En febrero, entre los calores del último verano, pasó desapercibida una grave acusación contra el director de Casinos del Estado, Javier Cha. El acusador, conocido empresario y propietario de un stud en el Hipódromo de Maroñas, con expresiones muy duras tachó de irregulares ciertas acciones de Cha en una entrevista publicada en el semanario de izquierda Voces.

Ahora la presidencia de la República solicitó informes sobre la gestión de Cha tras conocer los cargos formulados contra él por el gremio de funcionarios de los casinos estatales.

A ello se agregan los antecedentes del conductor de los casinos, entre ellos la denuncia penal de que fue objeto tiempo atrás por la compra de máquinas tragamonedas. Si bien Cha fue exonerado de culpa en ese procedimiento, la fiscalía habló de "desprolijidades", un término que también aplicó recientemente al viaje del referido jerarca a Las Vegas por invitación de una empresa privada vinculada a la industria del juego.

Tratándose de un gobierno del Frente Amplio, de casinos y juegos de azar conviene andar con tiento en función de lo ocurrido en el pasado reciente. Es que el recuerdo de los sucesos de la primera administración de Tabaré Vázquez con el escándalo que tuvo como eje al exdirector de Casinos, contador Juan Carlos Bengoa, debería bastar para dar el alerta. Como se recordará, Bengoa fue procesado y condenado por los delitos de fraude y concusión junto a otros funcionarios que lo secundaron en sus maniobras dolosas. La sentencia, que fue apelada, resultó confirmada por la Suprema Corte de Justicia a mediados del año pasado.

A las acciones ilícitas de Bengoa —un integrante del Frente Líber Seregni conducido por Danilo Astori— la justicia las consideró causantes en buena medida de las pérdidas registradas en los casinos municipales entre 2000 y 2005. Esas pérdidas oscilaron en torno a los 15 millones de dólares, una situación que tuvo una especial resonancia pues no es común que los casinos pierdan dinero y más todavía en volúmenes tan elevados. Importa acotar que Astori incumplió hasta hoy su promesa de rectificarse en el firme apoyo que le otorgó a Bengoa.

En los procedimientos judiciales iniciados contra Bengoa y su gente también se analizó la conducta de sus jefes de la época, el entonces intendente Mariano Arana y la secretaria general de la comuna capitalina, María Julia Muñoz. Finalmente la justicia concluyó que Bengoa había actuado por su propia cuenta, sin informar de nada a sus superiores que resultaron completamente ajenos a sus enredos delictivos. Aunque fueron exonerados de cargos, la actuación de Arana y Muñoz quedó cuestionada pues debieron controlar las andanzas de su director de Casinos y no lo hicieron.

La mención de este precedente corresponde traerla a colación en este caso pues otra vez nos encontramos con un miembro del Frente Líber Seregni, el mismo grupo político que integraba Bengoa, en el timón de los Casinos del Estado. Ahora se trata de Javier Cha, cuyo nombre aparece de modo reiterado en cuestionamientos de diversa naturaleza, como se ha visto. En el área dependiente del ministerio de Economía, desde que asumió el gobierno del Frente Amplio la autoridad de Casinos se ha caracterizado por ser fuente de noticias —y no precisamente de las buenas— con mucha frecuencia.

En su mensaje a la Presidencia de la República el gremio de funcionarios abonó sus incriminaciones contra Cha con datos que demuestran que en los años 2013, 2014 y 2015 se produjo una "caída acumulativa, a valores constantes, de la utilidad bruta" de la Dirección General de Casinos. Según el gremio, los cambios realizados por Cha en la estructura del organismo "no se corresponden con criterios administrativos racionales, de buena administración". Y concluyen diciendo: "Son modificaciones sospechosas".

Hay otras denuncias gremiales sobre las transferencias de dinero que hace la Dirección a los dueños de caballos de carreras y a la empresa concesionaria de los hipódromos de Maroñas y Las Piedras. Se trata de unos 15 millones de dólares anuales. No es una cifra menor como sucede en general con las que desembolsa el organismo, como por ejemplo el millón de pesos mensuales que se pagaba por el arrendamiento de un edificio y que motivó el año pasado un pedido de informes por parte de legisladores de la oposición.

En suma, se trata de un cóctel espeso en donde aparecen envueltos otra vez los casinos públicos, sumas que se pierden o se gastan, y un director polémico. La Presidencia de la República tiene mucho para investigar.

EDITORIAL