Mientras se busca amortiguar el desastre Sendic en Ancap, el sindicato se mira el ombligo y reclama por sus privilegios. Más aumentos para los trabajos en la refinería, protestas porque se termina el servicio médico exclusivo y la defensa del cemento más caro del mundo.

Da la impresión que el sindicato de Ancap decidió seguir la línea trazada por Sendic y compañía de considerar que el Ente es una republiqueta sanguijuela, autónoma del resto del país en la toma de decisiones, aunque no en materia de financiación. Que se pueden adoptar medidas a su antojo y para mejor gloria de Ancap y sus funcionarios, pero los recursos seguirán siendo aportados por los ciudadanos de este Uruguay. Que no importa para nada que se trate de un país que tiene su economía en rojo y ni siquiera crece en el número de su población. Y menos, que una fuente de trabajo se transforme simplemente en un feudo de privilegios y derroche.

La actuación de Sendic y compañía con su agujero de US$ 800 millones está en manos de la justicia, mientras que el gobierno y las nuevas autoridades del Ente se abocan a parar la sangría con los "desfasajes" o las "consolidaciones fiscales" del ministro Astori que cuestan bien caros a la gente. La ofensiva lanzada por la Federación Ancap va también por ese camino y su principal objetivo es mantener o mejorar sus ventajas y prebendas, como si aquellos funestos Directorios hubieran quedado congelados en el tiempo. El jueves el sindicato (donde los "moderados" son el MPP y el Partido Comunista y están en minoría) decidió abrir un compás de espera de 30 días en sus medidas de protesta contra la decisión del gobierno de eliminar el servicio médico de la empresa, en reclamo de mayores remuneraciones para los trabajadores que hacen el mantenimiento y en rechazo de la reestructura del negocio del pórtland.

En los últimos años Ancap incrementó su plantilla de funcionarios prácticamente en un 50%. De 1.940 en 2007 se pasó a unos 2.800. Su salario real creció en el orden del 56%. Mientras que en el resto de las empresas públicas fue del 35%. Eso sí, lleva más de una década sin aportar un peso a Rentas Generales: se gasta todo, mal y encima no le alcanza.

Pero además de esta situación, los funcionarios y algunos jubilados disfrutan de un servicio médico gratuito por fuera del Fonasa que cuesta a la empresa poco más de US$ 4 millones. El cierre del servicio se ha venido planteando al menos desde diciembre del 2013, cuando se acordó entre los ministerios de Salud Pública, Economía e Industria —con la firma del presidente Mujica— generar un régimen transitorio para este y otros servicios hasta el 30 de junio del 2016 y un decreto del presidente Vázquez lo prorrogó hasta este año. A partir de esa fecha deberán incorporarse a los servicios normales de salud que tiene la población. La Federación Ancap se resiste.

Por otro lado la planta de La Teja se encuentra desde mediados de febrero en trabajos de mantenimiento y el retorno a la actividad de refinería se ha fijado para el 1° de junio, a un costo estimado de US$ 56 millones. Hasta el momento las tareas solo han avanzado el 4%, por lo que se prevé que quedará parada bastante más.

Del punto de vista de las finanzas, este "parate" no es tan malo: hay que importar el combustible y los precios son de $ 11 en el gasoil y $ 3 en las naftas inferiores a los que salen de la refinería. Los funcionarios de mantenimiento piden mayores remuneraciones y la Federación Ancap apoya su reclamo.

En el negocio del cemento-pórtland Ancap pierde anualmente 25 millones de dólares. Tiene dos plantas grandes (Paysandú y Minas) que trabajan indefectiblemente, por un tema de costos, a pérdida, lo que asegura los números en rojo. No hay vuelta: la cantidad de gente trabajando y sus remuneraciones garantizan ese resultado. Duplican en personal a la competencia y, por ejemplo solo en la planta de Minas trabajan 17 personas para cuidar los "espacios verdes" o cortar el pasto. La tonelada de cemento (los números son aproximados) tiene una cotización internacional de alrededor de US$ 110. Ancap vende a US$ 160, y sus costos de producción andan por los US$ 200. Es decir, no solo vende más caro que el mercado internacional, sino que —lo más grave— sus costos prácticamente lo duplican y para competir o justificar la inversión (licitada en US$ 118 millones pero en realidad se pagaron US$ 251 millones) debe vender a pérdida. Pero allí "cortan el bacalao" la Federación Ancap y el Sunca y no quieren que se les moleste.

Este Uruguay de 176.000 kilómetros cuadrados de superficie y poco más de 3.000.000 de habitantes tiene no solo los combustibles más caros del mundo, también tiene el cemento más caro del mundo con el mismo sello: Ancap. Y después nos alarmamos y protestamos por los faraónicos precios de la construcción y la vivienda social entre otras cosas.

EDITORIAL