Editorial

Ancap: ¿dónde está el contrato?

Del cúmulo de interrogantes sobre la gestión de Ancap que se vienen difundiendo, hay una que llama la atención que no se haya profundizado mucho más: la existencia a estas alturas, de dudas sobre el fideicomiso que administraría el Bandes —fiduciario registrado en el Banco Central— para garantizar el cobro de las exportaciones nacionales.

Fue la existencia de este fideicomiso la que aseguró los votos para el propósito oficial de aquel momento, que incluía un pago del petróleo con quitas, y fue el propio presidente en julio del año pasado quien señalara textualmente: "Uruguay está seguro de que tiene disponibilidad para enviar estos alimentos", explicando que los 300 millones de dólares quedarán depositados a través de un fideicomiso de Venezuela en la sucursal uruguaya del banco Bandes, "como garantía de cobro inmediato ante la venta de cada producto".

La propuesta era clara y muy atinada cuando se trata de comercio con un estado insolvente y en default como Venezuela, con otro con "investment grade" como es el Uruguay.

La idea era, según se señaló, que los pagos de Ancap por petróleo se depositaran en un fideicomiso constituido en el Bandes —es decir, en un patrimonio independiente de Uruguay y Venezuela— que iría remitiendo los fondos a la entidad petrolera venezolana, a medida que fuera constatando el pago de los importadores venezolanos a nuestros exportadores.

La razón de ser de esta operación era atar el cobro de Venezuela al pago a nuestros exportadores. Hasta allí todo bien. La singular noticia que se difundió es que los venezolanos le pidieron a Ancap que depositara la plata del petróleo en... China. Lo que ocurrió dejando de lado el procedimiento del fideicomiso de garantía y desairando a los exportadores. Pero sobre todo a los legisladores, a la gente, y al propio presidente de la República y a su ministro de Ganadería, que salieron en la foto que se publicó el 6 de julio, cuando anunciaban la excelente operación que iban a implementar. Lo que nadie ha aclarado por el momento, es cómo fue posible que Ancap hiciera lo que hizo, que es precisamente lo que la existencia del fideicomiso pretendía evitar.

La pregunta que surge es qué establecía el texto del contrato de fideicomiso; cuándo se firmó; quién y con qué mandato. Alguna pesquisa realizada con el directorio arrojó hasta ahora resultados negativos, de manera que no podemos saber si el contrato se firmó siquiera. Cabe aclarar que no existe posibilidad alguna de utilizar un fideicomiso como el que se mencionó, sin la firma de un contrato que establezca con claridad su objeto, el procedimiento de la garantía y su ejecución, la intervención del Banco Central si cabe, etc.

En definitiva y salvo que ahora aparezca, cabe pensar que el contrato de fideicomiso no se firmó o si se lo hizo se incumplió el mandato del fideicomitente que debió existir. Sorprende bastante que los legisladores en su momento no lo pidieran, que el gobierno no lo mostrara, o que los ministros del ramo no lo conocieran. En definitiva, o ha habido incompetencia de muchos, o hay otra perla más en el collar de averiguaciones que deben esclarecerse. No hay aquí agravio alguno a la honorabilidad de nadie sino solo la necesidad de conocer los procedimientos y sus fundamentos contractuales, en tanto se trata de un tema no solo delicado en lo institucional, sino sensible para muchos sectores que se encuentran en serias dificultades. Si hubo errores, si no se firmó contrato alguno, o si se lo firmó y no se cumplió —no lo sabemos— hay gente que ha padecido los efectos. Uno de ellos es el presidente, pero también sus ministros —los de la foto— que parecen haber sido desairados. Pero aun más importante es la suerte de nuestros exportadores que, dicho sea al pasar, volvieron a tropezar con la misma piedra de otras veces, ya que no es la primera vez que hay problemas con el país caribeño.

La otra pena es la contribución al descrédito de una herramienta que es muy útil para conferir crédito a quienes teniendo un mal balance, o aun una reputación cuestionable, puedan disponer en cambio, de flujos seguros como para afianzar préstamos, tal como ocurre por ejemplo, con algunas intendencias departamentales.

Una buena contribución a la transparencia en general sería que los directores de Ancap exhibieran el contrato cuya reserva, si alguna vez levantó suspicacias, ahora es no solo innecesaria sino inconveniente. Y si ese contrato nunca se firmó, si nunca hubo tal fideicomiso, también valdrá la pena saberlo.

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