EDITORIAL

Alquileres otra vez

Porque estas protecciones al final desincentivan las construcciones y lo que sirve genuinamente, para que no suban los precios, es que haya más oferta. La ley de Vivienda Social iba por buen camino hasta que trabas, topes y otras reglas frenaron todo.

Los malos hábitos se reciclan y vuelven de la manera menos pensada. En la otra orilla, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en forma casi unánime, sancionó una regulación que, además de ser dañina, es inconstitucional. Como suele suceder, tiene un objetivo loable pero luego el resultado no es tan bueno como se creyó. Por el contrario, lo más probable es que las consecuencias no sean las esperadas. Pretende bajar los gastos a los inquilinos transfiriéndoselos a los propietarios cuya renta, por otra parte, ha ido cayendo desde hace varios años.

A partir de la ley, las inmobiliarias —los malos de la película— no podrán cobrar por sus servicios a la mitad de sus clientes potenciales. Demos un ejemplo para que quede claro el alcance, en apariencia brillante, de esta disposición. Antes, una persona podía contratar a una firma del rubro para que le consiguiera una casa o apartamento de ciertas características (metros cuadrados, dormitorios, baños, recepción, cochera, nivel de gastos comunes etc.) en cierto barrio de su interés, si es que no era amante de la moderna costumbre de las búsquedas on-line. Se acordaba entonces que de concretarse el alquiler se le pagaría a la inmobiliaria por los servicios prestados, los cuales dependiendo de las exigencias del inquilino podrían haber requerido muchas visitas y horas de trabajo y desgaste. Pues ahora ya no. No está permitido que la inmobiliaria cobre a quien alquila una propiedad, una comisión por los servicios prestados.

Curiosamente, hay gente a la que le parece una buena medida para abaratar el costo de alquilar y evitar abusos de algunos corredores. El jefe de Gobierno de la Ciudad, que se sepa, no se opuso y los legisladores, que junto con sus asesores deberían tener más perspectiva y criterio, han aprobado este nuevo escollo populista a la libre contratación entre particulares. El organismo que agrupa las inmobiliarias, Cuciba, no fue consultado a pesar de que hace un año que empezó a armarse este proyecto que modifica la ley de Corretaje. Nada bueno va a resultar de esta medida, más allá de que la codicia (habían empezado a cobrar dos mese de alquileres como comisión) haya disparado reacciones. Pero más vale que se ajuste el mercado solo (tendrán más trabajo los que cobren menos) a que interfiera el Estado.

Obviamente, se seguirán brindando opciones o servicios a arrendatarios interesados, pero no será gratis, como pretenden algunos ingenuos y promueven los cínicos. Alguien pagará por ello. Los propietarios, que de alguna forma tendrán que abonar ese costo adicional a las inmobiliarias por haberles conseguido un locatario solvente, terminarán recargando el alquiler. Algunos agentes quizás pasarán a exigir por asesoramiento inmobiliario anticipado y en vez de una comisión, como antes, un pago "en negro". Este tipo de reglamentaciones terminan siempre generando menor transparencia. Esperemos que este hecho no sea el principio de otros proyectos de corte "social" en este delicado rubro.

Por otra parte, el Código Civil y Comercial de la Nación prevé el pago de comisiones a corredores en una operación comercial. Limitar el funcionamiento de los mecanismos de la oferta y la demanda, además de la incomodidad que ya debe estar causando, a la corta o a la larga es posible que haya que derogar la norma porque contradice una ley superior. Desde un punto de vista más amplio, esto sirve para remarcar que la seguridad jurídica es un valor a defender. Este tipo de iniciativas son vistas de forma negativa por los inversores y propietarios, tanto nacionales como extranjeros —estos últimos— a quienes se trata de atraer al país.

Lo de la Ciudad de Buenos Aires la semana pasada, recuerda a los uruguayos el parate de construcciones, de actividad económica, de empleo, que provocó la vieja ley de alquileres, aunque quienes la impulsaron habrán invocado el interés de proteger a los más desvalidos, los inquilinos. Recién tras la reforma de 1974, empezó a moverse nuevamente el sector. Pero siempre hay embates para crear nuevas regulaciones, topes, etc., como figuraban en el proyecto que presentó el diputado comunista Núñez, que felizmente quedó por ahí. Distinto era el enfoque presentado por Lacalle Pou en el 2010 —otro proyecto de ley que tampoco fue tratado— que apuntaba a destrabar la operativa en el tema de las garantías y dar más rapidez a los desalojos para agilizar el asunto. Porque la intervención al final desincentiva las construcciones y lo que sirve genuinamente para que no suban los precios. Que crezca la oferta. La ley de Vivienda Social iba por buen camino hasta que empezaron a ponerle topes y otras reglas que frenaron todo.

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