EDITORIAL

El "brete" del Fiscal de Corte

La velocidad con que la fiscal Llorente (la misma que tuvo un rol protagónico en el caso Amodio Pérez) se sacó de encima las denuncias por delitos de integrantes del MLN tras el regreso a democracia, dejó mal parado al fiscal Díaz.

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, se ha metido en un serio callejón político. Lo ha hecho solo, por propia inspiración. Y es un callejón que puede afectar seriamente su credibilidad técnica y su apoyo político, en un momento clave para su institución y para todo el sistema judicial del país.

Todo comenzó cuando explotó la polémica por un libro que denunciaba que integrantes del MLN habían seguido con asaltos y robos tras el regreso de la democracia, y hasta fines de los años 90, con el fin de financiar su movimiento político. El libro reflotaba viejas versiones al respecto, y las complementaba con nuevos testimonios y datos concretos. Notoriamente, se trataba de información sensible y con relevancia penal muy actual.

Sorpresivamente, en un país donde los jueces se pelean por involucrarse en casos que tratan de peleas menores en partidos de fútbol, en declaraciones políticas microbianas, y hasta escriben artículos en la prensa sobre temas partidarios, aquí ningún representante del Poder Judicial pareció notar indicios delictivos creíbles, que ameritaran una investigación.

Sin embargo, el fiscal Díaz sí tomó cartas en el asunto, y envió de manera explícita un ejemplar del texto a la fiscal competente, Stella Llorente. Toda una declaración de principios, ya que los fiscales suelen ser muy celosos de su independencia técnica, y vienen teniendo por ese mismo tema, una fuerte puja con su autoridad administrativa, que es Díaz.

Pero Llorente no parece haberse tomado a mal la sugerencia. Tampoco parece haber tomado muy en serio su tarea, ya que en apenas un par de semanas, y sin haber tomado ninguna medida de profundización en el tema, mandó todo al cajón de los archivos. Se trata de una situación tremendamente delicada.

Para empezar, porque la fiscal Llorente tuvo un rol tan protagónico como polémico en el caso del extupamaro Héctor Amodio Pérez, contra quien mantuvo una actitud que cualquier testigo con experiencia en cuestiones judiciales no dudaría en calificar como de una agresividad llamativa. Se movió con gran celeridad para impedir su salida del país, apeló cada fallo contrario con enorme empuje, y fue un verdadero azote para el exguerrillero que vino a incomodar la versión oficial de la historia de sus excolegas, hoy en el poder.

Un detalle no menor, Llorente consideró que supuestos delitos cometidos en los 60 todavía eran pasibles de persecución penal y sin embargo ahora, otros crímenes supuestamente concretados en los 90 y 2000, ya habrían prescrito.

Lo de Llorente, es grave, porque reflota temores de politización en algunos sectores del sistema judicial penal. Justo en un momento en el que, con el cambio de proceso, los fiscales asumirán un rol determinante y muy sensible a los conflictos políticos.

Esto afecta también al Fiscal de Corte, una figura muy polémica, que se ha convertido en una especie de "superfiscal", con enorme visibilidad política, y que pretende ejercer una función de dirección técnica muy activa, sobre la tarea de sus subalternos.

Es importante señalar también que Díaz, en caso de lograr concretar su aspiración de ser el comandante en jefe de los fiscales, tendrá un poder inmenso y también con notorias connotaciones políticas. Lo que él no quiera que se investigue, en ese esquema, quedará por fuera de la Justicia.

Resulta que este caso pone la lupa sobre su actuación de manera contundente. Si incluso antes de que se ponga en marcha el nuevo proceso penal, ya tenemos un caso de enorme relevancia política, donde una subalterna designada casi a dedo por Díaz para investigar el tema, de manera liviana y displicente se lo saca de encima enterrando cualquier profundización, ¿qué cabe esperar a futuro? ¿Es esto una señal de los tiempos que vienen y de la manera en que se tratarán los asuntos que puedan afectar judicialmente al gobierno?

Realmente se trata de una situación alarmante. Y la posición de Díaz ha quedado severamente afectada. Es obvio, para cualquiera con mínima experiencia judicial, que la fiscal ha hecho un trabajo incompleto, sospechosamente desganado, con lo cual se entierra una causa de enorme impacto político. Y sus antecedentes elevan las sospechas a niveles al filo de lo aceptable. Con su actuación en este tema, Díaz se ha cargado al hombro todo el bagaje de sospechas que ya implican a Llorente desde hace tiempo. En un momento donde su equilibrio e independencia política son claves para dar respaldo a un rol nuevo y plagado de incógnitas, esta situación lo deja muy mal parado.

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