Las "certificaciones complacientes" se han convertido en un serio problema para las finanzas del Banco de Previsión Social (BPS) como lo prueba el creciente aumento en los pagos que hace la institución por seguros de enfermedad y jubilaciones por causa de invalidez.

En ambos casos hay dudas razonables sobre la actuación de los médicos. Aunque entre las autoridades hay inquietud por este tema, todavía falta la aplicación de medidas concretas para combatir estas distorsiones, fruto de la consabida "viveza criolla".

El caso de las enfermedades truchas es conocido y ha sido largamente denunciado desde que seis años atrás se cambió el régimen, y en vez de los médicos del BPS son médicos privados los que certifican la existencia de la enfermedad. Desde entonces se registra un crecimiento espectacular del rubro que el Banco estima en un desembolso de más de 200 millones de dólares por año. A pesar del refuerzo de los controles de la institución y de algunas denuncias ante la justicia penal contra médicos acusados de expedir los certificados truchos, (¡qué manera de haber cosas truchas en este país!) el problema persiste como lo demuestran las continuas protestas procedentes sobre todo del sector privado, el gran damnificado por estas prácticas maliciosas.

A esta situación crítica se agrega ahora el incremento del pago de las pensiones por invalidez, de 200 millones de dólares anuales en 2010, a 362 millones de dólares en 2015, producto de una mayor flexibilización por normas aprobadas en los últimos años. Aunque en esta situación no intervienen médicos privados, llama la atención el incremento de casos en donde el propio BPS, a través de una junta médica, decreta la incapacidad de las personas y habilita el pago de la jubilación correspondiente.

Los expertos en seguridad social se asombran ante este panorama que se presenta en Uruguay, un país que en los últimos años no ha soportado plagas ni grandes catástrofes naturales como la estadística de trabajadores enfermos o inválidos parecería indicar.

A tal punto han llegado las cosas que el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, criticó tiempo atrás el ausentismo laboral y señaló que su incremento, a causa de enfermedades alegadas y no debidamente probadas en días cercanos a los fines de semana, le resultaba francamente sospechoso.

Desde el propio Ministerio de Trabajo se ha denunciado como un serio problema la propensión a faltar al trabajo detectada en grandes sectores de la actividad productiva del país lo que explica la expansión de las primas por presentismo cada vez más comunes tanto en la actividad pública como en la privada.

El director de Trabajo, Juan Castillo, habló incluso de la necesidad de impulsar un esfuerzo colectivo para recrear "la cultura de trabajo", uno de los valores que según él se habría perdido en Uruguay en los últimos años.

En este punto muchos recuerdan cuando en la campaña electoral que lo llevó a la presidencia de la República José Mujica se declaró admirador de los "kung san", una tribu africana que trabaja apenas dos horas por día.

Una vez impuesto en el cargo, durante un viaje al exterior, Mujica explicó entre sonrisas a periodistas extranjeros que Uruguay era un país de "atorrantes", lo que levantó protestas de sus compatriotas, incluidos algunos de sus correligionarios frentistas. Nada de esto podía servir para fomentar la "cultura de trabajo".

El problema hace carne entre las actuales autoridades que se muestran preocupadas por los perjuicios causados por el ausentismo en casi todos los espacios laborales del país con trabajadores que aducen dolencias de raros síntomas, curiosa periodicidad y difícil diagnóstico. En el BPS, para combatir el engaño en torno a las licencias por enfermedad se contrataron más médicos para realizar inspecciones y reforzar controles.

En el caso de las jubilaciones por invalidez la mirada está puesta sobre las juntas médicas que determinan cuándo una persona carece de la aptitud necesaria para realizar las tareas requeridas y merece jubilarse de manera anticipada.

Se trata de medidas indispensables para luchar contra quienes intenten perpetrar prácticas indebidas que hacen estragos en las finanzas del BPS, una institución que requiere asistencia del erario público para afrontar sus obligaciones. La complicada situación económica del país impone terminar con estos abusos.

EDITORIAL