EDITORIAL

Amenaza a los fiscales

Un apresurado comentario de la futura titular del ministerio de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, generó un debate anticipado sobre una de las medidas que se propone adoptar el gobierno de Tabaré Vázquez.

En efecto, entrevistada por una emisora radial, Muñoz anticipó que propiciaría el traspaso de las fiscalías desde dicho ministerio a la Presidencia de la República. Agregó que lo haría por decreto y que ese servicio pasaría a integrar lo que denominó "una secretaría nacional".

Esas declaraciones motivaron reacciones negativas de la oposición, de reputados juristas, de los propios fiscales y hasta del entorno del futuro presidente desde donde se aclaró que si se concretaba ese traspaso se haría a través de una ley y no por decreto como anunció la futura ministra. Como era de prever las principales críticas apuntaron a señalar la iniciativa como una amenaza para la independencia técnica de los fiscales, funcionarios no dependientes del Poder Judicial pero que intervienen preceptivamente en los procedimientos judiciales en representación del conjunto de la sociedad.

Los temores ante un peligro potencial de intervención se acentúan porque dentro de dos años entrará en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal aprobado por el Parlamento tras un largo y azaroso trámite. Una de las reformas que ese código introduce es la que otorga a los fiscales la tarea de llevar adelante las investigaciones así como formular la acusación. Los jueces, que hasta ahora comparten esa tarea, se limitarán desde entonces a dictar la correspondiente sentencia después de oír la argumentación del fiscal y de la defensa. Todo lo cual realza la necesidad de contar con fiscales que gocen de absoluta autonomía en sus acciones sin injerencias de especie alguna.

Lo llamativo de esta propuesta de Muñoz es que va a contrapelo de las tendencias expuestas en la materia por el gobierno de José Mujica que envió al Parlamento un proyecto de ley inspirado en la necesidad de alejar lo más posible a los fiscales de la influencia del poder político. Ese proyecto, que extraía a las fiscalías del ministerio de Educación para insertarlas en un servicio descentralizado, generó variadas objeciones que complicaron su aprobación.

Uno de los puntos en debate fue la figura del Fiscal de Corte, cabeza de una vasta red de funcionarios diseminados por todo el país sobre quienes ejerce su autoridad como jerarca administrativo aunque sin potestad de influir en las resoluciones que los fiscales adoptan en cada caso. El proyecto le daba al Fiscal de Corte ciertas atribuciones para dictar a los fiscales "criterios generales de actuación", una prerrogativa capaz de mellar su autonomía técnica por más que se especificaba que tales criterios debían comunicarse a la Asamblea General. También se objetaba el poder excesivo que se le daba al titular del servicio para el manejo de los recursos humanos, es decir para nombrar, trasladar, sancionar y hasta destituir a los fiscales.

Más allá de tales observaciones interesa subrayar que la orientación de ese proyecto impulsado por José Mujica era la opuesta a la esbozada por Muñoz puesto que se pretendía extraer a las fiscalías de la órbita del Poder Ejecutivo dotándolas de un grado superior de autonomía. Ese precedente no pareció pesar en el equipo del presidente entrante pese a que se trata de integrantes de una misma fuerza política que se supone comparten los mismos principios e idéntico programa de gobierno.

Por otra parte, la creación de esa "secretaría nacional" dependiente del Presidente de la República mencionada por Muñoz, causó perplejidad por el exotismo de una figura institucional inexistente en nuestro ordenamiento jurídico. A ello se sumó la inquietud que siempre despierta la propensión a ensanchar las competencias de la Presidencia, algo que puede terminar por alterar el necesario equilibrio que debe existir entre los tres poderes del Estado en un sistema democrático.

Por si fuera poco, esto ocurre en un contexto de mayor sensibilidad del Poder Judicial que en los últimos años ha sido blanco de ásperas críticas procedentes de la izquierda cuando no de actos concretos de beligerancia en virtud de sus resoluciones. Si bien los fiscales, como se dijo, son independientes de ese poder, su labor es esencial para la marcha de la justicia, una condición que se realzará con la entrada en vigencia del nuevo código que les dará mayor protagonismo en los procedimientos judiciales.

Por todo lo dicho, convendría que allegados y asesores de Vázquez reconsideren el tema con el mayor de los cuidados.

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