente de la República desde su soledad institucional proclama estérilmente de espaldas a los integrantes de su fuerza política, que su gobierno actúa bajo el lema "dentro de la Constitución y la ley todo; fuera de ellas nada".

El Estado nacional, su organización administrativa, sus empresas públicas dependen de actos y decisiones que preservan sus instituciones, decisiones y por supuesto los valores que todas ellas representan. En contrapartida, el incumplimiento de esas normas tanto a nivel nacional como internacional está sujeto a sanciones destinadas a evitar que la impunidad al hacerse permanente pueda destruir el orden social. En otras palabras a que el fin justifique los medios.

En consecuencia, lo sucedido en Cataluña no tiene otra vía de análisis que el derecho y el respeto a los principios establecidos en la Constitución española y a las normas del Derecho Internacional que regulan su funcionamiento como parte de la comunidad internacional.

Desde que se incorporó a la Carta de las Naciones Unidas el principio de libre determinación, el proceso de descolonización posterior a la Segunda Guerra Mundial adquirió una fuerza incontenible y culminó con la resolución 1514 conocida como la Carta Magna de la Descolonización. Esta dispone que "todos los pueblos tienen el derecho de la libre determinación; en virtud de este derecho, determinan libremente su estatuto político y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural".

El objetivo compartido por toda la comunidad internacional era terminar con el colonialismo, teniendo en cuenta que la costumbre es la fuente del propio Derecho Internacional que obliga a los Estados miembro.

Sin embargo, esa resolución debió ser reglamentada para que un reconocimiento ilimitado del principio de libre determinación no fuera el instrumento de mo- vimientos irredentistas y de secesión de minorías en diversas partes del mun- do, llevando a "una fragmentación de los Estados existentes" como enseñara el Dr. Eduardo Jiménez de Aréchaga.

En consecuencia, un Estado como el español que representa la totalidad del pueblo perteneciente al territorio sin distinción, por motivos de raza, credo o color no puede admitir un planteo de secesión de parte o de un sector que lo integra.

En este caso, es indiscutible que la situación de la Comunidad autónoma de Cataluña formada por cuatro Provincias como lo recoge la Constitución española de 1976 se rige por el parágrafo 6 de la Resolución 1514 de las Naciones Unidas que dispone "que cualquier tentativa dirigida a destruir total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los fines y principios de la Organización.

En este contexto, es bueno que los improvisados juristas políticos nacionales tengan en cuenta que si bien sus opiniones son protegidas por el derecho de expresión y de pensamiento con las debidas garantías, los Estados como el Uruguay o cualquier otro "deben abstenerse de cualquier acción dirigida al quebrantamiento total o parcial de la unidad nacional e integridad territorial de cualquier Estado o país".

Otro tema es la forma en que procedió la policía nacional en Cataluña y las medidas que internamente deban aplicarse de acuerdo al derecho interno. Ese es un problema doméstico del Estado español que como se ha desarrollado no admite injerencia alguna de otros Estados, en aplicación del principio de no intervención al que el Uruguay contribuyó a incorporar a nivel interamericano la vez anterior que integró el Consejo de Seguridad, con la recordada participación de un eximio jurista, el entonces Embajador Carlos María Velázquez en tiempos del gobierno del Partido Nacional.

Antes y ahora la divisa "defensores de las leyes" sigue siendo la referencia obligada para cualquier interpretación que políticamente pretenda transformar el Derecho en un instrumento desechable si así lo consideran los enemigos de la Institucionalidad. Los nacionalismos que están de moda, crecen, se multiplican y se aplauden. Y si un Estado no los controla de acuerdo a derecho, el fanatismo y el rencor encontrarán el camino para sacrificar la razón, teniendo como primera víctima la coexistencia pacífica.

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