El año que empieza parece ser el elegido por el Frente Amplio para impulsar la reforma constitucional tan promovida desde las filas de la izquierda en los últimos años.

Como si el país no tuviera más problemas que la necesidad de enzarzarse en discusiones filosóficas y jurídicas, o como si esos debates fueran a resolver los grandes problemas del país, los reformistas insisten con sus intentos de cambiar la Constitución a toda costa.

En esa fiebre que los anima son múltiples y variados los temas a introducir o modificar en la Carta. Agrupados en diez puntos los cambios propuestos por la coalición de gobierno empezarían por "constitucionalizar" los llamados "nuevos derechos", entre ellos el fuero sindical, la negociación colectiva, la implementación del Fondo Nacional de Salud, el matrimonio igualitario y los tratados internacionales de protección a los derechos humanos. A ello se agregaría la habilitación del voto a los uruguayos residentes en el exterior, el "fortalecimiento" del Poder Legislativo, las alteraciones en la acción de la Suprema Corte de Justicia, la creación del Tribunal Constitucional, el otorgamiento de rango constitucional a los municipios, la incorporación de la integración regional como un objetivo permanente del país y los cambios en la actual concepción del derecho de propiedad. A ello se agrega la intención de reformar las normas electorales con algunas medidas, entre otras, la eliminación del balotaje.

Aunque hay otras reformas propuestas bastan las mencionadas para demostrar que lo que busca el Frente Amplio es darle un sacudón a nuestro orden jurídico, con los consiguientes riesgos que ello supone. Ante esta embestida, desde la oposición se señala con razón que embarcar al país en un proceso reformista en estos momentos es algo tan inconveniente como inoportuno. Mientras algunos ven en los cambios propuestos una tentativa de minar las bases de nuestro sistema democrático republicano, otros señalan que nuestro país tiene otras prioridades más urgentes que la reforma constitucional cuyo trámite en si mismo es capaz de generar numerosas complicaciones.

Una de esas complicaciones reside en la vía elegida para reformar la Constitución. La tendencia mayoritaria se inclina por convocar a una Asamblea Nacional Constituyente lo que equivaldría a llamar a elecciones en el correr de 2016 para seleccionar a los 260 constituyentes, dado que se exige que su número duplique al de los legisladores. Es fácil imaginar la conmoción —y la distracción respecto a los asuntos más acuciantes— que puede producir en el país el desarrollo de ese proceso electoral junto con la integración y las deliberaciones de la Constituyente.

Ante las dudas planteadas desde la oposición sobre la inconveniencia de desencadenar la peripecia reformista voceros del Frente Amplio trataron de calmar las aguas advirtiendo, quizás con un dejo de ironía, que la nueva Constitución que imaginan "no será soviética ni bolivariana sino progresista". Una aclaración que en vez de despejar la incertidumbre no hace más que acentuarla pues si hay algo ambiguo ese es el concepto de "progresismo" máxime cuando se lo aplica a la Constitución de la República.

Quienes denuncian los peligros que encierra esta iniciativa de la izquierda recuerdan que procesos de reforma de este tipo se llevaron adelante, con resultados dispares, en países como Venezuela, Bolivia y Ecuador. Es decir países cuyos gobiernos pregonan la necesidad de construir el "socialismo del siglo XXI", una excursión a la utopía que allí en donde se concretó, produjo en la mayoría de los casos un robustecimiento del Poder Ejecutivo en detrimento de los otros poderes del Estado, la consagración de la tendencia de los gobernantes a perpetuarse en el poder y una reducción de los márgenes de libertad.

Con esos antecedentes no parece recomendable someter al Uruguay a los azares de un intento reformista que puede resultar una caja de sorpresas. Porque primero habrá que llamar a elección de convencionales lo que supone abrir una auténtica campaña electoral, otra más en un país que viene de cerrar un largo proceso para seleccionar a sus autoridades. Pero lo realmente riesgoso es que una vez reunida la Constituyente es difícil prever su orientación final y cuáles serán las reformas que se impondrán en esa asamblea multitudinaria. Con el horizonte cargado de acechanzas económicas, en medio de la crisis de la educación y con la inseguridad pública que padecemos ¿necesita el país adentrarse ahora en el laberinto de una reforma constitucional?

Editorial