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Los 20 años de las Afap

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En 2016 el sistema previsional mixto vigente en Uruguay a partir de la creación de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (Afap) cumplirá sus 20 años de existencia, lo que constituye una buena oportunidad para hacer un balance de su actuación.

Con casi 1.300.000 afiliados en ese lapso las Afap consiguieron una interesante rentabilidad neta de alrededor del 7% acumulativo anual calculado en Unidades Reajustables.

Esas cifras pautan por si solas la dimensión de los avances alcanzados por estas instituciones tan resistidas en su momento por el Pit-Cnt y por ciertos sectores del Frente Amplio.

Por supuesto, no son todas flores en el camino pues la ley que instituyó las Afap, la 16.713, generó algunas situaciones injustas con personas que hoy se encuentran en la franja etaria de los 50 a 59 años. Ese grupo es precisamente el que últimamente ha llevado sus protestas al Parlamento en busca de soluciones, entre ellas una reparación patrimonial que les compense las pérdidas que sufrirían en el monto de sus futuras jubilaciones.

Aparte de estos casos queda claro que, contra la opinión de los agoreros que vaticinaban el fracaso del sistema, el ahorro individual funciona bien en nuestro país junto al mecanismo tradicional del Banco de Previsión Social (Bps) que, como es sabido, está basado en un sistema de reparto y fundado en la idea de la solidaridad intergeneracional. Su carácter mixto habilita a optar por la fórmula del Bps o a decantarse por una solución más personalizada en donde el monto ahorrado en la vida activa llega a las manos del jubilado enriquecido con un margen de ganancia.

En estas dos décadas las administradoras demostraron seriedad y ganaron credibilidad entre la gente que en general considera que gestionan y custodian bien su dinero. Así se fueron desmintiendo las voces de alarma de voceros interesados, entre ellos la central sindical y el partido Comunista que denunciaban lo que calificaron como el comienzo de un "proceso privatizador" guiado exclusivamente por el "afán de lucro" y, por tanto, perjudicial para los pasivos.

Las cifras prueban que no fue así y que, por el contrario, la solución establecida goza de buena salud al punto que quien fuera uno de sus principales críticos, el expresidente del Bps y hoy ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, destacó los aspectos positivos de las Afap. En efecto, en un seminario internacional realizado en Montevideo en setiembre último, el ministro destacó el incremento en la cobertura dado que en la última década el sistema logró captar unos 500.000 afiliados. También elogió la mejora en el rendimiento de los fondos depositados. Y, por si fuera poco, concluyó diciendo que "más allá de las críticas que le hagamos" Uruguay tiene dentro de Latinoamérica "el mejor o uno de los mejores sistemas".

Estas palabras deberían llenar de satisfacción a quienes en los años 90 promovieron la implantación de las Afap en medio de polémicas con quienes defendían la exclusividad del viejo régimen monopolizado por el Bps y que llegaron a incluir en el programa del Frente Amplio para el período 2010-2015 algunas medidas graduales para eliminarlas. Huelga decir que bajo el gobierno de José Mujica no se aplicaron pese a que su grupo político, el Mpp, fue de los más drásticos en su oposición a las Afap, lo cual confirma la relatividad de los programas de gobierno que en tiempos electorales se enarbolan aun a conciencia de que no podrán concretarse.

Una de las pruebas que atravesó el sistema se presentó hace un par de años cuando se ofreció a los interesados en desafiliarse de las Afap una "ventana legal" para que lo hicieran y traspasaran sus fondos al Bps.

En ese momento no se registró el abandono masivo que algunos previeron sino que, por el contrario, se acrecentó la afiliación a las cuatro administradoras existentes.

Asimismo, corresponde cuidar el caudal de recursos acumulado por las administradoras ante las sugerencias de usarlos para invertirlos en obras públicas. Desvíos de este tipo fueron los que en el pasado descalabraron las finanzas del Bps cuyos fondos, propiedad de los jubilados que los aportaron y no del Estado, fueron utilizados por los gobiernos en función de las urgencias de turno. Caer en esa tentación no solo sería confiscar los ahorros ajenos sino cercenar una fuente de financiamiento estatal ya que las Afap tienen la mayoría de sus fondos invertidos en títulos de deuda pública y letras del Banco Central. La experiencia de estos 20 años indica que las administradoras y sus fondos merecen ser preservados.

EDITORIAL

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