Con apoyo de todos los grupos políticos, el Senado creó una comisión especial con fines legislativos para ocuparse del tráfico y la trata de personas. Es una buena iniciativa para actualizar la legislación vigente de manera de combatir con mayor eficiencia a quienes participan de una u otra forma en la explotación de seres humanos en condiciones reñidas con las normas más elementales.

En torno a esta inquietud trabajan varios ministerios que, en caso de aprobarse la ley, podrán hacerlo de manera más orgánica y coordinada.

El proyecto de ley que se prepara sería de gran amplitud puesto que incluiría el tráfico de personas, la trata e incluso la venta de órganos humanos. Las normas vigentes ya penalizan el tráfico, vale decir el tránsito ilegítimo de personas por territorio uruguayo condenando a quienes intervienen en el proceso de ingreso o egreso del país de seres humanos de forma ilegal. También se tipifica como delito la acción de quien participa en el "reclutamiento, transporte, transferencia, acogida o recibo de personas para el trabajo, servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares, la servidumbre y la explotación sexual".

Entre los objetivos de la comisión está el de ampliar el elenco de figuras delictivas así como agravar las sanciones correspondientes. Igualmente se procura establecer mecanismos de atención a las víctimas y de prevención de estos crímenes aberrantes. Otro aspecto que ocupará a la comisión será el de adoptar medidas que erradiquen lo que se considera la actual mirada conformista de un sector de la ciudadanía respecto a esta clase de delitos, en particular el relativo a la llamada trata de blancas. Se entiende que un cambio de actitud en la materia así como la cooperación de los particulares y una mayor coordinación a nivel internacional serán fundamentales para erradicar de Uruguay estas prácticas criminales.

En los trabajos de la comisión cooperarán técnicos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) institución con la cual nuestro país suscribió hace un par de años un acuerdo para trabajar en conjunto sobre estos temas. La inquietud de este organismo se basa en que las Naciones Unidas determinaron tiempo atrás que Uruguay "no cumple los mínimos estándares" para prevenir y reprimir esta clase de delitos. Antes que eso la ONU había señalado que nuestro país "es origen, tránsito y destino de la trata de personas", razón por la cual debía mejorar las normas vigentes.

Los ministerios de Desarrollo Social y Relaciones Exteriores han venido trabajando en estos asuntos con esporádicos contactos entre ellos y el ministerio del Interior. La idea es que en el futuro esos tres ministerios conjuguen fuerzas para trabajar en pos de los mismos objetivos y con un marco legal común. Al respecto se habla de la creación de una nueva entidad pública con delegados de cada una de esas instituciones, lo que parece un exceso habida cuenta del enjambre de organismos que pueblan el Estado uruguayo y a la luz de la anunciada decisión del gobierno de reducir los gastos públicos.

Cabría preguntar si no resultará más adecuado a las actuales circunstancias utilizar algunos de los organismos existentes, por ejemplo los que se ocupan de la protección y promoción de los derechos humanos (que son varios) para organizar esas tareas y ocuparse de coordinar esfuerzos entre todas las partes interesadas en combatir estos delitos. Fundar un nuevo organismo con su correspondiente sede, instalaciones, funcionarios públicos, etc., resulta gravoso y no es la única forma de atender el problema, sobre todo en tiempos económicos difíciles como los que se afronta nuestro país.

Otra posibilidad sería concentrar las acciones en torno al ministerio del Interior que tiene larga experiencia en la represión del tráfico y la trata de personas. Así lo avala la serie de procedimientos exitosos realizados en los últimos años para desbaratar redes de tráfico de ciudadanos chinos cuyo destino final era Argentina o las organizaciones de trata de blancas que traían a nuestro país a ciudadanas dominicanas para someterlas a explotación sexual en localidades del Interior. Además, ese ministerio cuenta con unos 600 policías capacitados en trata de personas y delitos sexuales, lo que podrá capitalizarse en el combate contra las bandas criminales.

En suma, bienvenidos sean los trabajos de esta comisión del Senado que buscará reparar las carencias de nuestra legislación en la prevención y represión del tráfico y la trata de personas, crímenes intolerables, reñidos con la dignidad humana.

EDITORIAL