La hegemonía cultural y política de izquierda, esa que narró hasta el cansancio su versión de los años de la dictadura, hoy no denuncia los asesinatos y las torturas en las cárceles. Prefiere callar antes que perjudicar al gobierno del Frente Amplio.

Lloverán críticas sobre este editorial por parte de la ideologizada hegemonía izquierdista del país. Sin embargo, los hechos que aquí se narran son la pura verdad: hoy la situación de los presos es igual o peor que la que se vivía en tiempos de la dictadura militar. Pero nunca mejor.

Hacia el final de la dictadura, en marzo de 1984, el coronel Silva Ledesma declaró que la justicia militar había procesado a 4.933 personas desde 1973. Por supuesto que no fueron los únicos que pasaron por las cárceles de la dictadura, porque también se calcula que probablemente unos 3.500 ciudadanos fueron detenidos aunque no procesados. En el mismo sentido, los tiempos de detención fueron variables y difíciles de estimar porque, dentro de la arbitrariedad generalizada del régimen, la justicia militar dilataba muchas veces la liberación del prisionero, aun luego de que ella fuera decretada por el juez militar.

Se sabe sí que en total murieron 69 personas en prisión en dictadura, 25 de las cuales fallecieron como consecuencia de torturas. Hubo 17 personas muertas en operativos callejeros después de junio de 1973. La dictadura fue responsable asimismo de la desaparición forzosa de 32 ciudadanos uruguayos en territorio nacional. También se conoce el perfil social mayoritario de las víctimas de la represión militar, ya que se trataba de personas por lo general más politizadas que el promedio y muchas veces simpatizantes de partidos de izquierda, aunque también las hubo de los partidos tradicionales. La inmensa mayoría de todas ellas formaba parte de esas amplias clases medias que caracterizaban al Uruguay de aquellos años.

Todos estos son datos conocidos. Y de todo esto se ha escrito, analizado y conmemorado en todos estos años, de forma de avivar la memoria de la tragedia social, política y humanitaria que significó la dictadura. Sin embargo, cuando se ven los datos de la actualidad, la situación es tan tremenda como la que sufrió el país entre 1973 y 1985.

Para empezar por los asesinatos que se producen en las cárceles. Claro está, en estos años no ha sido necesariamente la autoridad quien cometió los crímenes. Pero su inoperancia es la que permite que esos asesinatos ocurran: el Ministerio del Interior ha sostenido incluso la tesis de que no es garante de la salud e integridad física de los presos en las cárceles, lo cual bien puede ser considerado un disparate conceptual propio de uno de los tantos gobiernos dictatoriales que gobernaron Sudamérica en los años 70.

En 2016, hubo al menos 15 muertos por causa de homicidios entre presos en las cárceles. Pero no se trató de una excepción: en esta década frenteamplista, hubo un promedio de 10 muertes de este tipo por año. Los datos son inapelables: si se compara, hay muchos más muertos por homicidios en las cárceles entre 2005 y 2017 que entre 1973 y 1985.

También hay torturas y malos tratos. En su último informe anual, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario afirmó que en un tercio del total de las cárceles del país se violan los derechos humanos porque se aplica "trato cruel, inhumano o degradante" hacia los presos. El más recordado y reciente caso de esas violaciones quizá sea el de los presos que estaban desnutridos en el Comcar, centro en el que se sabe que en algunos de sus módulos los presos sufren hacinamiento y pasan semanas encerrados sin salir al patio.

Se sabe también que el sistema penal adolescente es un infierno. A fin de junio, una autoridad de la Organización Mundial contra la Tortura recorrió varios centros del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, y declaró que "todos los centros de detención en los que estuvimos constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes. Aunque no se haga nada, aunque no se produzca un hecho de violencia, sólo por las condiciones en las que están viviendo los jóvenes, por las condiciones edilicias, por las horas de encierro, por la situación en la que están, sin un plan, sin nada, por las condiciones en que duermen, por cómo son tratados".

Hay una gran diferencia entre las torturas de hoy y las de antes: hoy las víctimas son sobre todo jóvenes de clases populares, presos por delitos comunes, sin formación ni involucramiento político. Quizá sea por eso que la hegemonía cultural y política de izquierda, esa que narró hasta el cansancio su versión de los años de la dictadura, hoy no denuncia los asesinatos y las torturas en las cárceles. Parcial e hipócrita, prefiere callarse antes que poder llegar a perjudicar al gobierno del Frente Amplio.

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