Editorial

Así se (mal) gobierna Montevideo

Suele decirse que la justicia tarda pero llega. Ojalá el caso del Cilindro Municipal confirme ese dicho porque su derrumbe acaecido en octubre de 2010 sigue siendo un misterio no aclarado.

El reciente anuncio de que el expediente judicial se desarchivará permite albergar la esperanza de que algún día se conocerá la secuela de omisiones y negligencias que terminaron con una obra de ingeniería avanzada como hubo pocas en Montevideo.

Cuando el Cilindro se incendió y su techo se vino abajo salieron a luz las denuncias previas que un edil, Daniel Grafigna, había elevado a la intendencia advirtiendo sobre el peligro de siniestro que se cernía sobre lo que entonces era un popular centro de espectáculos deportivos y artísticos. Las acusaciones del edil se centraron sobre quien era el intendente de Montevideo, Ricardo Ehrlich, quien no solo las rechazó sino que condenó al denunciante por causar alarma pública.

Este cruce entre el edil y el intendente ocurrió meses antes del siniestro que abatió al Cilindro. Después se supo que la red de luces del estadio quedó encendida durante largas horas lo que provocó el cortocircuito y el incendio que afectó el techo. Cuando comenzó el fuego no había sereno ni funcionario encargado de controlar el edificio. Tampoco se habían tomado las medidas reclamadas por Grafigna para prevenir el incendio tales como alejar materiales inflamables de los cables eléctricos y dotar de seguridad a la red lumínica. En sus denuncias el edil señalaba sus temores de que pudiera sobrevenir una catástrofe durante un espectáculo público con el consiguiente riesgo para miles de espectadores.

Estas advertencias documentadas por escrito y después contenidas en una demanda ante la justicia penal fueron ignoradas primero por Ehrlich y posteriormente por su sucesora, Ana Olivera, quien gobernaba la intendencia en momentos del accidente. Se dijo que se haría una investigación para determinar responsabilidades pero nunca se señalaron culpables ni la comuna admitió culpabilidad en el asunto.

Imposibilitada de resolver el tema por su cuenta, la intendencia capitalina, siempre corta de fondos a pesar de su multimillonaria recaudación, pidió ayuda. Carolina Cosse, desde la presidencia de Antel, acudió prestamente a tirarle un salvavidas anunciando una obra monumental —el Antel Arena— para llenar el vacío dejado por la extinción del Cilindro. Aquello fue una espectacular operación de marketing que incluyó la implosión de los restos del edificio efectuada ante millares de personas y televisada como parte de un gran show que en verdad lo que procuraba era camuflar la pérdida del emblemático Cilindro. Lo que tenía las trazas de ser una tragedia se presentó ante la opinión pública como un alarde de competencia técnica y como piedra de toque de una fantástica obra futurista.

Allí nació esa polémica idea del estadio multimodal, centro de conferencias y fabuloso auditorio para múltiples actividades a ser construido por Antel en flagrante violación de sus estatutos que, como es público y notorio, le prohiben realizar tareas diversas de las encomendadas a una empresa pública de telefonía. Así lo señaló el Tribunal de Cuentas y cuantos juristas fueron consultados, todo lo cual lejos de mellar los ímpetus de Cosse la animaron a convertir el proyecto en un símbolo de su gestión modernizadora. Cabe recordar que corrían tiempos en que regían las peregrinas teorías de José Mujica según las cuales lo político mandaba sobre lo jurídico lo que le hizo el campo orégano a los faraónicos planes de la entonces presidenta de Antel.

Con el problema así resuelto, la intendencia de Montevideo dio vuelta la página y la historia del incendio del Cilindro Municipal quedó opacada por los fulgores prometidos por el futuro Antel Arena. Poco a poco se olvidaron las denuncias del edil Grafigna, incluso las registradas en sede penal en un expediente que parecía adormecido pero que ahora recobró vida. La administración de Ana Olivera, que había prometido llenar el hueco dejado por la caída del Cilindro durante los cinco años de su mandato, llega al final de su gestión sin haber hecho otra cosa que delegar en un ente autónomo la solución del problema y lavándose las manos —en esa actitud de "yo no fui", típica de la administración del Frente Amplio— con relación al incendio de 2010.

En suma, esta triste historia que aun demanda por justicia, representa fielmente el estilo de (mal) gobierno que la izquierda le impuso a esta ciudad en el último cuarto de siglo. Cuesta creer que merezcan gobernarla otros cinco años.

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