EDITORIAL

Astori debe una explicación

El asunto comenzó de la manera menos pensada. Una secretaria parlamentaria que inicia sus trámites jubilatorios. Allí surge que por 20 años no se habían realizado los aportes correspondientes, que sí le habían sido retenidos del salario.

A partir de allí se desata un escándalo que golpea en la línea de flotación del sector del ministro de Economía, pero que puede ser la punta de un iceberg que golpee a todo el sistema político.

Al conocerse la gestión del BPS por el reclamo de la secretaria del diputado Jorge Orrico, la decisión de su sector fue fulminante; le retiró la confianza e hizo que la ministra Muñoz lo echara de su cargo como presidente del Sodre. Además, los comentarios bajo cuerda de sus compañeros de sector lo crucificaban como el único responsable del asunto, y hasta un diario afín al oficialismo publicó una condenatoria pieza donde se recordaba, de forma muy inocente, sus antecedentes en el Partido Colorado.

Todo esto obligó a Orrico y a su secretaria a salir a la prensa, y lo que informaron en una nota publicada por El País fue contundente. Las partidas de secretaría que abona el Parlamento a los legisladores son cedidas por estos a su grupo (Asamblea Uruguay), y es allí donde se le pagan los salarios. De hecho, los recibos que dice tener la reclamante están firmados por el sector, no por Orrico, y ella asegura que las gestiones las llevaba adelante con quien maneja los fondos del grupo, que es nada menos que la esposa del ministro de Economía, Danilo Astori.

Pues bien, la reacción de Astori ha sido un silencio sorprendente ante el tenor de la acusación. Y el encargado del trabajo sucio de salir a "matar" a Orrico y salvar la imagen del sector ha sido (como siempre) el diputado Asti. Según este, las declaraciones de Orrico son "poco creíbles" y "casi teatrales", ya que el pago del sueldo de cada secretario corresponde al propio legislador.

Asti, quien saltó a la fama cuando negoció desde la Intendencia de Montevideo aquel recordado convenio con Adeom, por el cual les reconocía beneficios insólitos a días del estallido de la crisis del 2002 y que es en buena parte responsable del drama presupuestal de la IMM, se contradice a sí mismo. En una entrevista radial en el año 2007, y para defender que las partidas de secretaría no debían estar alcanzadas por el IRPF inventado por su propio sector, afirmaba todo lo contrario. "Nuestros secretarios figuran en una planilla del sector, se les abonan los sueldos y se hacen los aportes correspondientes al Banco de Previsión Social", decía entonces el legislador. Y explicaba: "Las tres personas que trabajan en mi secretaría figuran junto con otras muchas más que pertenecen a la secretaría de otros legisladores en una planilla de trabajo de Asamblea Uruguay". ¿Entonces? ¿Cambió la mecánica o Asti miente? Porque lo que decía en 2007 para que no le cobraran el IRPF que pagamos todos, es exactamente lo contrario que dice ahora para matar a Orrico.

Y esto último debería motivar un análisis más exhaustivo. Porque el sector del ministro Astori es el que más vocal y estricto ha sido con el tema de los impuestos y aportes de la ciudadanía. Es el sector que ha manejado la economía del país en los últimos tres períodos, ha manejado la DGI, la Aduana, los casinos, y toda área en donde se extraiga dinero a la gente. Y siempre con un discurso moralizante, donde quien tiene cualquier matiz con la forma en que el Estado uruguayo esquilma a sus ciudadanos a cambio de servicios del cuarto mundo, es casi un traidor a la patria.

Resulta que ahora ese mismo sector no habría cumplido con las obligaciones mínimas para con su propia gente, y ante semejante escándalo, el único que sale a dar la cara es un diputado de escaso relieve y antecedentes como los mencionados. Que el ministro no salga a explicar el tema y que se diga que "no es un tema para discutir en los medios", es tomarle el pelo a la gente.

Lo otro que resulta llamativo es que ante semejante escándalo, sea tan poca la repercusión política de este caso. Algo que alienta la sospecha de que esta práctica excede a Asamblea Uruguay y alcanza a otros sectores y partidos.

Ante esta situación es imperioso que el BPS y la DGI tomen cartas en el asunto y hagan una investigación a fondo de lo que pasa en el Parlamento con estos temas. Si los organismos recaudadores son tan estrictos e implacables con el contribuyente de a pie, a quien clausuran y multan a la primera de cambio, nuestros representantes deben ser quienes más estrictos sean en el tema. No puede haber un centímetro de complacencia. La imagen y la reputación de todo el sistema político, algo central en una democracia, están en juego.

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